0984/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 29828-2019-60-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 47/2019 de 5 de julio, cursante de fs. 106 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paulino Jurado López contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 26 de junio de 2019, cursantes de fs. 9 a 15 vta., y 33 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Olga Rojas Trujillo de Carranza y otros, como miembros del Directorio de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Tarija (CADEPIA TARIJA), plantearon en su contra demanda ordinaria de acción reivindicatoria y restitución de inmueble, con relación al bien ubicado en el lote 1-A de la manzana A, con una superficie de 1646,410 m2 y a una fracción del lote 2-A de la manzana A, con la extensión superficial de 460,02 m2, los cuales forman parte del lote de terreno de 207 543,353 m2 de superficie, ubicado en la zona de Lourdes, provincia Cercado del citado departamento, adquirido por CADEPIA TARIJA (antes ADEPI), de la Prefectura -ahora Gobierno Autónomo Departamental- de Tarija, por permuta a través de la Escritura de transferencia 032 de 10 de marzo de 2004.

Posterior a esa transferencia, CADEPIA TARIJA se percató que los datos de ubicación, número de partida y folio de la propiedad de la entonces Prefectura del Departamento de Tarija en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) se encontraban consignados erróneamente tanto en la Minuta de transferencia como también en la Ley 2603 de 18 de diciembre de 2013, subsanando este extremo de manera irregular y anómala a través de la "Escritura Pública Aclarativa" 23/2004 de 9 de julio, por la cual transfirió e inscribió otro predio en DD.RR., para luego fraccionarlo en los lotes 1-A y 2-A, registrados bajo las matrículas computarizadas 6.01.1.27.0005267 y 6.01.1.27.0005268 de 20 de junio de 2011, respectivamente. La sentencia de 3 de diciembre de 2015, declaró probada parcialmente la demanda, ordenando que en el plazo de treinta días a partir de la ejecutoria del fallo, se restituya a favor de CADEPIA TARIJA los lotes de terreno objeto de la demanda, fallo que fue confirmado en todas sus partes por el Auto de Vista 09/2018 de 5 de enero, dictado en apelación.

Contra el indicado Auto de Vista interpuso recurso de casación, aduciendo que no ocupó el inmueble de forma arbitraria, sino que es poseedor de buena fe, como miembro de ADEPI, ahora CADEPIA TARIJA y que le reconocieron el derecho a construir y a poseer el inmueble, existiendo un compromiso de adjudicación, en virtud del cual depositó $us3600.- (tres mil seiscientos dólares estadounidenses) por concepto de pago del lote de terreno; derechos que primero deberán cesar para que sea exigible la reivindicación; adicionalmente presentó un memorial para aclarar y exponer los motivos del recurso de casación, pidiendo expresamente en el Otrosí Segundo, audiencia de fundamentación oral del recurso de casación, conforme al art. 277.III del Código Procesal Civil (CPC); petición que le fue negada por el Magistrado Marco Ernesto Jaimes Molina, manifestando que la práctica histórica en ese Tribunal ha desestimado audiencias en mérito a la interpretación sistemática del ordenamiento procesal.

Si bien expresó sus argumentos en el recurso de casación, el Tribunal no los consideró, aduciendo que no realizó una suficiente carga argumentativa, todo debido a que el Tribunal Supremo de Justicia, le negó la posibilidad de aclarar su recurso en audiencia oral, pese a que este derecho está consagrado en el art. 277.III del CPC, amparándose en una "práctica histórica" ilegal. Así, en materia penal, el Tribunal Supremo de Justicia estableció que si la parte recurrente anuncia que hará uso de su derecho a ser oído en audiencia pública, conforme al art. 408 in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal de alzada está obligado a fijar audiencia. Entendimiento que podría aplicarse a los Magistrados con relación al citado art. 227.III del aludido Código, norma que en realidad no se cumple y provoca que los derechos de las personas sean lesionados. Un aspecto reclamado en el proceso y no atendido por los jueces inferiores, es que ADEPI, posteriormente CADEPIA TARIJA, es una sociedad civil sin fines de lucro, que poseía dos inmuebles ubicados en la zona de Lourdes, de propiedad de los asociados y que fueron permutados con la ex Corporación de Desarrollo de Tarija (CODETAR); vale decir, que el predio adquirido por CADEPIA TARIJA es de propiedad de todos los socios y por ende, la acción reivindicatoria del Directorio contra uno de ellos no es procedente; puesto que, se estaría actuando contra un copropietario del inmueble y por definición, la reivindicación solo puede ejercitarse por el propietario de un bien inmueble, contra un no propietario; en cambio en este caso, ambas partes ostentan derecho propietario, directo el uno e indirecto el otro. El Auto Supremo no analizó este elemento del recurso de casación, pese a que se hace constar que se pagó aportes extraordinarios y que se tiene derecho sobre el inmueble del cual se pretende la reivindicación. Por otro lado, el derecho propietario transferido por la ex CODETAR adolece de un vicio de ilegalidad del título, ya que el bien inmueble es del Estado boliviano y se encuentra sujeto a las previsiones del art. 339.II de la CPE. La diferencia diáfana en el título propietario que la ley autoriza transferir a manos de particulares y el derecho propietario que efectivamente fue transferido a CADEPIA TARIJA, sobre cuya base pretende desconocerle su derecho no obstante haber vivido más de veinte años en el predio, al cual ingresó de buena fe, hace evidente la necesidad de tutela constitucional del derecho de propiedad.

Señala que el 0Auto Supremo 1220/2018 pronunciado por las autoridades demandadas, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de inobservancia del principio de verdad material; por cuanto, declaró infundado el recurso de casación interpuesto de su parte, sin advertir que la prueba adjunta establece la inexistencia del derecho de propiedad de la entidad demandante, que por tanto, carece de legitimidad para reivindicar, así como el desconocimiento de su posesión de buena fe, permitido por la propia parte demandante, incurriendo con ello, en una conducta omisiva, cuando debieron valorar la prueba conforme al principio de comunidad de prueba, para averiguar correctamente los hechos, tal como sucedieron en la realidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente del principio de verdad material, citando al efecto los arts. 115.I y II, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Supremo 1220/2018 de 11 de diciembre, ordenando se tome en consideración los aspectos de fondo expresados en el recurso de casación y se ordene el señalamiento de audiencia de fundamentación oral y se dicte nuevo Auto Supremo conforme a derecho.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional