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TCP

0993/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
23 de junio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0993/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0993/2026-S1 Sucre, 23 de junio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 76546-2025-154-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 161-2025 de 19 de agosto, cursante de fs. 662 vta. a 664 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yanet Noemy Paniagua Villa contra Gabriela Paula Araoz López y Manuel Baptista Espinoza, Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memoriales presentados el 15 y 18 de julio de 2025, cursantes de fs. 554 a 567; y, 607 a 613, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de septiembre de 2021, Víctor Hugo Camargo Hoyos -hoy tercero interesado-, presentó denuncia disciplinaria contra su persona y contra Freddy Coronel Alacoma -Juez ahora tercero interesado-, en su calidad de Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiriendo que dentro del proceso penal signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20170166, seguido por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), el ahora tercero interesado fue sentenciado injustamente a una pena privativa de libertad de cuatro años, siendo a lo largo de su juzgamiento, objeto de constantes abusos por parte de su persona y del citado Juez hoy tercero interesado, quienes incurrieron en dilaciones constantes e indebidas, que le ocasionaron perjuicio al encontrarse tres años recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de ese departamento, prácticamente a punto de terminar la pena impuesta, dilaciones que fueron denunciadas en su momento a través de recursos ordinarios y constitucionales, siendo Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado, merecedor de tutela en cada una de sus acciones.

El 26 de septiembre de 2019, Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado, nuevamente solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que presuntamente no merecido respuesta por parte de su persona y del Juez ahora tercero interesado, hasta la interposición de su acción de libertad, tomando en cuenta que desde el 11 de octubre de 2019, corría el plazo de cinco días para emitir un fallo conforme dispone el último párrafo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, hasta el 18 octubre de 2019, sin que su persona y el Juez hoy tercero interesado, emitan una resolución, motivo por el cual tuvo que acudir a la jurisdicción constitucional.

Tramitado el proceso disciplinario, Benjamín Baldiviezo Cari, Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, pronunció la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23 de 28 de diciembre, declarando probada en parte la denuncia disciplinaria formulada por Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado contra su persona y el Juez hoy tercero interesado, por adecuar su conducta a la falta disciplinaria grave prevista por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, imponiéndoles una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes e improbada la falta grave prevista por el art. 187.9 de la referida Ley. Su persona fue notificada con la indicada Resolución Definitiva, planteó recurso de apelación, formulando además la excepción de prescripción de la acción disciplinaria, impugnación que dio lugar a que las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, pronunciaran la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio, la cual declaró improbada la excepción de prescripción y confirmó la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23; no obstante, omitieron -pronunciarse- sobre la incorrecta valoración de la prueba del Juez de Primera Instancia y resolver todos los argumentos expuestos como agravios en el recurso de apelación planteado; por lo que, se formuló solicitud de complementación, explicación y enmienda, misma que fue resuelta mediante Auto de 2 de abril de 2025, emitida por los Consejeros hoy accionados, quienes declararon no ha lugar a la referida solicitud, quedando sin respuesta los agravios formulados en su recurso de apelación.

Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024 incurrieron en incorrecta aplicación e interpretación del instituto de la prescripción al declararla improbada, omitiendo considerar el plazo de dos años que establece el art. 207.I y II de la LOJ y los razonamientos vinculantes y obligatorios contenidos en la , tomando en cuenta que la acción disciplinaria prescribe a los dos años contados a partir del día que se cometió la falta y que la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción, en ese sentido, el art. 30.III inc. b) del Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, establece que el plazo se interrumpe con la citación a la disciplinada con el auto de admisión de la denuncia disciplinaria, lo que impide que la interpretación de esa norma sea aplicada de manera desfavorable a efectos de no dar curso a la prescripción de la acción disciplinaria.

En el caso concreto, la supuesta conducta denunciada, es de 18 de febrero de 2020, como la última decisión judicial emitida sobre la cesación a la detención preventiva solicitada por Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado y denunciante en el proceso disciplinario, en ese sentido, la citación con la admisión de la acción disciplinaria se practicó el 21 de septiembre de 2021, como fecha de interrupción de la prescripción y el inició nuevamente de su cómputo; en ese contexto, la emisión de la Resolución Definitiva de Primera Instancia 92/23, fue emitida a los dos años, dos meses y siete días, desde su citación con la denuncia y la Resolución TSI-AP 300/2024 después de más de cinco meses, es decir, después de más de dos años y siete meses desde la interrupción del plazo de prescripción; más aun, considerando que la presunta falta disciplinaria data desde la emisión del Auto de 18 de febrero de 2020, pronunciado en cumplimiento al Auto de 3 de igual mes y año, sin retardo indebido o injustificado alguno; cómputo de la prescripción de la acción disciplinaria acorde con la , que entre otras, determinó que el disciplinado, no puede estar indefinidamente sometido a la tramitación del proceso disciplinario, considerando su carácter sumario previsto por el art. 3 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, correspondiendo en consecuencia declarar la prescripción de la acción disciplinaria.

Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución TSI-AP 300/2024, incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la valoración de la prueba; puesto que, tanto el Juez disciplinario, como el Tribunal de segunda instancia inobservaron lo establecido por los arts. 70 y 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; por cuanto, omitieron considerar que el tiempo transcurrido de más de tres años que refiere Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado, de verse impedido de ejercer su derecho a la libertad, a pesar de la existencia de sus peticiones de cesación de su detención preventiva, todas ellas tuvieron pronunciamiento entre el 2019 y 2020, sobre dicha solicitud, las cuales merecieron recursos de impugnación hasta el último "...Auto de Vista de febrero de 2020..." (sic), que dispuso pronunciar un nuevo auto sobre la cesación de la detención preventiva, conforme detalló en su informe circunstanciado, esos actos judiciales no pueden ser revisados ni analizados con fines disciplinarios, por el principio de independencia judicial. Esa omisión respecto a la valoración de la prueba, no permitió la demostración de la inexistencia del hecho o de la conducta denunciada, generando inclusive inobservancia del principio de verdad material y de legalidad, al no existir coherencia entre el supuesto hecho con la conducta tipificada y por consiguiente la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes impuesta.

Las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura, incurrieron en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios formulados en el recurso de apelación formulado por su persona y por el Juez hoy tercero interesado, respecto a la inexistencia de la conducta disciplinaria en su contra; así también, hicieron referencia a un decreto o providencia de 27 de septiembre de 2019, suscrito únicamente por el nombrado, entonces Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, desconociendo que la sanción disciplinaria tiene naturaleza intuito personae; ya que, el proceso debe establecer con total claridad y sin duda alguna, quién es responsable del acto u omisión que genera la falta disciplinaria; además que, omitieron explicar los motivos por los cuales no verificaron la valoración probatoria en primera instancia, lo que hace ver que la Resolución de Segunda Instancia resulta estar viciada de nulidad y convirtió al Tribunal de segunda instancia en parcializado, que se despojó de su sana crítica y prudente arbitrio para sancionarle de forma drástica con un mes de suspensión de funciones, sin goce de haberes, basado en un hecho inexistente y forzado para afirmar la existencia de retardación en la tramitación del proceso.

Así también, la Resolución TSI-AP 300/2024, inobservó los principios de legalidad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia, reconocidos por el art. 7.I, V y VII del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, al no existir coherencia entre los antecedentes del proceso disciplinario, la decisión asumida, la conducta tipificada en la LOJ como falta disciplinaria gravísima y la sanción más gravosa de destitución del cargo, las entonces Decana y Consejera del Consejo de la Magistratura no consideraron que el tiempo transcurrido para la cesación de la detención preventiva de Víctor Hugo Camargo Hoyos hoy tercero interesado, no es atribuible a su persona y que para que se declare probada la conducta investigada debe existir prueba que genere certeza incuestionable de la comisión de la misma, aspecto que no ocurrió en el presente caso; por lo que, al concurrir duda razonable sobre la existencia de la supuesta conducta reprochable disciplinariamente, correspondía aplicar el principio de in dubio pro disciplinado y declarar improbada la denuncia disciplinaria por no existir prueba suficiente que la respalde, principio vinculado al principio constitucional de presunción de inocencia y al existir actos jurisdiccionales que no pueden ser revisados y sancionados disciplinariamente.

La sanción disciplinaria impuesta, resulta desproporcional; debido a que, si bien se trata de una falta grave establecida por el art. 187.14 de la LOJ y que el art. 208 de la citada Ley, establece como sanción la suspensión de funciones sin goce de haberes, de entre uno a seis meses. Inclusive la sanción mínima de un mes, resulta desproporcional, considerando que la misma emerge de un decreto de 27 de diciembre de 2019, que no fue firmado por su persona y porque los tres años que refiere Víctor Hugo Camargo Hoyos ahora tercero interesado de encontrarse privado de libertad, emergen de las solicitudes de cesación a su detención preventiva, tramitadas inclusive con la interposición de recursos de apelación que se consolidaron el 2020.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, verdad material, indubio pro disciplinado y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 116. I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto la Resolución TSI-AP 300/2024 de 19 de junio y el Auto de 2 de abril de 2025, que declaró no ha lugar a su solicitud de complementación, aclaración y enmienda; y,
  2. b)Ordenar a los Consejeros ahora accionados, emitan una nueva resolución sin espera de turno y en el plazo de cinco días con base a los argumentos de la resolución constitucional que conceda la tutela.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 658 a 662 vta., se produjeron los siguientes actuados:

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