Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0966/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 29466-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 94/2019 de 14 de junio, cursante de fs. 587 a 591, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Agustín Vargas Ribera por sí y en representación legal de María Argene Simoni Cuellar de Vargas contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Aranda, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 17 de mayo de 2019, cursantes de fs. 511 a 516; y, 519 a 520 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nicolás Piérola Talo, Raúl Sergio José Álvarez Urioste y David Castedo Ramallo por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, mediante Sentencia 03/2016 de 12 mayo, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, se absolvió de pena y culpa a quienes fueron imputados por tal ilícito, determinación que fue impugnada mediante recurso de apelación de 3 de junio de 2016, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 02/2017 de 6 de febrero, que ratificó la Resolución inferior, fallo que oportunamente, el 3 de mayo de 2017 fue motivo de recurso de casación, en razón a que se aplicó erróneamente la norma sustantiva, situación que generó error en el Tribunal de apelación, que fue admitido a través de , emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y resuelto a través de , que declaró infundada la casación, interpuesta por Remy Joel Vásquez Estrada en representación de Agustín Vargas Rivera, ahora accionante, que fue notificado a las partes el 9 de septiembre de 2018.
Dicha Resolución adolece de falta de motivación, fundamentación, congruencia y adecuada valoración de la prueba en mérito a los siguientes elementos:
- a)La Jueza de primera instancia no fundamentó sus conclusiones sobre las pruebas testificales, y en especial del testigo de cargo Wilmer Gómez Navi, que indicó que los acusados ya se encontraban dentro de la propiedad, sin ninguna autorización, ocasionando que el fallo sea incompleto, sin secuencia lógica, al no ser clara, precisa y suficiente, conculcando su derecho a la tutela judicial efectiva, siendo que los Magistrados demandados realizaron una defectuosa valoración de la prueba testifical; toda vez que, no fundamentaron sus conclusiones sobre la base del conjunto de pruebas testificales, principalmente sobre el referido testigo de cargo; y,
- b)Se debió establecer que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, tenía que dictar un nuevo fallo dando cumplimiento al mandato establecido en el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a una adecuada valoración de la prueba y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia, ordenar se deje sin efecto el y conforme a lo manifestado en audiencia el , debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución conforme a derecho, con la imposición de costas procesales y pago de daños y perjuicios.
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