Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2019-S1 Sucre, 9 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27081-2019-55-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 19 de agosto de 2019, cursante de fs. 296 a 304, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Evelyn Karina Maldonado Parrilla contra Oscar Ivens Vera Espinoza y Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, ex y actual Fiscal Departamental de Cochabamba; y, Leonor Meneces Molina, Ingrid Mónica Mercado Hinojosa, Hilda Beatriz Sánchez Vargas, Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscales de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 y 29 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 172 a 179; y, 189 a 194, la accionante a través de su representante expresa que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Interpuso denuncia de estafa contra de Marisol Abasto Candía, la cual concluyó con una Resolución de sobreseimiento de 20 de septiembre de 2017, careciendo de la debida fundamentación y motivación, sin otorgarle ningún valor a la prueba aportada, limitándose a manifestar que:
- a)Conforme la norma y la doctrina, el engaño en la estafa debe tener una cierta aptitud o idoneidad para inducir al error y causar una disposición patrimonial, resultado que no conseguiría con una simple mentira, además el engaño no se empleó dado que la denunciante -ahora impetrante de tutela- conocía el destino de esos dineros;
- b)La accionante al ser abogada, tenía todo el conocimiento para poner en resguardo los montos de dineros que disponía para ofrecerlos en préstamo; y,
- c)En mérito a la Ley Orgánica del Ministerio Público, se tomarán en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada; sin embargo, no existe subsunción al tipo penal de estafa, siendo que más bien se inclina a la vía civil.
Refiere que impugnó dicho sobreseimiento, poniendo en conocimiento que existe una pericia pendiente, cuyo fin era respaldar y dar certeza de que las firmas en el libro presentado por la imputada son sus firmas, al igual que los manuscritos que realizó para sonsacar más dineros. Apelación que mereció la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 44/2018 de 7 de febrero, bajo dos argumentos que alega resultan insuficientes ante los puntos de impugnación que formuló, los cuales son:
- 1)Si bien existió disposición patrimonial, esta fue de manera voluntaria y deviene de un acuerdo de partes, consecuentemente no concurren los elementos constitutivos esenciales del delito de estafa, que requiere una doble relación causal entre engaño y ardid por el sujeto activo y el error generado en la víctima y el consiguiente acto de disposición patrimonial; y,
- 2)En el caso presente no se advierte que la entrega de dinero efectuada por la peticionante de tutela hubiese estado directamente motivada por las argucias y engaños de la denunciada, máxime cuando la propia accionante refiere que mantenía una relación de amistad con la denunciada, y que por la falta de experiencia la última aprovechó de la primera para sonsacarle dineros, aspecto que no fue acreditado con ningún elemento de convicción, argumentos con los cuales el Fiscal Departamental de Cochabamba ratificó el sobreseimiento:
- i)Sin recibir respuestas a todos sus agravios -falta de valoración de la prueba, pericia pendiente-; y,
- ii)Siendo que sólo es una fundamentación doctrinal del universo probatorio y los elementos del tipo penal de manera genérica, sin detalle alguno, es decir, omite realizar una valoración y análisis de los fundamentos jurídicos fácticos realizados por los fiscales corporativos.
Pese a existir víctimas múltiples, no se asumieron las mismas determinaciones como en otros casos, así se tiene a María Elena Seleme vda. de Sarmiento, quien denunció un hecho con el mismo modus operandi teniendo un resultado diferente al suyo, ya que en el referido proceso se dictó la acusación formal correspondiente.
Identificó como derechos vulnerados la tutela judicial efectiva y el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, reconocidos en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, citó las , , , y las y , relacionando el último fallo constitucional mencionado con la omisión valorativa de prueba que guarda nexo directo con la lesión al "derecho" de motivación como elemento configurativo del debido proceso; en ese sentido, señaló también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "0129/2014-R" de 28 de enero y "0410/2013" de 27 de junio, que establecen la competencia de la justicia constitucional para ingresar a valorar la prueba y añadió que lo expresado en la , se refiere al rol del Ministerio Público que conlleva una triple finalidad; por todo ello, en el caso concreto el Fiscal Departamental al no haber tomado en cuenta la falta de consideración del peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) por la Fiscal de Materia, siendo que -entiende- se constituye en una prueba relevante, -arguye- que está en la obligación de desplegar todas las medidas conducentes al esclarecimiento del hecho, máxime si la imputada confesó que recibió dineros de la víctima -hoy accionante-, lo que deviene en una inadecuada fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica, además de no haber contestado todos los puntos de su impugnación a la Resolución de sobreseimiento.
Mostrando 13 de 64 parrafos.