0979/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0979/2019-S1 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28948-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 38 de 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 370 a 372 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Percy Fernández Áñez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra contra Yngly Hallizon Riglos Alcaraz, Jefa Departamental del Trabajo de Santa Cruz y Presidenta del Tribunal Arbitral, José Antonio Chávez Ayala, Árbitro Patronal y Adolfo Alcócer Camacho, Arbitro Laboral.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 23 ambos de abril de 2019, cursantes de fs. 215 a 227 y 230 y vta., la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante el fracaso parcial de la conciliación del Pliego de Reclamaciones y Peticiones para el 2018, respecto a los dos puntos referidos, se constituyó el Tribunal Arbitral (con árbitros patronal y laboral) bajo la presidencia del Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz; sustanciado el proceso de arbitraje con la proposición probatoria de las partes se dictó el Laudo Arbitral JDTSC/LA/JI/ 001/2019 de 5 de mayo, no obstante, para cuyo efecto no se cumplió con el procedimiento que la Ley General del Trabajo que tiene previsto para el efecto (art. 112); en el entendido que, desde la conformación del Tribunal Arbitral (4 de diciembre de 2018), la convocatoria para el comparecimiento de las partes procurando un avenimiento, la recepción de prueba, hasta emisión del Laudo Arbitral aludido (5 de mayo de 2019), transcurrieron más de cuatro meses, elaborándose el indicado Laudo Arbitral de manera extemporánea, hecho que constituye en el primer elemento contrario a la citada norma.

Como segundo elemento, el Laudo Arbitral JDTSC/LA/JI/ 001/2019fue emitido en total incumplimiento del art. 113 la Ley General del Trabajo (LGT) que establece que las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos y serán obligatorios para las partes; toda vez que, en el caso concreto "...NO HUBO ACUERDO ENTRE PARTES, NO EXISTE AFECTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y NO EXISTE UNA RESOLUCIÓN ESPECIAL DEL EJECUTIVO DE CARÁCTER IMPERATIVO..." (sic); es decir que, el Tribunal Arbitral no pudo ni puede dictar un laudo arbitral ordenando algún tipo de incremento salarial o bono de té, puesto que se encuentran al margen de los límites permitidos por norma, por lo que, todo acto contrario a la Constitución y las leyes es nulo de pleno de derecho (art. 112 de la CPE).

De la revisión del Laudo Arbitral JDTSC/LA/JI/ 001/2019, se tiene que su fundamentación es totalmente vaga, imprecisa, carente de exposición de hechos y derecho, además carece de motivación en cuanto a la decisión adoptada, pues no existe norma expresa que obligue al municipio de Santa Cruz de la Sierra a realizar algún incremento salarial; sin embargo, bajo simples criterios personales de una supuesta discriminación negativa se ordenó a la entidad edil pagar el incremento salarial del 4%; sin considerar que la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo (DS) 3544 de 1 de mayo de 2018, es expresa y limitativa incluso excluyente, pero no la vuelve discriminatoria, y en caso de ser así por qué no se interpuso la acción de inconstitucionalidad correspondiente; en definitiva en un Estado de Derecho nadie puede dejar de cumplir lo que la ley manda o peor aún, ir por encima de la ley, desnaturalizando la misma, favoreciendo a unos en desmedro de otros.

No se expuso los alcances generales de los Decretos Supremos 3544 y 2219 de 17 de diciembre de 2014, en cuanto a su carácter limitativo, en el entendido que, todo incremento debe estar previamente sustentado en virtud a la disponibilidad y sustentabilidad financiera del ente municipal, por lo que nadie puede estar obligado a pagar un sueldo mayor a su capacidad económica. Según la jurisprudencia constitucional, el Tribunal Arbitral se encuentra impedido de disponer el incremento salarial por ser prerrogativa exclusiva de las partes, tomando en cuenta dicho carácter limitativo.

No obstante, haberse ofrecido prueba documental, en el Laudo Arbitral JDTSC/LA/JI/ 001/2019 se dispuso de manera excesiva el incremento salarial, sin ninguna base legal o probatoria contundente, apartándose totalmente de la prueba esencial que es el Informe Técnico "Dirección de Finanzas C.I. 001/2019" de 28 de enero de 2018 sobre el Pliego de Reclamaciones y Peticiones para el 2018 del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Cruz de la Sierra, emitido por la Dirección de Finanzas del ente edil, que es el documento idóneo que demuestra la realidad económica del municipio de Santa Cruz de la Sierra, que en forma global y específica menciona todos los ingresos y gastos cubiertos y que da cuenta de la imposibilidad económica de realizar un incremento salarial y el pago del bono de té, otorgándole un valor probatorio distinto al que demuestra el documento, al expresar que "...por si solo esa prueba no ofrecen total certeza de esa imposibilidad..." (sic) y tampoco existe otro medio probatorio que la contradiga; la única prueba aportada al respecto, es un recorte del periódico "El Deber" de 1 de noviembre de 2018, que no es conducente a la finalidad de proceso arbitral.

No existe pronunciamiento alguno sobre el Informe "Oficio Externo S.M.RR.HH 13/2019" de 25 de enero, referente al Pliego de Reclamaciones y Peticiones para el 2018 del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Cruz de la Sierra, ni respecto a los alcances de dicha prueba, pese a que el art. 113 inc. c) de la LGT, establece que las decisiones del Tribunal Arbitral se tomarán cuando por resolución especial el ejecutivo así lo determine, lo que demuestra la inaplicabilidad de los mencionados DS, al no existir la obligatoriedad de los mismos.

Por consiguiente, se hizo una sesgada, totalmente parcializada valoración de la prueba, desmereciendo la prueba conducente y sin justificar bajo que parámetros legales y técnicos sustentan el incremento del 4% en los sueldos y el bono de té, hecho que significa colocar al municipio de Santa Cruz de la Sierra en un estado de peligro financiero e inestabilidad económica, afectando a las políticas de los servicios de salud, educación, cultura, desayuno escolar, asistencia a adultos mayores, obras y otros, a la colectividad en su conjunto.

Consecuentemente, realizada una revisión de los antecedentes procesales, los medios probatorios y el Laudo Arbitral JDTSC/LA/JI/ 001/2019, se constata que no hay una sincronía o congruencia entre los mismos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional