0983/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29969-2019-60-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 090/2019 de 17 de mayo, de fs. 345 a 349 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arturo Quety Medina y Teodoro Gómez Ara, Presidente y Vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) contra César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 de abril y 2 de mayo, ambos de 2019, cursantes de fs. 49 a 59; y, 65 a 74 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA), es titular de la concesión minera "Alto Mapiri", que corta de un extremo a otro el territorio de PILCOL, afectando los municipios de Mapiri y Guanay, sobre los cuales tiene su jurisdicción la Nación Indígena Lecos Larecaja. Es así, que después de haber soportado por muchos años los abusos de parte de los personeros de COFADENA, demandaron la reversión por inexistencia de actividad minera e incumplimiento de la función económica social, conforme determina el Decreto Supremo (DS) 1801 de 20 de noviembre de 2013, teniendo en cuenta que dicha entidad había subarrendado cuadrículas de la concesión minera antes de la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia; en virtud de la cual, se prohíben subcontrataciones, obligando a los titulares a trabajar directamente sus concesiones, por lo que COFADENA, dejó de celebrar contratos de su arrendamiento; en tal sentido, la concesión minera dejó de cumplir su función social.

Realizada la inspección de campo, el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, dentro del proceso de reversión, mediante la nota MMM-764 VPMRF 353/2017 de 25 de julio, estableció la inexistencia de actividad minera realizada por el titular; la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pronunció la Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/94/2017 de 6 de julio, resolviendo revertir la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, que fue objeto del recurso de revocatoria por parte de COFADENA; mereciendo la Resolución AJAM 70/2017 de 14 de septiembre, por la que confirmó en todas sus partes la resolución recurrida, motivando que dicha entidad plantee el recurso jerárquico; instancia que emitió la Resolución Jerárquica 072/2018 de 2 de marzo, a través de la cual, se anuló la Resolución objeto del recurso, debiendo dictar una nueva pronunciándose sobre todo lo pedido y las pruebas presentadas por el administrado.

En cumplimiento a la Resolución Jerárquica, la AJAM emitió una nueva Resolución de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/10/2018 de 15 de mayo, confirmando la Resolución que dispuso la reversión, siendo esta decisión objeto del recurso jerárquico por COFADENA, que al ser conocido por el Ministerio de Minería y Metalurgia, pronunció la Resolución Jerárquica 258/2018 de 3 de octubre, dejando sin efecto la revocatoria de la concesión minera, argumentando que en la concesión "Alto Mapiri" existe explotación a cielo abierto, concentración de minerales, existencia de cargas de desmonte y mineralizada, utilización de maquinarias y equipo, es decir que existía actividad minera en los últimos doce meses; sin considerar que COFADENA dio en arrendamiento la concesión a varias Cooperativas, hecho contrario a lo que dispone el art. 93.II de la Ley Minería y Metalurgia (LMM), vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Alegan la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 115 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE)

I.1.3. Petitorio