0987/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0987/2019-S1 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29279-2019-59-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 31/2019 de 24 de mayo, cursante de fs. 512 a 517; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Fernando Ayala Palenque y Julio Arequipa Masco contra Juan Carlos Meneses Copa, Gerente General y Pablo Aparicio España, Autoridad Sumariante Nacional, ambos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 13 de mayo de 2019, cursantes de fs. 185 a 197 y 200 a 201, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de servidores públicos de la CNS Regional Cochabamba, fueron designados como miembros de la Comisión de Calificación dentro del proceso de contratación para la "ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL CIMFA SUR-MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN REGIONAL COCHABAMBA"; empero, posteriormente, conforme se tiene del Auto de Inicio Ampliatorio al Proceso Interno Administrativo ASOFNAL 012/2017 de 16 de mayo, se les inicio proceso administrativo por la supuesta contravención de lo establecido en los arts. 232 y 235.1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 61 incs. a), b) e i) del Reglamento Interno del Personal de la CNS; 3 incs. d), i) y j), 10, 22 y 38 incs. b), c) y f) del Código de Ética de la citada entidad pública, invocando normas de carácter general, sin especificar a qué tipo de falta (leve, grave o muy grave) se adecuaría su conducta.

Posteriormente, previo desarrollo de la fase sumarial, se dictó la Resolución Sumarial Final ASOFNAL R. 15/2017 de 12 de julio, mediante la cual respecto a sus personas estableció en primera instancia la existencia de responsabilidad administrativa, disponiéndose la imposición de sanción del 10% de su salario por única vez; decisión que fue impugnada por quienes fueron sancionados con la destitución, pronunciándose la Resolución de Recurso Jerárquico 45 de 3 de noviembre de 2017, que dispuso anular obrados hasta la aludida Resolución Sumarial Final.

En ese sentido, la autoridad sumarial emitió la Resolución Sumarial Final ASOFNAL R. 33/2017 de 23 de noviembre, que estableció la "EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA" imponiéndoles la sanción de destitución; en ese entendido, debido a esa ilegal determinación, en tiempo oportuno interpusieron recurso de revocatoria, dictándose a ese efecto, por parte de Pablo Aparicio España, Autoridad Sumariante Nacional de la CNS, la Resolución de Recurso de Revocatoria AUSUN RR-002/2018 de 11 de enero, por la cual desconociendo sus derechos al debido proceso y a la defensa; y, al principio de legalidad confirmó la indicada Resolución de primera instancia, sin dar respuesta a todos los agravios expuestos en su recurso de revocatoria.

Agraviados nuevamente con las Resoluciones antes señaladas, plantearon ante el Gerente General de la CNS -ahora codemandado- recurso jerárquico, instancia en la que por memorial de 4 de junio de 2018 presentaron prueba que no fue objeto de mención menos de valoración en la Resolución Jerárquica 33 de 19 de octubre del mismo año, la cual confirmó la indicada Resolución de Recurso de Revocatoria, omitiendo también pronunciarse de manera fundamentada respecto a todos los cuestionamientos y argumentos planteados.

Agregaron que, todas las Resoluciones impugnadas lesionaron a su turno su derecho a la defensa por contravenir el principio de legalidad; por cuanto, se convalidó de manera arbitraria, inconstitucional e ilegal la sanción máxima de destitución prevista en el ordenamiento administrativo, sin que su conducta se encuentre tipificada en el art. 81 del Reglamento Interno del Personal de la CNS o en alguna otra norma administrativa para aplicarse dicha sanción, sin especificar con precisión y taxatividad cuál es el precepto que establece que su conducta constituye una falta merecedora de tal determinación; máxime, si la sanción debe estar predeterminada, pues indudablemente debe asegurarse al procesado una certidumbre normativa previa sobre la eventual sanción a ser impuesta, pues las normas que establecen las faltas deben también instituir con carácter previo los correctivos o sanciones aplicables a quienes incurran en aquellas.

Señalaron que, no pudieron ejercer su derecho a la defensa amplia en el proceso administrativo que se les siguió, ya que, desde el inicio del proceso desconocían cual era la infracción en la que presuntamente incurrieron, viéndose imposibilitados de presentar prueba; por lo que, las Resoluciones ahora cuestionadas vulneraron el principio de proporcionalidad por ausencia de motivación a tiempo de imponer la sanción y el de incongruencia omisiva pues:

La Resolución de Recurso de Revocatoria AUSUN RR-002/2018, omitió efectuar un análisis de proporcionalidad respecto a la presunta falta cometida y la aplicación de la máxima sanción de índole administrativo, pues no realizó un razonamiento sobre la gravedad de la presunta infracción, y, la importancia de dicho análisis previo tiene que ver precisamente con la afectación de los principios de legalidad y taxatividad, pues preliminarmente a la imposición de una sanción ineludiblemente debe establecerse si la presunta infracción al ordenamiento administrativo constituye una falta que amerite, justifique la aplicación de una multa, suspensión o destitución, debido a que la facultad o atribución de sancionar de la autoridad competente no es discrecional, dado que inicialmente debe realizar un análisis descriptivo y detallado de los antecedentes del caso, a fin de establecer la gravedad de la falta para finalmente imponer de manera individualizada la sanción que corresponda de acuerdo a la participación y/o responsabilidad específica del administrado. Así también, la citada Resolución de Recurso de Revocatoria no se pronunció respecto a la totalidad de las cuestiones planteadas en su impugnación, que afecta su derecho al debido proceso por ausencia de motivación.

Agregaron que, en relación a la Resolución Jerárquica 33 de 19 de octubre de 2018, el examen de proporcionalidad no fue desarrollado, pues no se pronunció respecto a la totalidad de las cuestiones planteadas, así tampoco se consideró la prueba acompañada en la tramitación de su recurso jerárquico, pues si bien, el Gerente General demandado reconoció que se realizó una serie de "'exposiciones y citas legales acusando la vulneración a principios procesales de legalidad, la ausencia de actividad probatoria, ausencia de motivación'" (sic), empero, en lugar de pronunciarse de manera fundamentada sobre la lesión de principios y derechos acusados en los recursos planteados, se limitó a sostener sin motivación que los principios no fueron vulnerados remitiéndose de manera alarmantemente simplista a lo sustentado en la Resolución Sumarial Final ASOFNAL R. 33/2017 y Resolución de Recurso de Revocatoria AUSUN RR-002/2018

Así también, en la citada Resolución Jerárquica existe ausencia de pronunciamiento respecto a los puntos cuestionados de la Resolución impugnada, cuando omite especificar todos los agravios denunciados, incurriendo en un acto de desidia y negligencia, pues en lugar de efectuar una consideración motivada se limita a realizar una incompleta mención de los agravios denunciados, conculcando así su derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las decisiones administrativas por incongruencia omisiva.

Refirieron que, se lesionó su derecho a la defensa por incongruencia omisiva; en el entendido que, se constató ausencia de pronunciamiento respecto a las pruebas presentadas en el recurso jerárquico, ya que, el Reglamento de Procesos Internos de la CNS, faculta al procesado a presentar prueba para su consideración en la resolución jerárquica; y, en ejercicio de tal atribución, mediante memoriales de 4 de julio de 2018, ofrecieron prueba que no fue ni siquiera mencionada en la Resolución Jerárquica 33, pues se presentó un informe pericial señalando de manera expresa que su importancia radica en aclarar la inexistencia del sobreprecio denunciado, pues la cifra que arroja dicho informe respecto al valor del terreno y de la construcción, muestra una cantidad similar o por lo menos aproximada al precio pagado por el inmueble de propiedad de Luis Eduardo Cabrera Ponce, con el advertido que aún no se estableció o precisó pericialmente el valor comercial del referido bien inmueble; por lo que, resultaba razonable afirmar que el precio comercial establecido por los peritos ciertamente determinaría un monto superior al pagado por el inmueble y ante la inexistencia de sobreprecio en la compra del CIMFA-SUR mal se podría establecer que se forzó o direccionó el proceso de contratación.

Así también, se acompañó un folio real señalando que no resulta evidente la inexistencia del mismo, como se afirmó en la Resolución Sumarial Final ASOFNAL R. 33/2017, pues la Comisión de Calificación en su conjunto pudo evidenciar la existencia de dicho documento y si en lo posterior del proceso, fue extraviado, ello de modo alguno puede fundar una decisión de destitución en su contra, máxime, si el indicado folio real existe materialmente y lleva una fecha anterior a la fecha en que la Comisión de Calificación desarrolló sus actos.

Señalaron que, el resto de la documentación que presentaron estaba encaminada a establecer que durante los años que ejercieron sus funciones como servidores públicos de la CNS cumplieron sus actividades con idoneidad y sin observación alguna de los pacientes, compañeros de trabajo ni mucho menos de sus superiores; por lo mismo, son pruebas que acreditaron que no pudieron cometer ninguna infracción al ordenamiento jurídico administrativo; sin embargo de ello, la misma no fue analizada, ni siquiera mencionada en la Resolución Jerárquica 33, omitiéndose cumplir con requisitos y formalidades establecidas por la ley y jurisprudencia constitucional, pues no efectúa una descripción individualizada de los medios de prueba presentados físicamente dentro del plazo de ley ni valora de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, ni les asignó un valor probatorio específico a cada uno de manera motivada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia de las resoluciones; omisión valorativa; a la defensa; y, al trabajo, además del principio de legalidad; citando al efecto los arts. 46.I, 115.II, 116.II, 119.II y 123 de la CPE; y, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio