0969/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0969/2022-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 44136-2021-89 -AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 144/2021 de 21 de julio, cursante de fs. 566 a 573 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Grover Saldias Sandoval en representación legal de Dennis Mitchell Ventura Claure contra Marco Renato Peñaranda Orias, Fiscal Departamental de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 25 de mayo de 2021, cursante de fs. 460 a 471, subsanado por escrito presentado el 17 de junio del citado año cursante de fs. 482 a 484 la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero de La Paz, por cobro de dinero a Ronnie Javier Reque Claure y otros -proceso paralizado y truncado-, solicitó comisión instruida para Derechos Reales (DD.RR.) de Cobija Pando y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a fin de que extiendan copias legalizadas de todo el trámite del derecho de Rolando Leverenz Becerra y Liliana Isabel Salvatierra Rojas; al efecto se tiene Titulo Ejecutorial que describe a dicho documento como "...PT 00011919 (...) Número de TITULO 2816, INDIVIDUAL de fecha 20/11/1990, del Predio: "PRIMAVERA", Ubicado en CANTON: Campo Ana, Provincia Nicolás Suarez Departamento de Pando, Superficie: 31.4673HAS., CLASE DE TITULO: Dotación, RESOLCUION: Auto de Vista de fecha 23 de mayo de 1977 del Beneficiario: LEVERENZ MELENA RENE EDUARDO..." (sic); por otra parte, se tiene Informe UTC 418/2017 de 9 de junio; por el cual, el INRA certifica que cursa Titulo Ejecutorial del predio "Primavera" con los siguientes datos: "...PT 00011919 (...) INDIVIDUAL de fecha 20/11/1990, del Predio: "PRIMAVERA", Ubicado en CANTON: Campo Ana, Provincia Nicolás Suarez Departamento de Pando, Superficie: 31.4673HAS., CLASE DE TITULO - Dotación, RESOLCUION: Auto de Vista de fecha 23 de mayo de 1977 del Beneficiario: MANUEL FERREYRA HURTADO..." (sic). De la valoración de las pruebas señaladas, se infiere la falsedad material en la que incurrieron los terceristas; toda vez que, es la misma propiedad, el mismo número de expediente e información de ubicación, pero no así el nombre del propietario que figura como Manuel Ferreira Hurtado tal como refieren los terceristas en su memorial, al efecto no existiendo dudas de que utilizaron un Titulo Ejecutorial falso o adulterado para registrar en DD.RR. una propiedad que no les corresponde, adjuntado prueba pre constituida interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público contra Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y René Eduardo Leverenz Melena por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado; por lo que, el Fiscal de Materia luego de aceptar la proposición de diligencias y recolectar los elementos de convicción presentó imputación formal ante el Juez de control jurisdiccional de La Paz, quien se inhibió del conocimiento de la causa y remitió el caso ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando.

Una vez radicado el caso en Cobija - Pando, presentaron querella penal contra los prenombrados; empero, el representante del Ministerio Público observando aspectos formales no imprimió ningún trámite procesal de su admisión, lo propio sucedió con la querella del responsable del INRA Pando; pese a estas arbitrariedades, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares; en la cual, debido a que el Ministerio Público no pudo sostener los fundamentos, se concedió libertad irrestricta de los imputados por la no existencia de probable autoría, este hecho debió ser motivo para que se realice un trabajo investigativo que enerve los fundamentos del Juez respecto a la probabilidad de autoría; siendo que, solo faltaba corroborar las pruebas ya existentes en el cuaderno de investigaciones; empero, dicha institución con el desorden que le caracteriza a través de la intervención de uno y otro Fiscal de Materia, sin coordinación alguna se limitaron en emitir requerimientos sin ningún sentido, al efecto emitieron sobreseimiento en favor de los imputados.

En conocimiento del citado sobreseimiento arbitrario e injusto que carece de fundamentación y motivación, planteó impugnación argumentando entre otros aspectos que la Fiscal de Materia hizo referencia a los arts. 5, 7 y 10.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012- pero no mencionó los arts. 5.1, 4 y 7 de dicha ley como principios rectores para emitir el sobreseimiento, vulnerando el principio de objetividad, legalidad y responsabilidad; es decir que, sobre dichos principios señaló en su memorial que el Ministerio Público no cumplió con perseguir la conducta delictiva de los imputados en la ciudad de Cobija con el desorden y falta de organización que impera en esa institución emitieron requerimientos sin sentido y no establecieron inspecciones y pericias para obtener elementos que sirvan de base al proceso; asimismo pese a que presentaron pruebas irrefutables de que los denunciados presentaron documentación falsa para obtener la liberación de los predios que fueron embargados, se dictó el sobreseimiento con fundamentos contradictorios y erróneos de la relación de los hechos sin valorar objetivamente la verdad material; siendo que, en el cuaderno de investigaciones existen dos clases de documentos que se refieren al derecho propietario de un mismo inmueble en este caso de los terceristas y otra de Manuel Ferreira Hurtado; por lo que, una de ellas es verdadera y la otra falsa, y que por lógica no puede haber doble documentación de una propiedad, mucho más si se tiene un informe signado como 004/19 del asesor jurídico del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Porvenir del departamento de Pando que sin ruborizarse confesó que en la oficina de catastro urbano no se exigen documentos originales; por lo que, los imputados para registrar un Titulo falso como derecho propietario presentaron simples fotocopias algo imposible de creer.

Aun así pese a la prueba la Fiscal de Materia con una total falta de objetividad dictó el sobreseimiento amparándose en el fácil argumento de utilizar el principio in dubio pro reo; siendo que, deviene de la falta de actividad investigativa de los Fiscales; lo cual, no puede ser suplida con una resolución que da fin al proceso, el delito cometido ya fue de conocimiento del Juez civil señalando que la documentación es falsa, entre los fundamentos no realizó una correcta apreciación de los elementos objetivos y subjetivos en el que se basó erróneamente en la presunción de inocencia y el indubio pro reo para concluir indicando que no existen pruebas suficientes para fundar una acusación, cuando era ella la que debía obtener esas pruebas por la claridad de la denuncia; por lo que, al no emitirse requerimientos necesarios no se colectaron pruebas suficientes; siendo que ello no era su culpa, sino del Ministerio Público quienes realizaron un trabajo simplista como es el sobreseimiento donde confundieron su papel de acusadores públicos por el de defensores públicos dejándole en indefensión como víctima de un delito, cuya búsqueda de justicia fue denegada bajo el supuesto argumento de la objetividad que no la tuvieron ni por asomo.

Con la seguridad y esperanza impugnaron el sobreseimiento ante la autoridad jerárquica quien podía evidenciar la actuación irresponsable de los Fiscales de Materia que actuaron en el proceso investigativo; siendo que, en los hechos se demostró que se podría emitir una resolución de revocatoria disponiendo la acusación de los imputados; lo cual, no tuvo eco; ya que, el 3 de abril de 2020 se dictó la Resolución Jerárquica, que se apartó de toda objetividad y que repite la lírica que emplea en resoluciones similares haciendo consideraciones y recopilaciones de argumentos que pretenden enseñar derecho, cuando ello no corresponde concluyendo ilegalmente en la decisión de ratificar el sobreseimiento y no revocarlo como era su obligación si hubiese realizado un análisis responsable de los antecedentes. Lo peor y lo que resulta increíble es que dicha Resolución acoge como uno de los elementos para fundamentar es el hecho de que el Juez de Instrucción que conoció la imputación formal y que no aplicó la medida cautelar por encontrar dudas de la probable autoría cuando era obligación del Ministerio Público el haber enervado ese concepto con un trabajo responsable en defensa de la víctima. La resolución es tan simplista y aberrante que carece de fundamentación, motivación y congruencia premiando con sus actos a quienes infringen la ley penal y castigando a la víctima a sufrir un hecho injusto e ilícito.

Se vulneró el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva al haber dictado la Resolución jerárquica con los argumentos expuestos en la misma que se apartan de la legalidad, el debido proceso y la verdad material como se expuso ampliamente en el presente caso, lo que constituye una conducta de denegación de justicia y de convalidación de actos ilegales que precedieron y se materializaron en la emisión del requerimiento de sobreseimiento de los imputados pese a existir prueba irrefutable como verdad material clara e inequívoca de la autoría de los delitos acusados a los sobreseídos ilegalmente.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y verdad material; señalando al efecto, los arts. 24, 115, 117, 128 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del CADH.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, que disponga se anule la Resolución Jerárquica FDP-JCCZ 33/2020 de 3 de abril, a objeto de que se dicte una nueva resolución de revocatoria de la resolución de sobreseimiento, disponiendo la acusación de los imputados con los elementos de prueba recolectadas en la etapa preparatoria, sea con imposición de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 560 a 565, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rolando Leverenz Becerra, presente en audiencia señaló que "no tengo nada que decir, estoy aquí presente" (sic).

Liliana Isabel Salvatierra Rojas, presente en audiencia señaló que "no tengo nada que decir" (sic).

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 8 de agosto de 2017, Dennis Mitchell Ventura Claure -solicitante de tutela-, interpuso ante el representante del Ministerio Público denuncia contra Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena por la supuesta comisión del delito falsedad material y uso de instrumento falsificado (fs. 269 a 274 vta.).

II.2. A través de escrito presentado el 5 de febrero de 2018, los Fiscales de Materia de La Paz dentro del aludido proceso penal formuló ante el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz imputación formal contra Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (fs. 410 a 413).

II.3. Mediante Auto Interlocutorio 29/2019 bis de 9 de julio el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, dentro del referido proceso penal determinó no aplicar medida cautelar contra los imputados Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (fs. 16 a 17 vta.). II.4. El Fiscal de Materia asignado al caso, dentro del referido proceso penal, citando entre otros los arts. 323.3 del CPP; 5.7 y 40.11 de la LOMP emitió requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento en favor de los imputados Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena por el presunto delito de uso de instrumento falsificado, señalando que no existen pruebas suficientes para fundamentar una acusación (fs. 414 a 420).

II.5. La parte accionante, por memorial de 5 de febrero de 2020, impugnó la Resolución de sobreseimiento emitido en favor de los imputados Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena por el presunto delito de uso de instrumento falsificado, al efecto pidió revocar dicha resolución ordenando se acuse a los denunciados, bajo los siguientes extremos:

II.6. Mediante Resolución Jerárquica FDP-JCCZ 033/2020 de 3 de abril, el Fiscal Departamental de Pando, citando el art. 324 del CPP, y 34.17 de la LOMP resolvió ratificar la Resolución de sobreseimiento emitido por el Fiscal de Materia en favor de los imputados por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado bajo los siguientes fundamentos:

Que, conforme al hecho fáctico denunciado y descritos en la presente resolución se tiene evidenciado la existencia de un proceso ejecutivo sustanciado ante el Juzgado Décimo Primero Publico en lo Civil y Comercial para el cobro dinero al Ronnie Javier Reque Claure y otros; en dicho proceso se emitido órdenes de embargo contra los bienes que se encuentran en el departamento de Pando, Provincia Nicolás Suarez de la Localidad de Porvenir, el mismo que se ejecutan los mandamiento de embargo en contra de la propiedad "Santa lucia" de 104.7 has de extensión registrado con folio real 9.01.2.01.0000721, por lo que a dicho proceso se apersona Rolando Leverenz presentando folio real con matricula 9.012.01.0000331 indicando que su poder conferente es dueño de una propiedad "Primavera" ubicado en el Cantón Campo Ana en la Localidad de Porvenir con una superficie de 31.4673 has adquirido por su anterior propietario Rene Eduardo Leverenz, predio que estaría ubicado dentro de la propiedad embargada, por lo que adjunta a su vez un poder y la Escritura Pública 687/2011 de 5 de julio que refiere ser dueño y propietario señalando que la vende y transfiere la propiedad a su hijo Rolando Leverens es en base a esa documentación que plantea la tracería de dominio excluyente por intermedio de su apoderado Lorenzo Federico Aguilar, por lo que el Juez de la causa mediante Resolución 423/2016 de 1 de noviembre, levanta el embargo sobre el predio "Santa Lucia" de propiedad de Ronnie Javier Reque Claure y otros.

Que, la Fiscal de Materia resuelve emitir Resolución de Sobreseimiento a favor de Rolando Leverenz Becerra, Liliana Isabel Salvatierra Rojas y Rene Eduardo Leverenz Melena bajo el siguiente argumento: "se ha identificado que de acuerdo al CITE: DDP-CERT-UCR N° 083/2017, que emite certificación emitido por el INRA de fecha 27/11/2017 por la Abg. Sdenka Arab Aguada en calidad de Directora del INRA, refiere que NO existe el CERT: ARCH: Y.B.D. N° 33/2011 de fecha 07/04/2011 en que indicaba que según la base de datos del INRA de Pando se registra la titularidad sobre el bien inmueble Primavera a nombre de Rene Eduardo Leverenz Melena, pero a su vez refiere que NO se tiene procesos de titulación instaurada por el Sr. Rene Eduardo Leverenz Melena respecto al predio Primavera; (...) razón por la cual imposibilita en el marco de la objetividad determinar la acusación en contra de los imputados" (sic)

Que, el denunciante en su memorial de impugnación al sobreseimiento señala que no se realizaron pericias, inspecciones, para obtener mayores elementos, asimismo señaló que los denunciados presentaron documentación falsa para obtener la liberación de los predios que fueron embargados.

Ahora bien, para que la investigación penal continúe hasta llegar a un Tribunal de Sentencia, se debe acreditar de forma objetiva por un lado la existencia del hecho a través de los elementos de convicción, por otro lado, debemos tener la certeza necesaria de que ese hecho si se adecue al tipo penal denunciado de acuerdo a los presupuestos específicos del tipo y los elementos del delito y por último que la culpabilidad recaiga en el sujeto activo y este esté plenamente individualizada; en el caso de autos, conforme a los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación, se presumía que los imputados cometieron delito de uso de instrumento falsificado, sin embargo, la imputación formal no fue sostenido en audiencia cautelar toda vez que el juez resolvió aplicar libertad irrestricta por que no se ha logrado acredito el presupuesto material de la probabilidad de autoría debido a que no se demostró de que los imputados hayan tenido conocimiento del documento falso utilizado pese a que si bien se tiene una certificación emitido por el INRRA que refiere de que el propietario del predio Primavera es el señor Manuel Ferreira Hurtado, sin embargo también CERT: ARCH: Y.B.D. 33/2011 de 7 de abril donde certifica que la titularidad si es Leverenz Melena, por lo no es posible demostrar el dolo toda vez es evidente los señalado por la Fiscal de Materia en lo referente a que no se tiene suficientes elementos para identificar y culpabilizar de que los imputados hayan tenido conocimiento de que se utilizaría documentos falsos para acreditar su titularidad otro extremo que genera duda razonable es precisamente las certificaciones de derechos reales y del GAM de Porvenir que arrojan la escasa información con relación a que el predio Primavera fuera de propiedad del "Sr. Ferreira", por todo ello claro está de que el hecho existió empero existe duda de la responsabilidad individual en cada uno de los imputados respecto al conocimiento que hubieren tenido respecto a la supuesta falsedad, por todo ello se llega a la conclusión de que es muy evidente lo señalado por el fiscal de materia titular en el entendido de que no se tiene declaración testifical que establezca con precisión de quien sería el autor culpable del hecho que causo la lesión en la victima por consiguiente al no tenerse mayores elementos de convicción al respecto y tendiéndose duda rozable que favorece al imputado corresponde ratificar la resolución de sobreseimiento.

Que, el principio de inocencia concebido como un postulado básico de todo ordenamiento jurídico procesal, implica que toda persona debe ser tratada como si fuera inocente desde el punto de vista del orden jurídico mientras no exista una sentencia penal de condena; motivo por el cual la situación jurídica del individuo frente a cualquier tipo de imputación es la de un inocente, sin que pueda aplicársele ninguna consecuencia penal, mientras no se declare formalmente su culpabilidad; este principio, tiene como base fundamental en la legislación interna, el art. 116. I de la CPE, que dice: "Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.", y es desarrollado en el art. 6 del CPP, cuando en su primer párrafo señala "Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada", lo que significa, que una persona desde el momento de ser sindicada de la comisión de un hecho ilícito, por disposición constitucional, debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Este derecho a ser tratado como inocente o principio de presunción de inocencia también está contenido en el PIDCP en su art. 14 inc. 2), y en la CADH, en su art. 8 inc. 2), cuando en el primer caso se establece que: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley", y en el segundo cuando se determina que "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".

Que, por imperio del art. 116 de la CPE se presume la inocencia del imputado mientras no se demuestre su culpabilidad, por el principio de objetividad, dispuesto en el art. 5.3 de la LOMP, concordante con lo previsto en el art. 72 del CPP, siguiendo los precedentes de la SC 1252/2005-R, bajo el principio "indubio pro reo refiere "la duda favorece al imputado" y que en su precedente obligatorio indica: "De las disposiciones legales precedentemente anotadas, se establece que es potestad del fiscal a cargo de la investigación, a la conclusión de ésta, disponer de manera fundamentada el sobreseimiento del o los imputados, entre otros casos, cuando del análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación se establezca la insuficiencia de elementos probatorios para sustentar la acusación, ello en atención al principio de objetividad previsto por el art. 72 del CPP (...) y cuando dispone el sobreseimiento, esa determinación en modo alguno puede considerarse vulneratoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia" (sic) .

Que, finalmente el art. 40.11 de la LOMP faculta al Fiscal de Materia a resolver de manera fundamentada el sobreseimiento, lo que concuerda con el art. 323.3 del CPP que faculta también decretar de manera fundamentada el sobreseimiento cuando no se tiene los elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación precisamente respecto a la participación del imputado en el hecho (fs. 422 a 425).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso; puesto que, en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando1.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto2; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa; la cual, se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión3. III.2. Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; y, art. 117.I, "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso..."; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión; es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio-4 , con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.

En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa; puesto que, el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto.

Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre5; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señaló que la misma desarrolló el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:

Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada6. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:

...cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP (negrillas ilustrativas).

De la misma forma, la SC 0847/2011-R de 6 de junio7, refiriéndose a un caso de ausencia de fundamentación y motivación de la resolución emitida por los fiscales, señaló:

Por lo expresado hasta aquí, se concluye que, de acuerdo a la normativa y jurisprudencia citada, las resoluciones fiscales emitidas deben estar debidamente motivadas, constituyendo la decisión de rechazo una forma de conclusión del proceso que deviene como resultado de la investigación penal y que se opera al interior del Ministerio Público como facultad privativa de dicha entidad. En efecto, una vez producida la intervención policial, sea preventiva o por denuncia y conocido el informe preliminar, previa compulsa de los antecedentes está facultado para, imputar formalmente un hecho efectuando una calificación provisional, ordenar la complementación de diligencias, rechazar la denuncia o querella y solicitar salidas alternativas como la aplicación de criterios de oportunidad, la conciliación o el procedimiento abreviado. En el caso previsto en el art. 304 inc. 1), el rechazo produce el archivo de obrados y extingue la acción penal e impide toda persecución por parte del Ministerio Público, lo que no acontece en los incisos 2), 3) y 4), en el que existe la posibilidad de que se reabra la investigación dentro del año y una vez transcurrido dicho lapso, se extingue la acción penal, conforme prevé el art. 27 inc.9) del CPP" (las negrillas son nuestras).

Complementando lo anterior la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, concluyó que:

A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional (resaltado agregado).

Por último la 0641/2018-S2 de 15 de octubre estableció que:

(...)