1010/2019-S2

Respondiendo a las preguntas de los Vocales constitucionales, afirmó que:

1. a)La demanda de avasallamiento se interpuso contra Hipólito Condori y De la Paz Lucana, emitiéndose Sentencia en noviembre de 2015, ratificándose ésta el 2016 por Resolución del Tribunal Agroambiental;
2. b)Añadió que la Sentencia no se ejecutó debido al Informe de la "Oficial de Diligencias", que refería que se constituyó en el lugar y al no estar presentes "el demandante ni los demandados" (sic), no se pudo realizar el desalojo;
3. c)Se encontraba en posesión de parte del inmueble; empero, era difícil ingresar al resto pues existían construcciones que le restringían la entrada; y,
4. d)Las construcciones referidas, se produjeron por actos del "señor Benjamín y la señora De la Paz" (sic).

Valentín Escobar Fuentes, Juez Agroambiental de Pucarani del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 5 de junio de 2019, cursante de fs. 41 a 46 vta., señaló que:

1. 1)El 28 de junio de 2016, se solicitó la ejecutoria de la Sentencia; por lo que, mediante Auto de 29 del mismo mes y año, se dispuso la ejecutoria de la Sentencia 026/2015;
2. 2)Fue el propio accionante, quien entorpeció el proceso, realizando solicitudes con diferentes abogados, sin explicar el cambio de patrocinio ni apegarse a la Ley de la Abogacía; no obstante que, se realizó la observación de tal extremo;
3. 3)Solicitó el cumplimiento de la Sentencia emitida mediante memoriales de 26 de julio y 2 de agosto del 2016, haciendo caso omiso a sus observaciones sobre el cambio de patrocinante; luego, el 9 de agosto de igual año, el impetrante de tutela, pidió nuevamente la ejecución de la sentencia; por lo que, se dispuso por Auto de 10 del mismo mes y año, que los demandados y quienes participaron de la acción de avasallamiento, desalojen el predio objeto de litigio en el plazo de cinco días, bajo alternativa de ejecución con auxilio de la fuerza pública y aplicación de la sanción establecida en la disposición adicional primera de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-;
4. 4)Fenecido el plazo aludido precedentemente, el demandante de tutela solicitó mandamiento de desalojo con apoyo de la fuerza pública, que fue dispuesto por Auto de 7 de septiembre de 2016, quedando su ejecución a cargo de la Oficial de Diligencias y la Policía Boliviana, expidiéndose oficios a dicha institución, al Defensor del Pueblo, Defensoría del Adulto Mayor, Notaria de Fe Pública de la localidad de Pucarani y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; emitiéndose el primer Mandamiento de Lanzamiento el 9 de septiembre de igual año, el cual fue representado por la "Oficial de Diligencias"; puesto que, no se llevó a cabo el desalojo ya que no estaban presentes los demandados ni el demandante; lo que evidenció que el accionante incumplió con su deber de apersonarse el día y hora programados para la ejecución del lanzamiento, siendo su responsabilidad la falta de ejecución del mismo;
5. 5)El 16 de septiembre de 2016, solicitó nuevo mandamiento de lanzamiento, que fue dispuesto el mismo día -mediante auto- emitiéndose por segunda vez el correspondiente Mandamiento de Lanzamiento el 20 de septiembre de 2016; sin embargo, de acuerdo al Informe de la Notificadora de 30 del citado mes y año, cuando se llegó al lugar, no se encontraba ninguna persona ni la policía o las defensorías y realizado el reconocimiento del terreno estaba deshabitado, solo se encontraba la parte demandante acompañada de una autoridad comunaria, se procedió a la ejecución del lanzamiento de forma pacífica, pues el lugar ya estaba vacío y deshabitado, explica además una superficie que sería la avasallada "de 5,30 x 20,70 metros el primer terreno restituido. y 5,40 x 14,00 metros..." (sic);
6. 6)Posteriormente, el 11 de octubre de 2016, el impetrante de tutela, solicitó fotocopias simples de obrados, sin realizar ninguna observación al precitado informe; el 13 del mismo mes y gestión, solicitó el desglose de todos los documentos originales; y, el 9 de noviembre de igual año, pidió la remisión de antecedentes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sin efectuar reclamo alguno;
7. 7)Trece días luego de la restitución del predio, mediante memorial de 19 de octubre de 2016, el accionante solicitó nuevamente su ejecución; disponiéndose remisión al Informe de 30 de septiembre del referido año, respecto a la restitución del terreno avasallado, solicitándose además a las entidades presentes que informen sobre el 17 de octubre y adjuntados éstos, se emitió la Resolución 30/2017 de 19 de septiembre, no dando lugar a lo pedido, lo que se hizo conocer al demandante de tutela el "17 de septiembre de 2017" (sic) en su domicilio procesal;
8. 8)El "6 de enero de 2016" (sic), nuevamente solicita ejecución de Mandamiento de Lanzamiento, disponiéndose por decreto de "6 de enero de 2017" (sic) se sujete a los datos del proceso, debiendo su abogado revisar los antecedentes antes de presentar solicitudes para no perjudicar a su patrocinado, refiriéndose al informe de cumplimiento del lanzamiento de "30 de septiembre de 2016" (sic);
9. 9)De una confrontación documental, indica que llama la atención la diferencia de superficies respecto de las áreas avasalladas y la existencia de nuevos planos, por lo que se tendría que iniciar un nuevo proceso al ser "nuevos los hechos en tiempo, modo y lugar";
10. 10)Si el accionante consideró que el informe de cumplimiento de lanzamiento tenía irregularidades, debió observarlas oportunamente; sin embargo, recién el 9 de mayo de 2019 -cuando ya se concluyeron las etapas-, refutó el informe;
11. 11)Por memorial de 13 de noviembre de 2017, requieren conminatoria para que se proceda a demoler las construcciones, a lo que se dispuso "poner a conocimiento de las partes dicho memorial", reiterando que el bien rústico fue ya restituido y que siendo el propietario, es el quien no está ejerciendo sus funciones como un "buen pater familis", demostrando negligencia y dejadez respecto a su fundo rústico. Además indica que, al no haberse retirado las construcciones de manera voluntaria, debe remitirse al solicitante la correspondiente factura del costo de la demolición con cargo a los ejecutados;
12. 12)El 15 de enero de 2018, el solicitante de tutela hizo conocer sobre la demolición, solicitando la restitución de lo pagado; y, por decreto de 16 de igual mes y año, se corrió en traslado a los ejecutados;
13. 13)El 1 de noviembre de 2018, el accionante, instó la calificación de los costos de demolición y acusó -en el Otrosí 1- que los demandados procedieron a sembrar en el área avasallada, retirando el alambre de púas y puntales que había en el lugar; por lo que, por decreto del mismo día, se dispuso que el peticionante aclare si cumplió a cabalidad el contrato de trabajo; y, respondiendo a la nueva denuncia, refirió que al haberse producido nuevos hechos, debía "...adecuar su pretensión conforme a la normativa agroambiental..." (sic);
14. 14)La justicia constitucional no podría suplir los roles de los órganos de poder constitucionalmente reconocidos, y no podría ser activada sin agotar previamente los mecanismos intraprocesales que resulten oportunos para la protección de los derechos; y, en tal sentido, el impetrante de tutela, no interpuso recurso alguno contra las disposiciones que se emitieron;
15. 15)Desde el Informe de cumplimiento de lanzamiento de 30 de septiembre de 2016, hasta la admisión de la acción tutelar el 3 de junio de 2019, transcurrieron aproximadamente dos años y nueve meses; aspecto que maliciosamente fue omitido por el impetrante de tutela, quien no indicó con qué disposición se restringió su derecho, limitándose a indicar que en "reiteradas oportunidades" solicitó los mandamientos de desalojo; y,
16. 16)Existen actos consentidos libre y expresamente, considerando que se produjeron nuevos hechos sobrevinientes a la ejecución de la Sentencia; y, correspondía que el accionante realice una nueva demanda formal, pues el proceso inicial se encontraba concluido, habiéndose restituido el bien al propietario; razones por las cuales, en suma solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante la Resolución 81/2019 de 5 de junio, cursante de fs. 51 a 53, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos:

1. i)Se tuvo que la Sentencia 026/2015, declaró probada la demanda de desalojo por avasallamiento contra Hipólito y Benjamín ambos de apellidos Condori Hilario, y, Lucana De La Paz e improbada la misma demanda contra Betty Blanco Condori;
2. ii)En ejecución de fallo se expidieron dos mandamientos de lanzamiento, el segundo de 20 de septiembre de 2016, se hizo efectivo el 30 del mismo mes y año cuando el lugar se encontraba vacío y deshabitado, además en presencia del accionante; sin que hiciera observación alguna, demostrándose así su conformidad con el Informe de cumplimiento realizado por la "Oficial de Diligencias"; y,
3. iii)Desde el lanzamiento hasta la interposición de su acción tutelar, transcurrieron dos años y ocho meses; y, al haber ocurrido hechos posteriores que atentaban contra su derecho propietario, correspondía que en su momento denuncie ante las autoridades pertinentes, al tratarse de una conducta posterior al lanzamiento; empero, el impetrante de tutela no procedió de tal manera, dejando suceder más de los seis meses desde el acto lesivo para activar la vía constitucional.