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TCP

0992/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
23 de junio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0992/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2026-S1 Sucre, 23 de junio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 59955-2023-120-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01 de 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 1105 vta. a 1114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elia Romero Rojas contra Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, ex Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 21 de diciembre de 2018, cursante de fs. 685 a 691 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la demanda ejecutiva seguido por José Orestes Morales Suárez -hoy tercero interesado- contra de su esposo Pablo Villagómez Galvis, radicado en -el entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz-, el 28 de marzo de 2006 se emitió el Auto Intimatorio de 28 de marzo de 2006, ordenando se libre mandamiento de embargo de los bienes dejados en garantía; es así que, el 4 de abril de ese año, se libró dicho mandamiento ordenando se trabe el embargo de los bienes del ejecutado, no así de su persona. Con los citados Auto Intimatorio y mandamiento de embargo no fue notificada, y una vez señalada la audiencia de conciliación, la misma no fue realizada, habiendo ingresado la Secretaría del referido Juzgado el expediente a despacho de manera apresurada; por lo que, el 8 de mayo del citado año, el entonces Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia 45 de 8 de mayo de 2006, declarando probada la demanda y ordenó se prosiga el trámite hasta el remate de los bienes que se acrediten de propiedad del ejecutado, no así de su persona.

El entonces Oficial de Diligencias del Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, procedió al embargo del bien inmueble de propiedad de su esposo elaborando el acta respectiva; sin embargo, su persona no fue notificada con el mandamiento de embargo ni con la referida acta. Aprobado el avalúo pericial se fijó la primera audiencia de remate, cursando a fs. 56 la diligencia de notificación a su esposo, con la solicitud de audiencia, el "decreto" de fijación de nueva fecha y el primer aviso, en la que de manera delictiva y falsa, el Oficial de Diligencias del entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, afirmó que fue entregado a su persona y que firmó la diligencia en constancia, siendo que jamás tomó conocimiento de ese acto fraudulento, con el que se pretende asegurar el resultado de apropiarse de su patrimonio utilizando su nombre en una diligencia falsa.

Con el "decreto de 13 de agosto de 2009" de señalamiento de segunda audiencia de subasta y remate, fue notificado su esposo, nuevamente de manera fraudulenta; ya que, se usó su nombre en calidad de testigo, siendo que jamás tomó conocimiento del proceso ejecutivo. Una vez efectuado el doloso remate de su patrimonio, el mismo fue adjudicado de manera delictiva a Hernán Víctor Ruiz Cárdenas -hoy tercero interesado-; ya que, a ese actuado se presentó como postor el hijo del abogado del ejecutante; además, los postores participaron en el acto de remate sin haber efectuado el depósito judicial que los habilite a participar en la puja; así también, el Juez de la causa aprobó la adjudicación en favor del nombrado, dejando sin efecto una anterior adjudicación realizada al primer postor, cuando ya se había resuelto el derecho del segundo postor por falta de efectivización del saldo del precio en el plazo de tres días, a pesar de ello, se declaró la ejecutoria del Auto de aprobación de la adjudicación y se extendió la minuta de transferencia en favor del adjudicatario.

El 15 de junio de 2016, a tiempo de obtener un certificado alodial del bien inmueble -rematado- del cual es copropietaria, se sorprendió al enterarse que el mismo ya le pertenecía a otra persona, sin que su persona hubiese realizado acto de disposición alguna, autorizado su venta o dando su consentimiento, ni ser parte del proceso ejecutivo; es así que se apersonó al entonces Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, suscitando un incidente de nulidad de obrados, reclamando el ilegal remate de un bien ganancial que es el patrimonio de su familia, sin ser parte ni haberse dictado sentencia contra su persona; habiéndose confiscado judicialmente su bien inmueble mediante actos fraudulentos para beneficiar delictivamente a un tercero que no se encontraba habilitado para participar del remate por falta del depósito de ley.

El incidente de nulidad de obrados fue rechazado por Auto 239 de 23 de abril de 2018, emitido por el Juez ahora coaccionado, sin previa notificación a las partes procesales ni imprimir el trámite procesal establecido por el art. 152 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Octava parágrafo I del Código Procesal Civil (CPC); además, sin motivación ni fundamentación; Auto que aún no fue notificado a las partes procesales. Una vez apelada esa determinación, los Vocales hoy accionados mediante Auto de Vista 192 de 19 de junio de igual año, confirmaron totalmente el referido Auto recurrido -239-, sin percatarse que no se encontraba abierta su competencia por falta de notificación a las partes procesales con dicho Auto; por lo que, debieron devolver el proceso al Juzgado de origen para que se subsane esa omisión; sin embargo, emitieron el citado Auto de Vista sin motivación ni fundamentación jurídica, vulnerando sus derechos; ya que, de los datos del proceso, emergen hechos que denotan y demuestran que actuaron de manera "colusoria" con el adjudicatario, repitiendo en ese Auto de Vista, los argumentos expuestos por él y consintiendo actos ilegales para favorecerlo.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, igualdad de las partes, fundamentación, motivación y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la garantía de seguridad jurídica y a la legalidad; citando al efecto los arts. 14.III, 56.I, 109, 110, 115, 117.I, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)La nulidad de los actos realizados por los Vocales y el Juez ahora accionados hasta su origen; es decir, anule obrados hasta "fs. 15" inclusive y previo a proseguir el trámite del proceso, se labre una nueva acta de embargo, aclarando que se embarga la cuota ganancialicia del ejecutado Pablo Villagomez Galvis; y,
  2. b)Resolviendo en el fondo, se reestablezca su derecho propietario ganancialicio registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0033217 del Fundo "La Peña" y que fue ilegalmente rematado.

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