Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0996/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 29658-2019-60-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 96/2019 de 26 de junio, cursante de fs. 416 a 424 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Kiyoshi Chisaka Montán y Edgar Ricardo R?ck Arzabe en representación legal de Juan Antonio Urquidi Bellido contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 22 de mayo de 2019, cursante de fs. 157 a 179 vta., complementado el 28 del mismo mes y año, cursante de fs. 182 a 184, el accionante a través de sus representantes, expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del juicio oral de re envío, interpuso nuevo recurso de apelación restringida que fue resuelto mediante Auto de Vista de 6 de marzo de 2018, contra el cual planteó recurso de casación, mismo que a través del , emitido por las autoridades demandadas, fue declarando inadmisible, por no haber cumplido los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y por ende no ingresaron al análisis de fondo.
Alega que, dicho Auto Supremo carece de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, fue emitido con argumentos arbitrarios, con error evidente al reiterar que el recurso de casación no contiene la labor de contrastación de la doctrina legal aplicable y el Auto de Vista impugnado, que permita determinar cómo es que ésta última, ante una situación de hecho similar, se aplicaron normas distintas o la misma norma con diverso alcance, por ello considera que ignoraron su propia jurisprudencia y todas las invocaciones que refieren a la doctrina legal aplicable, especialmente sobre el principio de legalidad penal, con su respectivo contraste entre la doctrina legal aplicable y el Auto de Vista impugnado; así como sobre la carencia de antijuricidad, para el efecto no solo invocó la doctrina legal aplicable concerniente a los elementos de tipo sino también aquellas que previenen que la falta de un elemento de tipo determina la ausencia del delito.
Finalmente aduce que en dicho Auto Supremo, los Magistrados demandados utilizaron argumentos sesgados y falsos, siendo los siguientes:
- a)El primer motivo del reclamo se tradujo en indicar que el Auto de Vista impugnado incumplió el art. 398 del CPP, por carecer de fundamentación en relación al defecto previsto en el art. 370.1 del citado código, señalando que dictó dos Sentencias en determinado proceso civil de rescisión por lesión, en el que el acusador particular de ésta causa fue demandado, extractando brevemente que se refirió a la existencia de evasión tributaria confesa; por lo que no se evidenciaría la comisión del ilícito de prevaricato partiendo de sus tres elementos configurativos; puesto que, la configuración procesal que le otorgaron las partes a dicho proceso civil, fue la que propicio el error de prohibición y no la concurrencia del tipo penal, estableciendo que denunció que el Auto de Vista impugnado en vía de casación no se pronunció al respecto. Asimismo, sostuvieron la inexistencia de dolo y que el Auto de Vista que revocó la Sentencia del proceso civil, declara absurda y contradictoria la validez del documento de compra venta con precio de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) inmediatamente luego de declarar que éste precio es falso y que el real es de $us85.000.- (ochenta y cinco mil dólares estadounidenses). Sobre la falta de pronunciamiento de varios puntos reclamados y la vulneración del principio de legalidad, las autoridades demandadas señalaron que son temáticas totalmente diferentes que se encuentran mezcladas en una misma fundamentación, extremo que impediría ingresar a verificar si existe o no contradicción con los Autos Supremos invocados; en ese contexto se limitaron a señalar que se hizo una transcripción de los Autos Supremos referidos, concluyendo que uno de los Autos Supremos invocados como precedente contradictorio, corresponde a la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1972, por cuanto no podían considerar como tal, ignorando lo previsto por el , en el cual acepta como precedente contradictorio los fallos dictados en procesos cuya tramitación fue realizado con el código abrogado, que en el caso el Código Penal no fue abrogado, por lo que la doctrina penal sustantiva no sería afectada por el cambio de la norma adjetiva;
- b)Como segundo motivo del recurso, señalan que se reclamó incongruencia del Auto de Vista impugnado sobre falta de pronunciamiento de la condena o absolución sobre el delito de incumplimiento de deberes, sobre el que no se explicó la contradicción entre la doctrina legal aplicable y el mencionado Auto y, que no se cumplieron los requisitos de flexibilización para conocer el recurso de casación, porque no se habría precisado los derechos y garantías vulnerados por el Auto de Vista impugnado;
- c)En el tercer motivo, indican que el Auto de Vista no observó que el fallo de condena no cuenta con motivación, siendo incompleta, sesgada y fuera de contexto real; aspecto que no mereció pronunciamiento alguno, limitándose a reiterar la falta de contraste de la doctrina legal aplicable y el Auto de Vista impugnado, a más de sostener que uno de los precedentes invocados corresponde a un Recurso de Casación declarado infundado, por lo que no contendría doctrina legal aplicable;
- d)Como cuarto motivo del recurso, indican que se denunció que el Auto de Vista no advirtió la defectuosa valoración de prueba, ya que no consideró el retiro del documento de venta de $us85 000.- de la pretensión de la reconvención planteada en el proceso civil por el acusador particular, ratificando la petición de validez del documento de venta de Bs50 000.-, así como la confesa evasión tributaria que consta en el proceso civil; aspecto que no fue valorado correctamente, señalando que no se precisó los errores lógico jurídicos cometidos en la valoración de la prueba y, reiterando erradamente los argumentos citados en los otros motivos; y,
- e)El quinto motivo refiere al argumento que no procede en casación una cuestión incidental que no abre la competencia del tribunal, criterio coincidente con las autoridades demandadas; sin embargo, aún sin haber sido impugnado, declararon inadmisible siendo que no debieron pronunciarse en ningún sentido.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Señala como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva e igualdad, citando al efecto los arts. 115, 116.I, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 inc. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; se deje sin efecto el y se ordene a las autoridades demandadas, emitir un nuevo Auto Supremo, en el marco de los derechos y garantías invocados en la presente acción tutelar, disponiendo especialmente, se resuelva la impugnación en los términos previstos, conforme al principio pro actione.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 26 de junio de 2019, según consta en acta cursante de fs. 391 a 415 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando la misma además por la vulneración al derecho a la igualdad, señaló que, las autoridades demandadas aplican un criterio subjetivo al referir que existe desorden, incluso en su informe escrito y no explican cuál debe ser el orden de los argumentos, situación que les llamó la atención porque ese criterio no solamente será replicado en los Tribunales Departamentales como parte de una jurisprudencia ordinaria sino también será aplicado por el Tribunal Supremo de Justicia e incluso respecto a la incongruencia interna vinculada al tercer argumento de las autoridades demandadas, quienes reiteran sobre el contraste y lo propio en su informe escrito, tampoco explican por qué y de qué manera no se efectuó el contraste, por ello solicitan es que se admita la tutela.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Edwin Aguayo Arando, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 228 a 235 vta., señaló que el accionante no cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos, tanto en el art. 417 del CPP como la jurisprudencia constitucional, por cuanto, al emitir el no obraron con excesivo rigorismo formal, sino más bien de manera fundamentada explicaron que el hoy accionante no cumplió con el deber de proveer los requisitos para la admisión del recurso de casación y tampoco hizo el mínimo esfuerzo de adecuar su petitorio a los presupuestos de flexibilización que se encuentran desarrollados en el punto III de dicho Auto; por lo que, tales carencias no pueden suplirse de oficio a las previsiones establecidas en el art. 398 del CPP y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por cuanto, al no haber admitido dicho recurso actuaron bajo el lineamiento doctrinario de su Sala y en concordancia con la jurisprudencia constitucional, conforme a procedimiento. Respecto al magistrado codemandado Olvis Egüez Oliva, si bien figura su nombre en el informe citado; sin embargo, no consta su firma.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Juan Belisario Vargas Burgoa, mediante informe escrito cursante de fs. 225 a 226, señaló que el Auto Supremo cuestionado, basa sus argumentos en la inadmisibilidad del recurso de casación por no haberse mencionado a los precedentes contradictorios o por no ser los mencionados similares en presupuestos fácticos, aspecto que no deviene de la ausencia de fundamentación, pues el accionante debe mostrar de qué manera se ajustan a los presupuestos de hecho que guardan relación con la causa y no así pretender que se ingrese al análisis de fondo mediante la doctrina legal aplicable en ausencia de los precedentes contradictorios. Asimismo, resalta que en la presente acción de amparo constitucional, también debe considerarse la peregrinación de más de ocho años de la víctima para llegar a esta situación y lo único que pretende la parte accionante, es dilatar el proceso con algún recurso o excepción que termine con el proceso, tomando en cuenta que el condenado se encuentra con condena en recinto penitenciario y la co imputada se dio a la fuga sin saber de su paradero.
Cristian Suárez en representación de Diego Jiménez Guachalla, Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia refirió que se adhiere a los fundamentos de los demás terceros interesados, así como el informe presentado por las autoridades demandadas, solicitando que se deniegue la acción de defensa.
Julio Jhonny Rocha Jiménez en representación de Delina Zurita Herbas, representante Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, en audiencia solicitó que se deniegue la tutela impetrada, enfatizando que en audiencia oral se introdujo la vulneración del derecho a la igualdad sin haber hecho referencia en su memorial de interposición de la presente acción tutelar; por lo que, las autoridades demandadas no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, por esa razón no corresponde su consideración; y, sobre el reclamo que no se admitió el recurso; que fue rechazado en la forma, al efecto no puede argumentar hechos relacionados con el fondo de la problemática, extremo que no se encuentra acorde con lo debatido en la audiencia de amparo constitucional, ya que la parte accionante pretende subsanar una omisión a través de la misma.
Efraín Arancibia en representación de Jorge López Flores, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Cochabamba, en audiencia solicitó que se deniegue la acción tutelar; toda vez que, la parte accionante señala que existen dos formas de admisión del recurso de casación, cumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y excepcionalmente cumpliendo con la flexibilidad y la relevancia constitucional, siendo así debió solicitar al Tribunal Supremo de Justicia y no recién en la acción de amparo constitucional; sin embargo, tampoco refirió la relevancia constitucional con relación a los derechos y garantías vulnerados; y, al desorden que se refieren las autoridades demandadas del Tribunal Supremo, aclara que dijeron "pese al esfuerzo de querer entender y ordenar el desorden en la cual nos plantearon sus argumentos no se puede subsanar no se les entiende..." (sic).
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, por Resolución 96/2019 de 26 de junio, cursante de fs. 416 a 424 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:
- 1)Las autoridades demandadas, efectuaron un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, expresando que en cada uno de los cinco puntos no se cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y tampoco con los presupuestos de flexibilización, por no señalar de manera clara y precisa la contradicción existente entre el Auto de Vista apelado respecto a la doctrina legal aplicable al caso concreto, pues solamente relató lo sucedido en el proceso penal, situación que no representa el cumplimiento del art. 417 de la citada norma, que en su parte final exige que se señale la contradicción en términos precisos y claros;
- 2)Observan que el recurso de casación es confuso, lo que dificultó la labor de admisibilidad del Tribunal Supremo de Justicia, pues si bien se debe dejar los formalismos para tratar de ingresar al fondo en este caso, a pesar de los esfuerzos no se puede señalar al citado tribunal que ingrese a la fuerza a resolver cosas que no se encuentran nada claras;
- 3)La parte accionante en audiencia expresó que existe una vulneración del derecho a la igualdad que no fue demandado en su memorial de interposición de la presente acción tutelar; sin embargo, en audiencia tampoco hizo referencia sobre si existió vulneración en la parte sustantiva o procesal de dicho derecho y al aceptar la incorporación en audiencia de otros tipos de derechos, se estarían vulnerando derechos de las autoridades demandadas, por no haber tenido la posibilidad de refutar la vulneración alegada; por lo que, en audiencia no se pueden modificar los derechos vulnerados que no fueron invocados en su oportunidad;
- 4)En cuanto al principio de congruencia establece que al no haber cumplido con los requisitos de procedencia no se puede considerar la vulneración de dicho principio;
- 5)No se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia; toda vez que, se le permitió asistir a estrados judiciales con el fin de obtener una resolución;
- 6)No existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, se comprenden los motivos por los que se declaró la inadmisibilidad del recurso de casación; y,
- 7)En relación a la falta de relevancia constitucional, esta no fue referida por la parte accionante en la demanda tutelar, que en el fondo reclama tener certeza cual contraste no hubiera realizado, lo que desnaturaliza la acción de amparo constitucional.
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