Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0989/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 29564-2019-60-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 65/2019 de 20 de mayo, cursante de fs. 341 a 347, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Judith Aurora Condarco Gutiérrez contra Mario Gustavo Rocha Castro y Orlando Agustín Zapata Sánchez, ex y actual Fiscal Departamental de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 189 a 199, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Gustavo Marcelino Antonio Mercado y Ruth Benita Padilla Aguirre por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, se le imputó formalmente a través de actuado de 5 de octubre de 2015, en razón a que en su condición de Directora de la Unidad Educativa "Marcos Beltrán Ávila", habría admitido el traspaso de NN de otro establecimiento educativo durante el 2014, quien pese a no haber asistido a clases tendría nota de aprobación, en ese contexto, activó dos acciones de amparo que le concedieron la tutela en razón a que las "Resoluciones Jerárquicas" tenían diversos defectos que conculcaban el derecho al debido proceso, de forma que la Resolución Jerárquica 83/2018 de 15 de octubre, la que es cuestionada actualmente, en lugar de observar las recomendaciones y conminatorias del juez de garantías, incorporó otras vulneraciones al derecho al debido proceso, pues el 11 de mayo de 2016 emitió una Resolución de sobreseimiento a su favor, la cual fue impugnada por los denunciantes y el Ministerio de Educación, memoriales que fueron respondidos el 18 de julio de igual año.
La Resolución Jerárquica aludida, se emitió dando cumplimiento a lo dispuesto en la "" (sic) que dejó sin efecto "la anterior R. J. No 24/2017 de 18 de julio" (sic), en ella, se incurrió en falta de congruencia en razón a los siguientes elementos:
- a)En ninguna parte se refirió a la impugnación contraria, sin decir las razones por las que llegó a su decisión;
- b)El anterior juez de garantías, quien resolvió la anterior acción de amparo, estableció que la impugnación de una resolución de sobreseimiento equivale a una apelación, de forma que se debe respetar la congruencia interna y externa, identificando los medios de prueba que no fueron valorados por el Fiscal de instancia
- c)Los impugnantes incluso reconocieron que no hubo una argumentación contradictoria, extremo sobre el cual la Resolución Jerárquica 83/2018 guardó silencio;
- d)Respecto a una supuesta manipulación informática, no se explicó de qué manera se debió responder por ello, cuando se estableció que los presuntos autores de tal acción fueron otros, protestando por un aspecto nunca atribuido a la accionante, aspecto omitido en la Resolución Jerárquica cuestionada;
- e)Se mencionó que entre otras personas, de manera reiterativa, entre ellas la demandante, no efectuaron ninguna acción legal administrativa para la eliminación de las calificaciones o notas de aprobación el alumno, aludiendo además a Leoncio Choque Huarachi y Eduardo García Morales como probables autores del delito de encubrimiento, circunstancias no contenidas en la imputación, denuncia ni querella, atribuyéndole en realidad el delito de omisión de denuncia u omisión de acción, pues se le sindicó de insertar notas de aprobación del estudiante, situación que le genera indefensión;
- f)Se le atribuye el delito de incumplimiento de deberes sin decirle qué es lo que debió efectuar, pues no se comprende lo mencionado en cuanto a que estaba compelida a planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos, sin decirle un procedimiento o qué hubiere omitido y sin precisar qué pruebas, siendo que se hizo referencia a que ella habría llenado notas de aprobación del alumno y luego eliminado las mismas;
- g)Por un lado se indica que quien llenó las notas fue Marina Escobar y quien eliminó las mismas fue Horacio Bustillos, sellando que la demandante de tutela insertó e hizo insertar, extremo que vulnera su derecho al debido proceso, pues se le atribuye dos conductas antagónicas entre sí, refiriéndose a un registro el cual no fue especificado, desconociéndose el mismo; y,
- h)La Dirección Distrital de Educación de Oruro presentó una planilla que acreditó el pago del alumno en cuanto al cobro del Bono "Juancito Pinto", atribuyéndole falsamente que ella aportó al pago del mismo aún a pesar de la inasistencia del estudiante.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
Considera lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Mostrando 13 de 62 parrafos.