0974/2019-S2

Sintesis del caso

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la petición, considerando que el ahora demandado, no dio respuesta positiva ni negativa a las notas presentadas en las que se pidió que por la instancia correspondiente se remita el plano aprobado del área de equipamiento de la Unidad Educativa “Cristo Salvador”, al Ejecutivo Municipal para que se proceda con el registro en las oficinas de DD.RR.

Sintesis de la ratio decidendi

Se concedió la tutela solicitada toda vez que la autoridad demandada no dio respuesta a la petición presentada por el accionante, es decir que el accionante en varias notas dirigidas a la autoridad ahora demandada, requirió la remisión del plano aprobado del área de equipamiento relacionada a la Unidad Educativa “Cristo Salvador” al Ejecutivo Municipal para poder continuar con el trámite de registro en DD.RR., respecto a las cuales no tuvo respuesta ni positiva ni negativa. Además que la mencionada autoridad no indicó qué autoridad sería la competente para disponer la remisión del referido plano de aprobación, ni describió la instancia a la cual debía remitirse al considerar que esa estaba equivocada.

Extracto de la ratio decidendi

F.J.III.2. “En base a lo señalado y de lo que se advierte en el caso concreto, se tiene que de acuerdo a las literales constatadas en el expediente elevado en revisión, el peticionante de tutela en su condición de Presidente de la Junta Vecinal Cala Caja “Cristo Salvador” del departamento de Oruro, en la cual se encuentra la Unidad Educativa “Cristo Salvador”, menciona la existencia de una inversión económica considerable para la señalada Unidad Educativa y que se encuentra pendiente de registro ante las oficinas de DD.RR., para lo cual se necesita la remisión del plano aprobado de área de equipamiento al Ejecutivo Municipal y proseguir con los trámites y en el afán de cumplir con la exigencia de acuerdo a ley, presentó solicitudes escritas ante la Secretaría del Municipal de Gestión Territorial con la finalidad de alcanzar su objetivo. Es así que de la verificación de los antecedentes, se constata el cumplimiento de la exigencia formal para acceder a la tutela constitucional, consistentes en las solicitudes trasuntadas en las notas presentadas el 26 de julio de 2018 en el que textualmente se pide al Secretario Municipal de Gestión Territorial del GAM de Oruro, que la encargada de la unidad correspondiente, remita el plano aprobado del área de equipamiento que inmiscuye a la Unidad Educativa Cristo Salvador al Ejecutivo Municipal para la continuidad del trámite de registro en la oficina de DD.RR. cumpliendo lo determinado por el art. 339.II de la CPE; contenido literal que no mereció respuesta y que ha sido reiterado por nota de 2 de agosto de 2018 presentada el 3 del mismo mes y año, ésta última también presentada el 18 de febrero de 2019 y la de 15 de marzo de igual año, reiterando la solicitud de remisión de plano aprobado del área de equipamiento correspondiente, refiriendo textualmente que no existe motivo alguno de paralización del trámite de aprobación de plano de área de equipamiento de la unidad educativa “Cristo Salvador” (Conclusiones II.3, II.5, II.6 y II.7). En ese contexto se evidencia que el peticionante de tutela por varias notas dirigidas a la autoridad ahora demandada, requirió la remisión del plano aprobado del área de equipamiento relacionada a la Unidad Educativa “Cristo Salvador” al Ejecutivo Municipal para poder continuar con el trámite de registro en DD.RR., respecto a las cuales no tuvo respuesta ni positiva ni negativa; asimismo, la mencionada autoridad no indicó qué autoridad sería la competente para disponer la remisión del referido plano de aprobación, ni describió la instancia a la cual debía remitirse al considerar que esa estaba equivocada; de acuerdo a lo señalado, en el caso concurren los presupuestos por los cuales se hace evidente la vulneración del derecho de petición, por cuanto no existe una respuesta a lo solicitado por el accionante cuando ante un requerimiento el prenombrado tiene el derecho a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna que satisfaga sus pretensiones conforme se ha referido en los Fundamentos Jurídicos III.1 del presente fallo constitucional; consiguientemente, se determina conceder la tutela solicitada, a fin de que la autoridad demandada se pronuncie de manera positiva o negativa, respecto a los requerimientos del accionante.”

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0974/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 29881-2019-60-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 07/2019 de 10 de julio, cursante de fs. 116 a 121, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Valle Ureña contra Patricia Wilma Medrano Ávila, Inés Clotilde Tola Fernández y Daniel Huaynoca Villca, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de julio de 2019, cursante de fs. 18 a 20, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, mediante Auto Interlocutorio de 22 de julio de 2015, fue detenido preventivamente; por lo que, solicitó cesación de la detención preventiva en más de diez oportunidades, por su grave estado de salud, "la falta de instrumentalidad", el tiempo transcurrido y otros; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se realizó ninguna audiencia, habiendo desaparecido el cuaderno procesal y sin que nadie se haga cargo del control jurisdiccional.

En ese marco y teniendo conocimiento que el cuaderno procesal se encuentra en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el 18 de junio de 2019, nuevamente solicitó cesación de la detención preventiva en esa instancia; empero, nunca fue tramitada ni considerada y tampoco respondida así como sus anteriores solicitudes, a pesar de la urgencia de las mismas, -entre otros- por su avanzada edad y por sufrir una enfermedad terminal (en más de tres oportunidades fue evacuado del penal de San Roque al hospital Santa Bárbara), donde se encuentra recluido, habiendo transcurrido más de tres semanas hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, ocasionándole incertidumbre y dilación indebida respecto a su situación jurídica, dejándolo además en absoluto estado de indefensión; ya que se encuentra detenido por más de dieciocho meses.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida y a los principios de celeridad y legalidad, citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio