Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1008/2026-S3 Sucre, 15 de julio de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento
Expediente: 80154-2025-161-ACU Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 273 de 10 de diciembre de 2025, cursante de fs. 154 vta. a 160 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Betzabet Jhoana Quiroz Morales, diputada suplente electa por el departamento de Santa Cruz contra Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Presidente; Francisco Vargas Camacho, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martin Crespo, Gustavo Antonio Ávila Mercado; Vocales, todos del Tribunal Supremo Electoral.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 25 de noviembre de 2025, cursante de fs. 79 a 90 y 94 a 97, la accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 26 de agosto de 2025, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo el cómputo nacional de elección de autoridades y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que su persona fue electa como diputada suplente por el departamento de Santa Cruz, sin que hubiera ningún tipo de observación -hasta ese momento- sobre su postulación ni elección como autoridad; sin embargo, pudo evidenciar con preocupación las declaraciones irresponsables difundidas por los medios de comunicación de parte del Vocal Gustavo Antonio Ávila Mercado, de 17 de octubre de 2025, en contra de su persona, referida a la intención de suspender o impedir la entrega de su credencial como autoridad electa, bajo los argumentos de que existiría una demanda de inhabilitación que fue presentada por Peter Erl Wein Beckhauser el 20 de agosto del mismo año, siendo dicho personaje bastante conocido por interponer demandas temerarias.
Posteriormente, el 9 de octubre de 2025, después de casi dos meses de presentada dicha demanda en su contra, el señalado ente electoral, recién remitió antecedentes ante el Ministerio Público, por la probable comisión de orden público, para que se realicen las investigaciones respecto a la posible existencia de irregularidades en la documentación presentada para su postulación, ello en total violación al debido proceso y la legítima defensa; a pesar de ello, manifestó que dicho proceso penal aún no cuenta con sentencia de primera instancia, por lo que no correspondía realizar tales declaraciones por parte del referido Vocal en los medios de comunicación, ya que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
EL 27 de octubre de 2025, se puso en conocimiento de la delegada del partido político Alianza Popular-AP que, por decisión de la Sala Plena, se suspendió de forma temporal la entrega de su credencial como autoridad electa, sin que se expliquen los motivos de dicha suspensión, ni cuáles serían los sustentos legales en la normativa legal vigente, existiendo tan solo una nota -TSE-PRES-DNJ 1510/2025- firmada por el Presidente a.i. del Tribunal Supremo Electoral.
Al respecto, se tiene que el art. 209 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) -Ley 026 de 30 de junio de 2010- establece el procedimiento sobre demandas de inhabilitación de candidaturas y postulaciones con jurisdicción nacional, mismas que deben ser interpuestas quince días antes de la elección ante el referido Tribunal, procedimiento que no se cumplió en su caso, ya que fue presentado fuera de los plazos procesales.
En el caso, es obligación del Tribunal Supremo Electoral entregar la credencial, que se constituye en un mandato legal, expreso y exigible, ello conforme a lo establecido por el art. 192 de la Ley 026, que señala claramente la obligación de la precitada instancia, de entregar dichas credenciales, y que ello solo podrá ser suspendido o negado si existiese una causal de inelegibilidad o impedimento legal, lo que no acontece en su caso; por lo que, tal omisión vulneró su derecho a la presunción de inocencia; toda vez que, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, ni puede sufrir sanción alguna si no es por medio de una sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente.
La referida omisión por parte del Tribunal Supremo Electoral se constituye en un acto de acoso y violencia política por parte de dicha entidad en su contra, afectando sus derechos políticos en su condición de mujer, joven y profesional, contraviniendo la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia Las Mujeres -Ley 243 de 28 de mayo de 2012-, específicamente su art. 7 inc. h), que establece como una forma de acoso el imponer sanciones injustificadas; lo que en su caso, se constituye en un acto de discriminación, vulnerando su derecho a la igualdad y no discriminación -art. 14.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE)-, manifestando que el ejercicio de los derechos políticos solamente se suspenden en los casos que exista previa sentencia ejecutoriada, conforme lo establecido por el art. 28 de la misma.
Por su parte, el art. 192.IV de la Ley 026, en cuanto a la entrega de credenciales, establece que en caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de autoridades acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral entregarán las credenciales a las autoridades sustitutas correspondientes; en ese sentido, su persona no está contemplada en ninguna de las causales prenombradas, ya sea en vía constitucional, de régimen electoral o administrativa; a pesar de ello, llegada la fecha de entrega de dichas credenciales, el 29 de octubre de 2025, su persona fue negada a este actuado, simplemente porque existe un proceso penal por un imaginario hecho de falsedad material en su contra, proceso que se encuentra en etapa preliminar.
En ese entendido, dentro de su memorial complementario, aclaró que solicitó el cumplimiento de lo dispuesto por los parágrafos I y III del art. 192 de la Ley 026, referida a la entrega de credenciales al haberse cumplido con las condiciones legales, cómputo oficializado e inexistencia de recursos y proclamación de autoridades electas; manifestando que, ante la negación de la entrega de dicho documento, la impetrante de tutela hizo llegar una solicitud formal al Órgano Electoral Plurinacional, para que se entregue dicha credencial, sin que hasta la presentación de esta acción tutelar, haya recibido respuesta alguna de esta entidad.
I.1.2. Normas legales supuestamente incumplidas
Denunció el incumplimiento del art. 192 de la Ley del Régimen Electoral -Ley 026 de 30 de junio de 2010-.
I.1.3. Petitorio
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