1001/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga lo siguiente:

1. a)Declarar sin valor y efecto jurídico alguno la Convocatoria a Elecciones de Directorios de Distrito y Delegados a Asamblea 2021 - 2024 de COTEOR R.L. emitida el 22 de octubre de 2021;
2. b)Dejar sin efecto legal todos los actos del Comité Electoral de COTEOR R.L., en mérito de emerger de la violación de derechos constitucionales y de un Directorio que cesó ipso facto el 1 de marzo de 2021, en cumplimiento al mandado de la instancia suprema de COTEOR R.L. como es la Asamblea; y, c), Que el Consejo de Administración de COTEOR R.L. convoque a una nueva elección de Directorios de Distrito y Delegados, previo cumplimiento de las recomendaciones de la AFCOOP contenidas en la nota AFCOOP/DGE/DCF/TRA/NE/ 1056/2021 a efectos de restablecer el orden institucional y normativo de la mencionada Cooperativa, además de las reiteradas recomendaciones y conminatorias de la AFCOOP.

Luego de escuchar el informe del Presidente del Consejo de Administración, el accionante efectuó las siguientes puntualizaciones:

1. 1)Quienes ahora desconocen el Certificado de Aportación como documento que acredita la calidad de asociado, olvidaron que cuando participaron en las elecciones para el periodo 2016-2019 fueron habilitados precisamente con dicho Certificado; que ahora consideran que no es válido para participar en una elección menor como es la de los representantes de los distritos, sin considerar que este documento es parte del proceso, aprobado por la Resolución Administrativa (RA) de 9 de octubre de 2020, donde la AFCOOP, como instancia superior que supervisa y controla, indicó en el inc. c) que la COTEOR R.L. no cumplió con los 5 mandatos contenidos en la Resolución 156/2020, concernientes a efectuar el registro de actualización de nómina de asociados, iniciar el registro de inclusión de aquellas personas admitidas en la Cooperativa durante las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020;
2. 2)Según expresó mediante nota la AFCOOP el trámite de inclusión de registro de asociados no se constituye en un elemento que dé origen, extinga o modifique los derechos de los asociados, quienes adquieren tal cualidad al obtener el Certificado de Aportación;
3. 3)En respuesta a la denuncia que formuló contra COTEOR R.L., la AFCOOP mediante nota CITE: AFCOOP/DGE/DCF/NE/ 1055/2021 de 12 de octubre, conminó a dicha cooperativa a la inscripción de admisión o inclusión de asociados que ingresaron en las gestiones 2017 a 2021; y,
4. 4)Los Reglamentos de Elecciones de la Cooperativa no corresponde que sean aprobados por el Consejo de Administración, sino por la Asamblea General; instancia que no tiene conocimiento del reglamento ni la convocatoria a elecciones .

Halmart Ferdinand Portillo Rojas, Presidente del Consejo de Administración de COTEOR R.L., mediante informe escrito de 26 de noviembre de 2021, cursante de fs. 80 a 85, expuso lo siguiente:

1. i)Si bien el accionante adjuntó su Certificado de Aportación para acreditar su legitimación activa; sin embargo, debió adjuntar toda la documentación idónea exigida por los arts. 33.2; 54.4 de la Ley 356; y, 19 y 20 del DS 1995, además de los arts. 13 y 14 del Estatuto Orgánico de la COTEOR R.L., al no haber cumplido con los requisitos exigidos por las normas citadas, no acreditó su legitimación activa;
2. ii)Desde la gestión 2018, COTEOR R.L. viene regulando la estructura organizativa y funcionamiento, en el marco de la Constitución Política del Estado, de la Ley 356 y del DS 1995; por lo que, todos los asociados de la Cooperativa, personas naturales y jurídicas que decidan ingresar, deberán cumplir los requisitos establecidos por ley, además que todos los asociados tienen igualdad de derechos y obligaciones; por ente, todos sin excepción deben someterse a lo dispuesto por los arts. 32, 33.2.b de la Ley 356; 19 y 20 del DS 1995 y 14, 65.d) y 83.r) del Estatuto Orgánico de COTEOR R.L.; consiguientemente, los asociados que no estén registrados en la AFCOOP solo tienen el estatus de usuarios;
3. iii)La nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/236/2021 adjuntado por el accionante como prueba, es la respuesta a la denuncia que éste realizó ante el ente fiscalizador, con la cual pretende acreditar su calidad de asociado, rehusándose cumplir lo determinado por la Ley 356 y lo dispuesto por los arts. 54.4) y 65.d) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, que son de cumplimiento obligatorio y conforme con la prueba documental adjunta, en el Certificado emitido por la AFCOOP el 13 de septiembre de 2021, claramente señala que la Asamblea General Extraordinaria es la instancia máxima para aprobar la inclusión de nuevos asociados; por lo que, a esa fecha se encuentra con cargo a aprobación en una nueva Asamblea General Extraordinaria la inclusión de nuevos asociados; por lo cual, una vez se cumpla con dicho acto cooperativo recién el accionante podrá hacer uso de sus derechos cooperativos, pero es él quien se rehusó a cumplir esa determinación;
4. iv)La nota emitida por la AFCOOP presentada por el impetrante de tutela como prueba, no puede ser considerada como una determinación de esa instancia fiscalizadora, porque solo contiene la cita de normas legales previstas en la Ley 356; asimismo, se tiene la nota CITE: AFCOOP/DGE/DCF/NE 1055/2021; por la cual, se conminó a COTEOR R.L. a proceder a la inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles a los nuevos asociados; empero, de ninguna manera señala que la Cooperativa deba registrar al accionante y si bien existe otra nota posterior, la misma nunca fue notificada a la Cooperativa para su cumplimiento; por lo que, esa prueba documental debe ser aclarada por la AFCOOP;
5. v)Conforme estableció la Resolución 079/2021 de 12 de agosto, el accionante pretendió de otra manera acreditar su calidad de asociado; empero, el Tribunal de garantías concluyó que los hechos similares a los de la presente acción tutelar, deberían dilucidarse en la vía llamada por ley, por tratarse de hechos controvertidos; por lo que, se incumplió con el principio de subsidiariedad;
6. vi)Si bien es cierto que mediante Acta de la Asamblea General de asociados realizada el 20 de febrero de 2020, se dispuso la elección del Tribunal de Honor como también de los Comités y Comisiones, pero no todas las comisiones fueron elegidas por un periodo de un año; enero respecto a la Comisión Electoral, evidentemente mediante RA RCA. 0121/2020, ante la situación económica que venía atravesando la Cooperativa, como también la presión ejercida por el Sindicato de Trabajadores de COTEOR R.L., la dicha Comisión fue cesada en sus funciones hasta la realización de la Asamblea General donde se presentaría el informe correspondiente; asimismo, de la misma forma se dispuso cesar de sus funciones a la Comisión de Fiscalización a Recursos Humanos (RR.HH.), dado que por la pandemia del COVID-19 los problemas internos que venía atravesando la Cooperativa con el sindicato de trabajadores de COTEOR por el estado económico que atravesaba la Cooperativa; determinación que dio lugar a la acción de amparo constitucional interpuesta por los miembros de la Comisión de Fiscalización de RR.HH., resuelta por Resolución 24/2021; por la cual, la Sala Constitucional concedió tutela respecto al derecho a la petición y denegó con relación a la vulneración al debido proceso, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas emita una respuesta a las notas presentadas por esa Comisión, en cuyo cumplimiento el Consejo de Administración fue emitida la nota de 9 de marzo de 2021;
7. vii)Reconociendo que la Asamblea General de Asociados es la máxima instancia, determinó restituir a sus funciones a la Comisión de Fiscalización de RR.HH., hasta que cumpla su mandato; determinación que no tuvo observación alguna de parte del accionante; de igual forma procedieron a restituir a sus funciones al Comité Electoral, cumpliendo con lo dispuesto en la Asamblea General de Asociados de 20 de febrero de 2020, no siendo cierto que se hubiera prorrogado a ninguna de la Comisiones; por cuanto, esa atribución no se encuentra enmarcada dentro del Estatuto Orgánico, máxime si la Asamblea General es la máxima instancia y la única que podría disponer a prórroga; y,
8. viii)En cuanto a lo dispuesto en el punto 3 de la Convocatoria realizada por la Comisión Electoral, es obligatoria porque su omisión no daría legalidad a las elecciones; por cuanto, necesariamente deberá incluir a todos los asociados legalmente habilitados y que cumplan con lo dispuesto por la Ley 356; por lo que, se exigió a todos sin excepción alguna y desde la gestión 2018 muchos asociados no fueron registrados ante la falta de celebración de la Asamblea General.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, a través de la Resolución 110/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 190 a 198, denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio con base a los siguientes fundamentos:

1. a)En cuanto al reclamo sobre la legalidad de las resoluciones vinculadas a la elección del Comité Electoral, cuando es el propio accionante que señala que esa elección deviene de una decisión de la Asamblea General, misma que fue asumida en enero y febrero de 2020; por lo que, se advierte que ha transcurrido más de un año de tal acto; por lo que, claramente se superó el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional;
2. b)Respecto a la convocatoria a la elección de los representantes de los Distritos, que si bien se emitió el 22 de octubre de 2021 y publicó el 23 de ese mes y año, ésta emerge de resoluciones administrativas emanadas del Consejo de Administración, como la RA RCA. 97/2021; por la que, se resolvió encomendar al Comité Electoral la elección de delegados y Directorio de los Distritos, que fue dispuesto por la Asamblea General de 20 de febrero de 2021; siendo este acto administrativo que la parte ahora accionante debió identificar como lesivo de sus derechos fundamentales;
3. c)De considerar que la restitución en las funciones del cuestionado Comité Electoral era indebida, a partir de la vigencia de esta resolución y las demás resoluciones administrativas, tales extremos debieron ser objetados en una Asamblea ordinaria o extraordinaria de la COTEOR R.L., para que esta, con plenas facultades y de acuerdo a sus Estatutos y Reglamentos, así como las establecidas en la Ley 356, sea esa máxima instancia la que determine el resultado y vigencia o no de dichas resoluciones, que podían ser revocadas, desautorizadas, declaradas ilegales, siendo ese el medio idóneo que estaba a disposición del solicitante de tutela para cuestionar la vigencia de la merituada resolución;
4. d)Se solicitó además se deje sin efecto la convocatoria y de manera general cualquier otro acto del Comité Electoral, pero la parte accionante no genera la suficiente convicción de superar el principio de previsibilidad, porque en tanto se encuentre vigente esta resolución administrativa, los actos del Comité Electoral que fueron ratificados, se presumen como legales, precisamente en aplicación del principio de presunción de legalidad y si se deja sin efecto la elección, por lo que se llevará una nueva idéntica, lo que generará otra acción de amparo constitucional, cuando son las RRAA emitidas como la RCA. 121/2021, RCA. 97/2021 que se hallan vinculadas a mantener vigentes al Comité Electoral, independientemente de si los razonamientos que contienen dichas resoluciones son legales o no, situación que claramente no es competencia de la jurisdicción constitucional; y,
5. e)Sobre la vulneración del derecho a elegir y ser elegido invocado por el impetrante de tutela, es un elemento que no fue planteado con precisión para que se pueda analizar uno de los requisitos establecido en la convocatoria, dado que al estar prevista la declaración jurada de los postulantes sobre el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa, si es que acaso el accionante consideraba que las resoluciones de la AFCOOP le dan la suficiente legitimidad, pudo realizar dicha declaración jurada y solo en caso de ser rechazada o denegada por el Tribunal Electoral, recién considerar que hubo un acto ilegal a ser tutelado por esta vía constitucional; además no se pudo evidenciar cuál es el acto vulneratorio al derecho de elegir y ser elegido que hubiera cometido el Comité Electoral, puesto que la simple emisión de la convocatoria que señala como presupuesto el registro obligatoria a la AFCOOP, no permite establecer de qué forma fuere arbitraria y está relacionado a otro elemento que hace a la subsidiariedad, al existir una denuncia formulada por el impetrante de tutela ante la AFCOOP por faltas graves, que ameritó que esa instancia emita una nota dirigida a la Cooperativa conminando para que en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles administrativos, plazo que se encuentra todavía vigente; por lo que, no es posible ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada.