0991/2022-S2

Silvia Antonia Quisbert Mamani, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 16 de junio de 2021, cursante a fs. 25 y vta., con base en el principio de Unidad del Ministerio Público, y debido a que la autoridad demandada se encontraba con baja médica a causa del COVID-19, sostuvo que:

1. a)Con relación a la solicitud interpuesta el 5 de enero de igual año, por parte del impetrante de tutela requiriendo "OFICIOS", según el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), esa institución no emite dichos escritos, y sobre el requerimiento de fotocopias legalizadas, se le respondió que debería indicar las piezas procesales que precisaba;
2. b)Respecto de los memoriales de 15 y "18" del referido mes y año, lo requerido fue autorizado en lo pertinente, aclarándose los motivos del rechazo con relación a los puntos 8 y 9, al no ser atribución específica del investigador asignado al caso; y,
3. c)No se cumplió con la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, ni su pretensión se enmarca a la naturaleza jurídica de la misma, cuya finalidad está destinada a salvaguardar el derecho a la libertad. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución S-219/2021 de 16 de junio, cursante de fs. 31 a 33 vta., denegó la tutela solicitada, empero -vía disciplinaria-, llamó severamente la atención al abogado patrocinante, por incurrir en el numeral 3 del art. 9 de Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) y no observar la subsidiariedad en la acción de libertad. Determinación dictada con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Respeto a que el Ministerio Público hubiera dilatado las peticiones referentes a la emisión de requerimientos fiscales impetrados en los memoriales de 5 y 15 de enero, 22 de febrero y 30 de abril de 2021, la autoridad demandada respondió a cada uno de ellos, tal cual fueron providenciados por decretos de 5 y 18 de enero, 24 de febrero, 28 de abril y 3 de mayo del mismo año; por lo que, no existió acto omisivo en el que la Fiscal de Materia hubiera incurrido;
2. 2)La petición de no concesión de fotocopias legalizadas, no concordaba con los lineamientos de la acción de libertad de pronto despacho, conforme estableció la SCP 0036/2016-S3 de 4 de enero; y,
3. 3)Ante la negativa de no expedirse los requerimientos peticionados por el impetrante de tutela, se debía acudir al "...Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer de la ciudad de El Alto..." (sic), donde se encontraba radicada la causa, en el marco del art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), e incluso, pudo efectuar su reclamo ante el Fiscal Departamental de La Paz, conforme prevé el art. 306 del citado Código, incurriendo en la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, impidiendo que se ingrese a resolver el fondo del mismo.

II.1. Cursa fotocopia de memorial de 5 de enero de 2021, presentada ante Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscal de Materia -hoy demandada- por Luis Ángel Bustamante Siñani -ahora accionante- impetrando oficie requerimientos para certificaciones, informes, registros y otros a la:

1. i)Dirección de Migración de La Paz, le extienda una certificación respecto a que si su persona registra flujo migratorio vía terrestre, aérea y/o ferroviaria;
2. ii)Al Director Nacional del REJAP si tuviere antecedentes penales;
3. iii)A la Dirección Nacional de Técnicas Auxiliares de la Policía Boliviana en cuanto a que extiendan certificación de la FELCC y FELCV, y si tiene antecedentes policiales;
4. iv)Al Gobernador de Régimen Penitenciario de "San Pedro", se extienda informe sobre estudio socioeconómico e informe psicológica;
5. v)Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar del citado departamento, certifique que no tiene antecedentes policiales;
6. vi)Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del departamento indicado;
7. vii)Dirección Nacional de REJAP, certifique si cuenta con antecedente en el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE);
8. viii)Dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) La Paz, informe si colaboró o entorpeció la investigación en ese proceso penal;
9. ix)Al Director de la FELCV La Paz, informe cuál es su conducta en el proceso penal, desde su detención preventiva "hasta la fecha";
10. x)Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial La Paz;
11. xi)Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar 3 de la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto del precitado departamento; y,
12. xii)Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad y departamento prenombrados. Constando respuesta de la Fiscal de Materia demandada, la misma fecha indicando que: "...de acuerdo a lo previsto por el art. 40 de la ley 260 el Ministerio Público no emite oficios por lo que deberá ejecutar su petición acorde a las atribuciones establecidas en la normativa" (sic). Tenor que fue reiterado mediante memorial de 15 de enero de 2021; mereciendo atención a través del proveído de 18 de ese mes y año, por la referida autoridad fiscal, señalando que: "Emítase los requerimientos a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 y 11" (sic), y respecto al 8 y 9 no ha lugar; debido a que, no era atribución del funcionario policial la elaboración de informes de conducta que no se encuentran dentro del hecho, y con relación al punto 12: "con carácter previo adjunte documentación y se requerirá" (fs. 2 a 8).

II.2. Mediante memorial de 22 de febrero de 2021, dirigido a la autoridad demandada, el peticionante de tutela reiteró que el:

1. a)Director de la FELCC de El Alto, efectué la verificación de su domicilio real, el respectivo croquis y se levante el acta correspondiente, así como las tomas fotográficas; y,
2. b)Gobernador de Régimen Penitenciario de "San Pedro", extienda informe sobre estudio socioeconómico e informe psicológico. Cuya respuesta a través de decreto de 24 de igual mes y año, emitida por la representante fiscal, quien indicó que se tenía presente con relación al primer punto, y sobre el segundo señaló que "...previamente aclare la autoridad a la que iría dirigido el requerimiento solicitado y se considerará" (sic [fs. 10 a 12]).

II.3. Se tiene fotocopia del escrito de 21 de abril de 2021, dirigido a la Fiscal de Materia demandada, en el que el solicitante de tutela impetró requerimiento:

1. 1)Al Gobernador de Régimen Penitenciario de "San Pedro", extienda informe sobre estudio socioeconómico e informe psicológico;
2. 2)Al Director de la FELCV La Paz, informe si colaboró o entorpeció la investigación en ese proceso penal;
3. 3)Al Investigador asignado al caso, informe el avance de la investigación; y,
4. 4)A la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del citado departamento, indique sobre cuestiones de la investigación. Siendo atendido mediante providencia de 28 del señalado mes y año, detallando que: al punto 1, con carácter previo debía aclarar el funcionario de Régimen Penitenciario al cual iría dirigido el requerimiento; a los puntos 2 y 3, no ha lugar; debido a que "...absolver informes para las partes o sujetos procesales no se encuentran dentro de las facultades de los miembros de la Policía Bolivia[na] que cumplen funciones de policía judicial, conforme lo previsto por el Art. 295 del C.P.P., más aun cuando no guarda pertinencia con relación al hecho que se investiga" (sic); y, al punto 4, que tendría que acudir a la autoridad jurisdiccional del cual depende dicha funcionaria (fs. 13 a 14).