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TCP

0999/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de junio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0999/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0999/2026-S2 Sucre, 18 de junio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 57042-2023-115-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 08/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 23 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Víctor Salas Oña en representación sin mandato de Cristian Álvaro Armijo Ramos contra Johnny German Buhezo Choque, Juez; y, Carla Jhemina Jiménez, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 10 y vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de robo y robo agravado, por Sentencia 31/2022 de 16 de mayo, fue condenado con la pena privativa de libertad de cinco años de presidio, a cumplirse en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí, condena que cumple bajo la medida cautelar de detención preventiva desde el 12 de "julio" de 2021.

Posteriormente a la emisión de la referida Sentencia, fue trasladado al Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, por orden dispuesta en la "..resolución administrativa 116/2022 de (...) 11 de octubre..." (sic), en calidad de detenido preventivo; por lo que, al desconocer su situación jurídica por memorial presentado el 5 de junio de 2023, dirigido a Johnny German Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí -hoy demandado-, solicitó la ejecutoria de la antes mencionada Sentencia, mereciendo por respuesta el Auto de igual data, mediante el cual se declaró la ejecutoria solicitada; sin embargo, a pesar de ello, no se emitió el mandamiento de condena correspondiente "hasta la fecha"; razón por la cual, presentó un nuevo memorial el 28 de ese mes y año, pidiendo la emisión de dicho mandamiento y que el mismo sea de conocimiento del "...personal policial de régimen de seguridad..." (sic), del señalado Centro Penitenciario.

En ese marco, existió una indebida dilación en la emisión del mandamiento de condena y la remisión del exhorto al "...personal policial de la ciudad de Cochabamba..." (sic), para que su persona sea trasladada al Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí, y así cumplir su condena en el lugar determinado en la Sentencia 31/2022, toda vez que dicha dilación le imposibilitaba del contacto con su familia, por cuanto, su núcleo familiar se encontraba en el citado departamento.

Por otro lado, tampoco se remitió antecedentes al juez de ejecución penal, considerando que, al estar detenido preventivamente desde el 12 de "junio" de 2021, ya cumplió con las dos quintas partes de su condena, lo que le otorgaba la posibilidad de solicitar el beneficio de redención de la pena de acuerdo a lo dispuesto por el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); empero, por no contar con una situación jurídica definida en la etapa de ejecución, en atención a la omisión en la emisión del mandamiento de condena como en la remisión de "antecedentes" ante el juez de ejecución penal, los demandados, vulneraron su "derecho" a la seguridad jurídica, al no poder ejercer los beneficios que le corresponden, debido a la omisión en la que incurrieron.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

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