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TCP

1008/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de junio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1008/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1008/2026-S2 Sucre, 18 de junio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 71340-2025-143-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 014/2025 de 18 de febrero, cursante de fs. 92 a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Mary Arancibia Ossio de Delgado contra Wilmer Ramiro López Ayaviri, Director Distrital de Educación de Uyuni del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de enero y 3 y 13 de febrero de 2025, cursantes a fs. 1, 30 a 37, 43 a 44 y 49 a 50, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco de la Convocatoria Pública 002/2024 para la '"INSTITUCIONALIZACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL GESTIONES EDUCATIVAS 2024, 2025 Y 2026 '" (sic), emitida por el Ministerio de Educación, postuló al cargo de Directora de Unidad Educativa, cumpliendo con los requisitos exigidos para la calificación de méritos; posteriormente, con la presentación del Certificado de Solvencia Fiscal requerido para su designación, fue posesionada como Directora Institucionalizada de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa del Distrito Escolar 530-Uyuni, con el ítem 4, por Memorándum de Designación 00451 de 5 de abril de 2024, emitido por Wilmer Ramiro Lopez Ayaviri, Director Distrital de Educación de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandado-.

Sin embargo, luego de asumir funciones, el Director Distrital demandado le comunicó verbalmente que existía una observación respecto a su Certificado de Solvencia Fiscal; debido a que, en el mismo figuraba un proceso por daños y perjuicios promovido por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí, a lo que respondió explicando que dicho proceso se encontraba en trámite, sin contar con sentencia ejecutoriada, ello no le impedía desempeñar funciones públicas en virtud a lo establecido por los arts. 116.I y 234.4 de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, cualquier observación debió ser comunicada de manera formal y antes de su designación; no obstante, solicitó un plazo para tramitar la baja de dicho registro, requisito que dicha autoridad le indicó que era necesario para que pueda ser registrada en planillas y percibir su sueldo; motivo por el cual, desempeñó funciones sin percibir remuneración.

Es así que, el 3 de octubre de 2024, durante una reunión llevada a cabo con la presencia de representantes de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Uyuni del indicado departamento, la Junta Escolar de Padres de Familia y el personal docente y administrativo, el Director Distrital demandado le indicó que ya no debía asistir a su fuente de trabajo, argumentando que no subsanó la observación relativa a la solvencia fiscal; por ende, el Ministerio de Educación habría dispuesto la reversión del ítem correspondiente, determinación asumida sin la emisión de memorándum de agradecimiento de servicios, resolución administrativa o proceso disciplinario previo; por lo que, se constituyó en una medida de hecho contraria a la Resolución Suprema 212414 -de 21 de abril de 1993-, Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo; y, al Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 04688 -de 18 de julio de 1957- que únicamente permite la sanción de destitución de funcionarios institucionalizados del servicio educativo mediante proceso administrativo previo, en el que se garantice su derecho a la defensa, conforme a los arts. 3 al 6 del citado Reglamento.

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