0993/2019-S2

Expediente: 29918-2019-60-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2019 de 12 de julio, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Santos Sirpa Quispe en representación sin mandato de Yandira Agar Cerruto Mercado contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, Secretario y Auxiliar de dicho despacho judicial. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 12 de julio de 2019, cursante de fs. 18 a 22, la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Interpuso denuncia contra Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes, quien el 2 de febrero de 2019, en horas de la madrugada, atentó contra su integridad física, propinándole una golpiza, que la dejó con diez días de impedimento según el certificado del médico forense; en cuyo mérito fue aperturado un caso que derivó en la imputación formal por parte del Ministerio Público, proceso que vino dilatándose durante meses, al punto que el imputado continua libre y sin ninguna medida en su contra que asegure su sometimiento al juicio, por cuanto el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, admitió todo tipo de excusas para suspender la audiencia de medidas cautelares, hasta el 10 de julio de igual año, en la que fue declarada su rebeldía, determinándose su arraigo, el congelamiento y anotación preventiva de sus cuentas y bienes, así como la expedición de mandamiento de aprehensión; empero hasta la fecha, pese a la reiterada insistencia de sus abogados, no se dio cumplimiento a tales determinaciones, sin que se expidieran los oficios y mandamientos correspondientes, por retardación en la elaboración de los mismos por parte del personal de apoyo de ese despacho judicial. Esta demora, violenta los derechos de su representada, por cuanto al encontrarse libre el imputado, no solo se le estaría dando la oportunidad de fuga, sino que se constituye en un peligro contra la víctima; no obstante que la Constitución Política del Estado constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas o ilegales e innecesarias, en especial en este tipo de procesos, así también lo ha entendido la jurisprudencia constitucional. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Señaló como lesionados su derecho a la vida, por retardación de justicia, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se otorgue la tutela, y en consecuencia se disponga:

1. a)Que se respete su derecho a la vida digna;
2. b)Que se expidan inmediatamente los oficios a la entidades que corresponda como dispone la Resolución 410/2019 de 10 de julio; y,
3. c)Que la autoridad demandada se pronuncie de forma inmediata respecto a los controles jurisdiccionales y se cumplan las diligencias coordinadamente. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó el contenido de la acción tutelar presentada y ampliándola señaló lo siguiente:
4. 1)Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes por la presunta comisión del delito de violencia doméstica, son reiteradas las audiencias de suspensión (más de cinco), proceso en el que además de haberse ordenado se libre el mandamiento de aprehensión, entre otras determinaciones, no se ha procedido a librar dicha orden, situación que pone en riesgo su vida, debido a que el acusado anda libre y sin que medie ninguna garantía de protección que la autoridad judicial hubiera dispuesto en favor de la víctima; y,
5. 2)No hizo ningún reclamo por escrito al Juez de la causa, pero en reiteradas oportunidades se apersonaron al Juzgado pretendiendo recoger dichos oficios y ordenes, las que no les han sido entregadas por los funcionarios de apoyo de ese despacho judicial. I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarios demandados Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe expreso presentado el 12 de julio de 2019, que corre a fs. 26 y vta. sostuvo lo siguiente:
6. i)La accionante refiere que desde el 10 de julio de 2019 sus abogados habrían concurrido en reiteradas oportunidades al Juzgado a su cargo, negándoles los oficios dispuesto por resolución de declaratoria de rebeldía de 10 de igual mes y año, lo cual no es evidente, por cuanto los funcionarios refieren que el abogado de la impetrante de tutela compareció únicamente el 12 del mencionado mes y año, a solicitar el cuaderno procesal, indicándole que el mismo se encontraba en la Sala Penal Tercera del mismo departamento;
7. ii)El 11 de julio de 2019, fue notificado con la acción de libertad planteada en su contra por parte de Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes, la cual radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz donde fue remitido el cuaderno procesal; y,
8. iii)Desconoce el resultado de lo dispuesto en la referida acción de libertad, en la que Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes pretendía dejar sin efecto la Resolución de su declaratoria de rebeldía, con la que no le habrían notificado todavía. Ángel Rosendo Trujillo Benito, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentando el 12 de julio de 2019, que corre a fs. 29, aseveró: a) De los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, del cual emerge la presente acción de defensa en la que refieren que, no se le habría querido otorgar los oficios, dispuesto en la Resolución "414/2019", ello es totalmente falso; y, b) El abogado se apersono al Juzgado a preguntar del cuaderno, indicándole que se encontraba en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que el 11 de julio de 2019 se realizó la audiencia de otra acción de libertad, y que todavía no había sido devuelto. Álvaro Antonio Rojas Alba, Auxiliar del Juzgado Público de Familia Noveno de El Alto del departamento de La Paz, por informe de 12 de julio de 2019, que cursa a fs. 28 manifestó: 1) En suplencia legal, viene desarrollando las actividades del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme a memorando adjunto; y, 2) Tanto el representante legal y los abogados de la parte accionante no llegaron a tramitar los oficios respectivos, respecto a la rebeldía dispuesta de Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes y los únicos actuados que efectuaron fueron respecto a la apelación que se ventila en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la presente acción de defensa. I.2.3. Resolución El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18/2019 de 12 de julio, cursante de fs. 32 a 35, denegó la tutela solicitada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el proceso penal por violencia doméstica contra Jorge Andrés Caballero Canedo Reyes, siendo la victima Yandira Agar Cerruto Mercado, en el cual hubieron varias solicitudes de audiencia de medidas cautelares a la que el imputado no habría concurrido, quien justificó éste hecho en algún momento con un certificado médico, para finalmente en la audiencia de 10 de julio de 2019, ante su incomparecencia, fue declarada su rebeldía, entre otras medidas, conforme a lo previsto en el art. 87 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ii) Para ser tutelado mediante una acción de libertad es necesario que su demanda esté relacionada con el derecho de libertad y en el presente caso quien presenta la demanda tutelar es la víctima y no el acusado; iii) No ha sido demostrado con la documental pertinente de que se habría realizado algún reclamo, por cuanto los reclamos por retardación se pueden efectuar en el "libro del litigante", que existe en todos los juzgados donde pudo sentarse el mismo, haciendo constar ese hecho o que la causa no se encontraba a la vista, o estaría en despacho;
9. iv)A la consulta efectuada sobre de qué forma pueden hacer cumplir sus peticiones ante el Juez, el Código Procesal Constitucional establece la responsabilidad emergente de la falta del cumplimiento de las obligaciones de todo servidor público;
10. v)En el presente caso el reclamo no presenta respaldo, y en cuanto a que se encontraría en peligro, están las medidas de protección que pueden ser otorgadas por el Ministerio Público o en su caso puede solicitarlas al órgano jurisdiccional conforme a los arts. 54 y 279 del CPP, la cual no puede ser reemplazada por la vía constitucional, por cuanto deben agotarse los mecanismos intraprocesales, la víctima tiene las vías legales idóneas para hacer valer sus derechos; y,
11. vi)La falta de documentación que avale su reclamo impide que el Tribunal de garantías ingresó a dilucidar de forma minuciosa la presente acción de libertad, a lo que se añade el hecho de no contar con el cuaderno procesal debido a que éste habría sido remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a la sustanciación de otra acción de libertad. En vía de complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó la aclaración, sobre si se habría ingresado al fondo de la acción de libertad y a la aplicación de los arts. 47 y 75 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-.