0969/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0969/2019-S4 Sucre, 21 de noviembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 30090-2019-61-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 97/2019 de 17 de julio, cursante de fs. 227 a 233, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Carlos Aroja Chambi contra Beatriz Cortez Vásquez y Juan Carlos Zelaya Rojas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de julio de 2019, cursante de fs. 164 a 169 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis 1 del Código Penal (CP); en primera instancia se le impuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; determinación que fue impugnada por la víctima, a través del recurso de apelación incidental, resuelto por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, mediante Auto de Vista 127/2019 de 9 de julio, que declaró procedente el recurso y dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

La resolución de alzada, carece de razonabilidad objetiva y constituye un verdadero anticipo de condena, por cuanto las autoridades jurisdiccionales demandadas no consideraron que el delito por el que fue imputado tenía una pena que oscilaba entre los dos a cuatro años de privación de libertad, sin que exista la posibilidad de que se le imponga una pena superior a los tres años. Dicho fallo incumplió fundamentar respecto al requisito básico para disponer la revocatoria de medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; es decir, que no se pronunció sobre la probabilidad de autoría y/o participación del imputado en el hecho endilgado; limitándose a librar el respectivo mandamiento, enfocándose únicamente en el riesgo procesal previsto en el art. 234.10 -hoy numeral 8- del Código de Procedimiento Penal (CPP), añadiendo fundamentos que no fueron formulados por las partes, al establecer que la peligrosidad radicaba en quien habría agredido a la víctima después de la imputación formal; omitiendo referirse al art. 233.1 del mismo adjetivo penal, en franca arbitrariedad a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en su elemento fundamentación, vinculado a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).