1004/2019-S1

Señala que, desglosando los argumentos vertidos por las autoridades demandadas se advierte que incurrieron en la vulneración de su derecho al debido proceso por cuanto:

1. a)La Sentencia 33/2015, el Auto de Vista 192 y el Auto Supremo 670/2018³, en relación a la demanda de nulidad de contrato, solo valoró la enunciación de la supuesta pérdida de documentos, puesto que "SI O SI" el contrato de 1963 considerado consensual fue opuesto ante un tercero en contraposición con el art. 523 del Código Civil (CC), por lo que, en observancia del art. 1538.I y II de la citada norma, si bien se argumentó su perfeccionamiento por ser consensual, pero es siendo válido entre partes contratantes no pudiendo ser opuesto en su contra porque no fue consolidado el derecho propietario en Derechos Reales (DD.RR.), vulnerándose con ello el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación al art. 2.1 del Código Procesal Civil (CPC);
2. b)En relación al Auto definitivo de 28 de junio de 2012, por el cual la Jueza de Instrucción Mixta de la Guardia del departamento de Santa Cruz, declaró herederos a los demandantes -terceros interesados- sobre todos los bienes, acciones y derechos del causante, respecto al cual no se les ministró posesión sobre el inmueble que reclaman tal como prevé los arts. 599, 600 y 646 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg.), existiendo además contradicción entre los argumentos de la Sentencia 33/2015 y el Auto Supremo 670/2018³ porque el primero aduce el art. 46.II de la CPE siendo lo correcto citar el art. 56.II de dicha Norma Suprema, pese a ello no se profundizó con lo previsto en el art. 1029.I del CC. También corresponde valorar que el causante falleció en 1966 y la declaratoria de herederos data de 28 de junio de 2012; es decir que, transcurrió más de cuarenta y seis años, pese a que su persona tomó posesión del inmueble de manera pacífica, pública y consentida en 1972 hasta la aparición de los demandantes. Asimismo en el Auto Supremo 670/2018³ afirma que el contrato de 1963 no es tema de litigio y que solo se utilizó para demostrar la legitimidad de "los Sres. Pardo Carrasco", criterio que no solo es contrario a la Sentencia que considera relevante el contrato de 1963, sino que es vulneratorio de su derecho posesorio y la actividad agraria que ejerce en el predio desde hace cuarenta años, confirmándose que el Tribunal de casación no valoró dicho contrato a pesar de que en base a ello se declaró la nulidad del contrato de 27 de marzo de 1980 advirtiéndose al efecto que los Magistrados vulneraron el debido proceso con relación al principio de seguridad jurídica; y,
3. c)En cuanto al inmueble mencionado en la demanda, la Sentencia 33/2015, el Auto de Vista 192 y el Auto Supremo 670/2018³, hacen referencia a un predio que tendría una superficie de 24 ha, y que ahora tiene 9 ha; empero, de manera errada no contemplaron que dicha área se encuentra en una zona rural y que por tanto corresponde a la jurisdicción agroambiental sobre el cual presenta plano geo-referenciado, fotografías y registro de marcas que demuestran haber vivido y desarrollado actividad agraria teniendo las características de un predio rural tal como lo define la SCP "0001/2018" de 14 de marzo y el Auto Supremo 1193/2016 de 24 de octubre; por lo que, bajo dicha jurisprudencia así como los derechos consagrados en el art. 397.I y II de la CPE, se vulneró su derecho "posesorio" que en materia agraria es equivalente al derecho de propiedad protegido por el art. 76 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), porque actualmente está en posesión del predio junto a su hija y nieta; asimismo, se vulneró su derecho a la actividad agraria, cuya función social la desarrolló a través del trabajo tal como demuestran las fotografías concernientes a las mejoras, construcciones de viviendas, alambrado perimetral de las "19.4955" ha, plantaciones de caña y la crianza de veinte cabezas de bovino, diez ovinos, patos y gallinas, actividad que no fue apreciada y constatada por la Jueza a quo, en la audiencia de inspección ocular el 27 de noviembre de 2014, porque dicha autoridad no entró al inmueble que tiene una dimensión clasificada como pequeña propiedad, siendo indivisible e inembargable tal como lo determina el art. 41 de la LSNR; por lo que, el referido lineamiento jurídico debió ser aplicado por los Magistrados demandados a afectos de que se anule obrados hasta el auto de admisión de la demanda valorando el art. 122 de la CPE.