0976/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0976/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 30139-2019-61-AL Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 03/2019 de 26 de julio, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Antonio Aparicio Castro y Jhovana Salinas Berruga en representación sin mandato de Enrique Tarupayo Arce contra Marco Antonio Maraz Castillo, Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de julio de 2019, cursante de fs. 15 a 26 vta., la parte accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de julio de 2019, aproximadamente a horas 11:00 de manera voluntaria se apersonó al despacho de Raúl Fiengo Veliz, Fiscal adscrito a la división de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) de la ciudad de Yacuiba, quien inmediatamente procedió a su aprehensión, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), para posteriormente presentar en su contra imputación formal al día siguiente, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, autoridad que señaló audiencia de medidas cautelares para el 17 del mes y años señalados a horas 9:00; actuado procesal en el que se dispuso su detención preventiva, en el Centro de Readaptación Productiva "El Palmar" de Yacuiba, por la presunta comisión del delito de abuso sexual.

Aducen que, la imputación formal presentada por el Ministerio Público, respecto a los peligros procesales, contenido en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sobre "peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante", solo se refirió al primer componente referido al peligro para la sociedad; empero, en la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que debía asumir se defensa respecto de dicho riego, el Juez de la causa, permitió que el representante del Ministerio Público ampliara oralmente dicho riesgo procesal, causándole indefensión, debido a que no contaba con los elementos necesarios, en ese momento, para desvirtuar el referido riesgo (peligro de la víctima).

Desde la indicada fecha (17 de julio de 2019), la salud del accionante fue decayendo de manera considerable, conforme se tiene del certificado del médico forense de 25 de julio de 2019, debido a su edad, al tratarse de una persona de la tercera edad, aspectos que deben tomarse en cuenta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y a la defensa, así como a la salud y la vida, citando al efecto los arts. 15, 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia dispongan que la autoridad hoy demandada deje sin efecto el Auto Interlocutorio que ordenó su detención preventiva de acuerdo a lo denunciado y dicte una nueva resolución donde prevalezca su derecho a la salud y la vida.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 26 de julio de 2019; según consta en acta de fs. 44 a 45; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción