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TCP

0965/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0965/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0965/2026-S2 Sucre, 26 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 73834-2025-148-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 107/2025 de 7 de mayo, cursante de fs. 163 a 167 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Simón Ramos Usnayo contra German Saúl Pardo Uribe y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2025, cursante a fs. 1 y 38 a 47, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, bono de antigüedad y vacaciones que siguió contra el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro -hoy tercero interesado-, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Oruro, emitió la Sentencia 007/2024 de 19 de febrero, declarando probada en parte la demanda e "improbada" la excepción perentoria de prescripción, estableciendo que el GAM de Oruro pague la suma de Bs192 318,88.- (ciento noventa y dos mil trescientos dieciocho 88/100 bolivianos); sin embargo, en atención al recurso de apelación formulado por el tercero interesado, mediante Auto de Vista 71/2024 de 5 de junio, la Sala Especializada Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, resolvió revocar la indicada Sentencia y declaró improbada la demanda.

Contra dicha disposición presentó recurso de casación, el cual fue declarado infundado por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, a través del :

  1. a)Sin considerar correctamente y conforme al principio de proteccionismo la prueba arrimada en el expediente como son los testigos y las papeletas de pago, que demuestran que es un ex trabajador -peón en avance de obras- del GAM de Oruro, desde el 2 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2022, de manera continua e ininterrumpida encontrándose amparado por la Ley General del Trabajo conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial (RM) 249/07 de 5 de junio de 2007 y la Ley que incorpora a los Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-, para recibir el pago de beneficios sociales, bono de antigüedad y vacación;
  2. b)Sin analizar los agravios del recurso de casación ni responderlos de manera fundamentada aplicando jurisprudencia emitida anteriormente por ese Tribunal mediante los , 389 y 390 de 22 de agosto del mismo año, 60 de 12 de marzo, 382 de 12 de junio, 797 de 18 de septiembre y 948 de 13 de noviembre todos de 2024, que reconocen que los trabajadores de avance de obras se encuentran bajo el amparo de la Ley General del Trabajo conforme a la RM 249/07 y a la Ley 321, disponiendo el pago de beneficios sociales, bono de antigüedad y vacación; y,
  3. c)Sin realizar la interpretación correcta de la RM 249/07 -que precisa que los trabajadores de avance de obras que iniciaron su relación laboral antes de la vigencia de la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999- y el Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, se encuentran protegidos por la Ley General del Trabajo-, ni del art. 1 de la Ley 321 -que incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes de los Gobiernos Autónomos Municipales-.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, interpretación de legalidad, valoración razonable de la prueba, acceso a la justicia, impugnación, tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica y verdad material citando al efecto los arts. 48, 115.II, 117.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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