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TCP

0992/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0992/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2026-S3 Sucre, 10 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 70187-2025-141-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 318/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 405 a 411 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Susana Felicidad Garfias Selaez contra María Renee Castro Cusicanqui, Ministra de Salud y Deportes; y, René Luis Delgado Aguirre, Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 28 de octubre de 2024, cursantes de fs. 39 a 45 y 49 a 50 vta. respectivamente, la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de asegurada de la CNS, señaló que padecía una enfermedad renal crónica grado cinco, catalogada como terminal; razón por la cual, requería someterse a un trasplante renal como tratamiento para su patología; manifestó que dicha enfermedad le fue diagnosticada hacía más de dieciocho años y que, a efectos de acceder al referido procedimiento quirúrgico, contaba con un donante voluntario que no guardaba vínculo de parentesco con ella; asimismo, indicó que cumplió con la totalidad de los requisitos previstos por la normativa aplicable; entre ellos, la suscripción del consentimiento expreso, libre y gratuito mediante escritura pública otorgada ante Notaría de Fe Pública.

Las autoridades ahora demandadas rechazaron la autorización para la ablación y el posterior trasplante, con el fundamento de que el Instructivo MSyD/VGSS/DGRSS/PNSR/IN/19/2024 de 15 de mayo, emitido por el Director General de Redes de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Deportes, restringía la realización de dichos procedimientos a los casos en que el donante tuviera vínculo familiar con el receptor; esa determinación le impidió acceder al tratamiento requerido, por lo que se encontraría en una situación de deterioro permanente de su salud y riesgo inminente de morir.

Sostuvo que, debido a la urgencia de su estado de salud y al riesgo de que se produjera un daño irreparable, se encontraba imposibilitada de agotar previamente los mecanismos administrativos ordinarios; motivo por el cual, acudió directamente a la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de defensa; de igual forma, acreditó el cumplimiento de las exigencias previstas en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos, de 5 de noviembre de 1996, y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo (DS) 1115 de 21 de diciembre de 2011, normas que autorizaban la donación de órganos entre personas vivas sin establecer limitación por razón de parentesco.

En consecuencia, denunció que las autoridades hoy demandadas otorgaron prevalencia a un instructivo administrativo por encima de las disposiciones legales y constitucionales aplicables, lo que derivó en la vulneración de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad; así como, al principio de primacía y aplicación preferente de la norma suprema, citando al efecto los arts. 15.I y III, 22, 35, 36, 37, 39, 43, 44.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

  1. a)La restitución y protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud;
  2. b)Se aplique preferentemente la Constitución Política del Estado, la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos y su Reglamento, de manera que se le permita y autorice el procedimiento de trasplante renal a su favor con el donante vivo voluntario propuesto; y,
  3. c)Sea con la respectiva imposición de costas y demás sanciones de ley a las autoridades ahora demandadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 397 a 404; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

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