Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1007/2019-S1 Sucre, 9 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 29077-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 47 de 21 mayo de 2019, cursante de fs. 304 a 306 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Céspedes Vélez en representación legal de Concepción Martínez Ríos contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 y 12, ambos de abril de 2019, cursante de fs. 221 a 238; y, 243 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 14 de diciembre de 2006, Mery Antezana Claros -ahora tercera interesada-, transfirió mediante contrato privado de venta real y enajenación perpetua el bien inmueble ubicado en la urbanización. 64, manzana 65-A, lote 22, con una superficie de 349.17 m2, por la suma de $us4 000.- (cuatro mil dólares estadounidenses) a su favor, con reconocimiento de firmas efectuado vía judicial por Auto de 13 de diciembre de 2007 e inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0032022 de 19 de noviembre de 2007; sin embargo, posteriormente la ahora tercera interesada el 20 de agosto de 2012, interpuso demanda de anulabilidad del referido contrato de venta, así como de registro en DD.RR.; de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas realizada por su persona ante el entonces Juzgado de Instrucción Civil Segundo del departamento de Santa Cruz; y, de la orden judicial de inscripción de los contratos demandados como anulables, demanda dirigida en su contra, que fue admitida el 21 del referido mes y año.
El 6 de septiembre de 2012, Fernando Castro Aramayo -ahora tercero interesado-, se apersonó en el proceso de exordio, haciendo conocer que posee y tiene derecho de copropiedad sobre el bien inmueble objeto de litigio, en virtud al contrato de reconocimiento de derecho de copropiedad suscrito el 9 de agosto de 2011, bajo Testimonio 1518/2011 ante Notaria de Fe Pública e inscrito en DD.RR., bajo la matricula computarizada 7.091.1.99.0032022 de 21 de noviembre del referido año, señalando que se pretende afectar sus derechos dentro de la citada causa, y en respaldo de lo dispuesto en el "...art. 149 del C.P.C...." (sic), formuló incidente de nulidad de obrados hasta el Auto de admisión de demanda, siendo rechazado por Auto 02 de 4 de enero de 2013 con el argumento de no ser parte esencial del proceso.
Interpuesto el recurso de apelación el 13 de marzo de 2013 y radicado ante el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Noveno del departamento de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 18/2013 de 18 de noviembre, se dispuso que la Jueza de la causa sanee el proceso determinando la integración en la litis con aquellos sujetos con potenciales derechos respecto a la pretensión principal y anuló obrados hasta el Auto de admisión de demanda de 21 de agosto de 2012 y, una vez, devuelto el expediente al juzgado de origen se dispuso que la demandante -en el proceso en cuestión- reformulara su demanda conforme al "...art. 332 del C.P.C...." (sic); ampliada que fue la causa contra Fernando Castro Aramayo, mediante Auto de 31 de noviembre de 2014 la misma fue admitida, corriéndose en traslado tanto a su persona como al prenombrado.
Citada mediante edictos, a través de memorial de 24 de agosto de 2015 respondió negativamente la demanda y con el respaldo de los arts. 128 del Código Procesal Civil (CPC); y, 556 con relación a los arts. 1492 y 1507 del Código Civil (CC), formuló excepción de prescripción de la acción de anulabilidad y de prescripción extintiva de los supuestos derechos de propiedad de la recurrente, solicitud que fue declarada probada mediante Auto 1/2017 de 12 de enero, pronunciado en audiencia preliminar de forma correcta, justa y legal, en el entendido que desde el registro en DD.RR., del bien en litigio por parte de su persona (19 de noviembre de 2007), hasta la fecha de la citación con la demanda efectuada el 23 de julio de 2015, venció superabundantemente el término de la prescripción de cinco años previsto en el art. 556.I del CC, haciendo procedente la excepción opuesta por el transcurso del tiempo.
Refirió que, una vez interpuesta la apelación por la demandante -ahora tercera interesada-, la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica o Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 14/2017 de 15 de agosto, confirmó el Auto 1/2017; por lo que, por memorial de 10 de octubre de idéntico año, interpuso recurso de casación contra el citado Auto de Vista, mereciendo de 1 octubre, pronunciado por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, que de manera errónea, ilegal e injusta declaró infundado el recurso de casación en la forma y respecto al recurso en el fondo, casó el Auto de Vista aludido y deliberando en el fondo declaró improbada la excepción de prescripción.
Los Magistrados hoy demandados, apreciaron y valoraron de forma incorrecta la prueba de descargo y los datos del proceso, al no considerar que habiéndose suscrito el contrato cuestionado el 14 de diciembre de 2006 e inscrito en DD.RR., el 19 de noviembre de 2007, es a partir de esta última fecha que el acto adquirió publicidad, surtiendo efecto contra terceros y por ende respecto a la demandante del proceso, no siendo correcto considerar para el cómputo de la prescripción, la acción penal instaurada en su contra el 19 de enero de 2009 la cual no interrumpe el término de la prescripción, siendo además que la misma fue extinguida y archivada.
Las autoridades demandadas, sin ninguna fundamentación y motivación actuaron de forma contraria a lo establecido en el art. 1504.1 del CC, que dispone que la prescripción no se interrumpe cuando el acto de citación y/o de notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad; y, que en obrados, mediante Auto de Vista 18/2013, se dispuso la nulidad de obrados inclusive hasta el Auto de admisión, dejando sin efecto entre estos actos, la diligencia de citación con la demanda, de 20 de noviembre de 2012 a "fs. 86" de obrados.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y a la valoración de la prueba; a la interpretación de la ley, a la protección judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la igualdad, a ser oído y escuchado y vencido en un justo y legal proceso, citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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