0972/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0972/2019-S1 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28936-2019-58-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 009/2019-AAC de 13 de mayo, cursante de fs. 129 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Ramírez Sunagua y Julio Genaro Romero Lozada en representación legal de Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Fidel Alejandro Castro Martínez y Roxana Choque Gutiérrez, ex y actual Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2019, cursante de fs. 50 a 60, el accionante a través de sus representantes legales, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La ANB a través de su Regional Potosí, el 4 de marzo de 2015 presentó querella contra Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, Celia Condo Gonzáles -hoy terceras interesadas- y Eddy Mamani Chacapacha, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), en razón a que en aplicación del art. 100 del Código Tributario Boliviano (CTB) así como del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-004-2009 de 12 de marzo, se efectuó el Control Diferido Regular (CDR) de la Declaración Única de Importación (DUI) 2012/543/C-171 de 28 de enero, tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas Servicios Aduaneros Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada (SAA S.R.L.) por cuenta de su comitente Celia Condo Gonzáles ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, cuyo objetivo y alcance fue revisar la correcta presentación de la documentación soporte de la DUI de referencia; durante el trabajo realizado se efectuó una verificación al Certificado medioambiental sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, es así que mediante Carta AN-GRPGR-UFIPR-C-018/2014 de 22 de mayo correspondiente al vehículo descrito en la DUI 2012/543/C-171, al respecto el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), remitió la Carta IBMETRO-DML-CE-408/2014 de 4 de junio, adjuntando el Informe IBMETRO DML-INF-278/2014 de 5 de igual mes, en el cual señaló lo siguiente: ""Por medio de la presente quiero informarle que realice el seguimiento a la nota solicitada por la Aduana Nacional de Bolivia en el Departamento de Potosí con cite AN-GRPGR-UFIPER-C-018/2014, en el cual se solicita la legalización de los certificados y pude evidenciar que no existen archivos físicos en nuestra institución que respalden los mencionados certificados, además debo hacer notar que los códigos asignados al departamento de Potosí son: Aduana Potosí código '01' y Villazón código '02'"". Por su parte el Informe AN-UFIPR-I-0162/2014 de 23 de diciembre, evacuado por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosí, establece que de acuerdo al contenido del Informe IBMETRO DML-INF-278/2014 emitido por el Técnico "Carlos Morales", indica que los certificados no se encuentran en formato físico ni digital, considerando lo expuesto, se deduce que los certificados medioambientales presentados en los despachos aduaneros son presuntamente falsos, conjeturando la existencia de indicios de la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y en razón a que se contaba con elementos de prueba cursantes en el cuaderno de investigaciones, solicitaron la imputación formal en contra de los mismos, de esta manera el Fiscal asignado al caso Daniel Ticona Baptista, el 2 de enero de 2016 dictó imputación formal contra Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; posteriormente, el 30 de mayo de 2018 en aplicación de los arts. 304.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), bajo el principio de objetividad, Raúl Raya Cueto, Raúl Estrada Manrique y Sandra Villafuerte Acka, pronunciaron Resolución de sobreseimiento a favor de la imputada prenombrada, con el argumento central de que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

El 29 de mayo de 2018, los referidos supra Fiscales de Materia, emitieron la Resolución de Rechazo de denuncia a favor de Celia Condo Gonzáles en virtud de lo dispuesto en los arts. 323 y 324 del CPP, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; el 6 de julio de 2018 en su calidad de víctimas presentaron objeción e impugnación contra las Resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento, solicitando la revocatoria de ambas, esto en razón a que la prueba que constaba en el cuaderno de investigación no fue debidamente valorada, así como tampoco la normativa aduanera aplicable al caso.

Posteriormente, el Fiscal Departamental de Potosí emitió la Resolución Jerárquica FDP-T.O.R/FACM 200BIS/2018 de 23 de julio, ratificando la Resolución de Rechazo de Denuncia de 29 de mayo de 2018; después dictó la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./FCAM 117/2018 de 16 de agosto, confirmando la Resolución de Sobreseimiento de 30 de mayo de 2018, realizando una descripción de los antecedentes que motivaron las Resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento, y la objeción de dichos fallos, indicando que no se configura la perpetración de los delitos en relación a la acción asumida por los sindicados Yolanda Rosario Gonzáles Foronda y Celia Condo Gonzáles; en relación al coimputado Eddy Mamani Chacapacha, se tramitó la extinción de acción por muerte del imputado; y, respecto a la valoración de los elementos de convicción, se entiende que fueron analizados durante el transcurso de la investigación por parte del titular de la investigación asumiendo que la investigación no aportó suficientes elementos de convicción.

Del contenido de ambas Resoluciones hoy cuestionadas, se evidencia que las mismas no se pronunciaron de manera expresa, positiva y precisa respecto a la prueba aportada durante la etapa preliminar de la investigación, puesto que los Fiscales de Materia asignados al caso indicaron que para poder atribuir responsabilidad penal a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, despachante de Aduana, se tiene que acreditar que la misma forjó en todo o en parte un documento público verdadero y si conociendo estos extremos, aun así los utilizó, dónde y cómo, pues no se estableció de manera objetiva su responsabilidad; empero, del contenido de la propia Resolución de rechazo de denuncia devienen elementos de prueba que demuestran responsabilidad para la nombrada, puesto que en dicha Resolución se señaló con precisión que los informes emitidos por IBMETRO acreditaban que los certificados medioambientales fueron falsificados; sin embargo, los Fiscales de Materia indicaron que no se pudo establecer quien falsificó esos documentos, sin considerar quien utilizó los referidos certificados a efectos de validar la DUI 20112/543/C-171, en este caso en razón a la función que desempeñaba Yolanda Rosario Gonzáles Foronda que usó dicho documento conociendo que era falso; motivo por el cual, existían en su criterio suficientes elementos de convicción para imputar respecto al delito de uso de instrumento falsificado, por lo que consideran que no existió una debida fundamentación en las Resoluciones pronunciadas, debido a que no consideraron que el certificado medioambiental de IBMETRO fue falsificado, y que Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, representante de la Agencia Despachante de Aduanas SAA S.R.L. a sabiendas, utilizó esa documentación para tramitar la DUI de su comitente Celia Condo Gonzáles, cuando esta última no realizó el trámite de inspección correspondiente al test de emisión de gases de escape, habiendo informado falsamente al respecto, infringiendo también normativa aduanera.

Alegan también la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, a la motivación de las decisiones y a la valoración razonable de la prueba.

En relación a la lesión de su derecho a la defensa, señalan que el Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental de Potosí vulneraron el derecho a la defensa de la ANB, siendo que el primero emitió las Resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento sin manifestarse respecto a todos los delitos querellados en relación a la normativa aduanera, puesto que existían suficientes elementos de convicción en razón a la prueba documental y testifical que constan en el cuaderno de investigación referente a la comisión del delito de uso de instrumento falsificado en relación a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda sin considerar toda la disposición aduanera que se aplica para el Despacho Aduanero, por lo cual no existió un proceso justo y equitativo, menos igualdad de oportunidades, vulnerando de esta manera el derecho de la referida Aduana Nacional a un proceso contradictorio en igualdad de oportunidades por ende su derecho a la defensa, al no permitírseles tampoco promover el desarrollo de más actos de investigación, prohibiéndoles asumir una debida defensa de los intereses de una entidad pública en reclamo a la utilización de documentación ilegalmente obtenida dentro de un procedimiento de importación que es tuición de la referida Aduana sin permitirles llegar a la etapa de juicio oral y contradictorio donde se "habría" demostrado ante el Juez ordinario la comisión de los delitos denunciados.