Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 25381-2018-51-AAC Departamento: Chuquisaca Partes: Raúl España Smith contra Olvis Egües Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal; y, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil, todos del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con la , que confirma la Resolución 4 de 31 de agosto de 2018, pronunciada por el Juez de garantías; y en consecuencia: deniega la tutela solicitada, asumiendo el criterio que el accionante no habría cumplido con la carga argumentativa para ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria; lo cual no es evidente y contradice lo previsto en la ; por lo que, correspondía ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar si es aplicable la irrectroactividad prevista en el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) en el caso en examen.
En todo caso, considero que debió REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos a una resolución motivada y fundamentada por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico y principio de seguridad jurídica; y, DENEGAR con relación al derecho a la dignidad humana; sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a una resolución motivada y fundamentada por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico y principio de seguridad jurídica; y, a la dignidad humana; en razón a que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; por ello, formuló recurso de apelación, que la Sala Civil del mismo Tribunal, a través del , confirmó el Auto apelado; Resolución de alzada que se dejó sin efecto mediante la .
Ante ello, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, a través del , declararon improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el y su complementario; Resoluciones que hicieron una interpretación de los alcances de los arts. 112 y 123 de la CPE, haciéndola extensiva a los particulares, para mantener vigente una persecución penal sin fundamento y sobre hechos que datan de 1992 y 1993; además, realizando una interpretación insuficiente, arbitraria e ilógica, sin explicar por qué la interpretación teleológica prevalece a partir de los principios de transparencia, ética y honestidad, cuando debió hacerse una interpretación a la luz de los principios pro homine y favorabilidad, pues, en ambos casos, se habría permitido acceder al instituto de extinción de la acción penal por prescripción; y, la interpretación y aplicación que realizó la Sala Penal y Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de dichas normas constitucionales, se alejó de los cánones y parámetros establecidos por la propia Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad para justificar el derecho de persecución penal del Estado sin limitación alguna. Por lo que, solicita se conceda la tutela; se dejen sin efecto los actos impugnados; y, se ordene al Tribunal ad quen, la emisión de nueva resolución que tome los criterios y reglas de interpretación omitidos, con el objeto de que se restituyan los derechos y garantías invocados en la presente acción tutelar con relación a la prescripción.
En consecuencia, correspondía determinar en revisión, si los extremos denunciados eran evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto, la debió desarrollar los siguientes temas:
- a)La fundamentación y motivación de las resoluciones; y, la garantía del debido proceso;
- b)Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria;
- c)Los alcances del art. 112 de la CPE en la extinción de la acción penal por prescripción; y,
- d)Análisis del caso concreto.
II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones; y, la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la , se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3 precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la 4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
- 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
- 4)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la 6-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
- i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
- ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
- iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
- iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 7, así como en la 8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la 9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Mostrando 19 de 92 parrafos.