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TCP

0991/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de junio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0991/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0991/2026-S1 Sucre, 19 de junio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 68133-2024-137-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 17 de 11 de octubre de 2024, cursante de fs. 182 vta. a 195, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Céspedes Salazar en representación sin mandato de Alexander Justiniano Justiniano; Pedro; William; y, Moisés, todos de apellidos Vaca Terceros contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimocuarto del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz; y, Marithza Pedrazas Vega, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 10 de octubre de 2024, cursante de fs. 129 a 142, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Alexander Justiniano Justiniano -accionante- se encuentra procesado dos veces por los mismos hechos, siendo que el 17 de mayo de 2024, se le inició el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 Código Penal (CP), signado con número de Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102012403725 que fue de conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; empero, el 17 de junio de igual año, se le inicio otro proceso penal por el mismo delito, signado con FUD 701102042401497 bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimocuarto del Plan 3000 del citado departamento, doble juzgamiento que no fue advertido por el Ministerio Público, cuando se constituye en una vulneración al derecho al debido proceso y al principio non bis in ídem, que garantiza que nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho.

Por otro lado, respecto a Pedro, William y Moisés todos de apellidos Vaca Terceros -coaccionantes-, se tiene que el 19 de agosto de 2024, la Fiscal de Materia ahora coaccionada ejecutó un allanamiento de su oficina con la facultad de secuestrar documentos, computadoras y cajas fuertes; sin embargo, secuestraron vehículos de su propiedad que eran de su uso cotidiano, tanto para su trabajo como para trasladar a sus hijos al colegio como a la empresa, los cuales se encontraban en la vía pública, situación que se dio cuando aún no formaban parte de la investigación ni fueron denunciados en el proceso penal, siendo notificados de forma posterior en sus domicilios. El 12 de septiembre de 2024, solicitaron formalmente a la Fiscal de Materia hoy coaccionada la devolución de sus vehículos, documentos y demás objetos personales indispensables para su sustento diario, pedido que no fue respondido a pesar de transcurrir más de dos meses, es más fueron eliminados del Sistema Justicia Libre 2 (JL2); no obstante, al apersonarse al referido proceso, solicitaron su reingreso, teniendo que ir personalmente para solicitar que se dé curso a su pedido realizado a través del memorial de la indicada fecha. En ese entendido, es evidente el diferente trato procesal entre sus personas y la parte contraria -Compañía Industrial Azucarera "San Aurelio" Sociedad Anónima (S.A.)-, siendo que cuando los hermanos Vaca Terceros coaccionantes presentan un memorial la respuesta demora días, en cambio cuando la otra parte presenta memorial al día siguiente ya se emite el decreto y el "asignado" al caso elabora el informe de manera inmediata.

Los hermanos Vaca Terceros coaccionantes acudieron al Juez hoy accionado que ejerce el control jurisdiccional para que ejerza el control de la investigación y ordene la devolución de sus pertenencias; sin embargo, el nombrado Juez resolvió no ha lugar a su petición; por lo que, reiteraron su solicitud a la Fiscal de Materia ahora coaccionada, sin obtener respuesta, cuando es su responsabilidad pronunciarse sobre la devolución, aplicando el principio de género y tratados internacionales al existir grupos vulnerables implicados, como son sus hijos, quienes son menores de edad y residen con ellos y ante las irregularidades del presente proceso viven con temor, cuando lo correcto es emitir una orden de devolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, en observancia al trato reforzado que se debe aplicar a los grupos vulnerables.

Asimismo, el "26 de agosto de 2024" solicitaron que se emita requerimientos fiscales para la verificación de sus domicilios, los cuales fueron negados, autorizando únicamente el flujo migratorio y antecedentes; además, "...No podemos estar a la deriva durante más de dos meses a la espera de que un informe policial sea emitido..." (sic) y solicitaron a la Fiscal de Materia ahora coaccionada informe si existía una orden de aprehensión contra sus personas; empero, no recibieron respuesta, siendo reiterada su solicitud, pero tampoco existió pronunciamiento, cuando es urgente que se aclare su situación jurídica y no exista incertidumbre que afecte su salud y la estabilidad de sus hijos.

Por otro lado, antes de acudir a la vía constitucional presentaron excepción de incompetencia en razón de materia ante el Juez ahora accionado; sin embargo, hasta el presente -se entiende hasta la interposición de la presente acción tutelar-no se llevó la audiencia, incumpliendo el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación al art. 314 del citado Código. I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos "...a no ser sancionado dos o más veces por la infracción del mismo bien jurídico" (sic), a la libertad y a los principios de interés superior del niño y nos bis in idem; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 58, 59.I y II, 60, 115.I y II y 179 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia:

  1. a)Se ordene al Juez ahora accionado remita el cuaderno procesal signado con número FUD 701102042401497 iniciado el 17 de junio de 2024, ante el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz a efectos de su acumulación al primer proceso penal por el mismo delito registrado con FUD 701102012403725;
  2. b)Se deje sin efecto cualquier orden de aprehensión contra sus personas;
  3. c)Se ordene la suspensión de cualquier acto de investigación en tanto y en cuanto no se resuelva la excepción de incompetencia en razón de materia que formularon; y,
  4. d)Se ordene la devolución de los siguientes vehículos, Mitsubishi con placa 6350UCG, Mitsubishi con placa 6356AZH y Honda con plaza 4751CII.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 173 a 182, se produjeron los siguientes actuados.

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