1011/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2019-S4 Sucre, 27 de noviembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 29680-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 24 Bis de 13 de mayo de 2019, cursante de fs. 789 a 790 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Zeballos Mirabal contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 19 de marzo de 2019, cursante de fs. 736 a 753, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde muy joven trabajó tanto en nuestro país como en el extranjero, y posteriormente se unió en concubinato con Ruth Daniela Choque Gómez, con la que procreó dos hijos, durando dicha unión cinco años, que mediante proceso judicial fue reconocida el 3 de febrero de 2010 hasta el 15 de julio de 2015, tiempo durante el cual, los bienes propios los fue regularizando, procediendo a los cambios de nombre y a su saneamiento; posteriormente, demandó la división y partición de bienes gananciales, mismos que consistían en una casa, una granja, terrenos y vehículos. Mientras que sus bienes propios eran vehículos, un bien inmueble rústico sometido a proceso de saneamiento agrario simple, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), denominado predio rural "Fatti - Franz Zeballos" y la granja que funciona en el mismo predio, que fue adquirida antes de su unión libre, mediante documento de transferencia con derecho propietario y posesorio el 22 de octubre de 2009, que cuenta con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública.

Pedro Félix Ribera Cruz, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 51 de 5 de diciembre de 2016, incluyó dentro de los bienes gananciales el predio rural "Fatti - Franz Zeballos" y la precitada granja, con el argumento de que tiene características diferentes, tratándose de otro predio rural distinto al que siguió el trámite de saneamiento; tal determinación, no tomó en cuenta que es el mismo inmueble; como refirió, fue adquirido antes de la unión libre, que le fue trasferido por Fausto Zeballos Rojas (su padre), mediante documento público, y con adquisición de derecho posesorio anterior a 1996, con Matrícula 7.06.1.01.0002559, con una extensión de 50 ha, ubicado en Portachuelo del departamento de Santa Cruz; el saneamiento agrario simple, tomó en cuenta el precitado contrato de transferencia; por lo que, el Titulo Ejecutorial salió a su nombre, a través de la Resolución Administrativa (RA) RA-SS 0839/2013 de 14 de mayo, que dio lugar a la emisión del Título Ejecutorial Individual de Adjudicación PPDNAL 237259, expedido el 19 de noviembre de 2013 por Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que se procedió a un nuevo registro en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el folio real Matrícula 7.06.0.10.00093, producto de la regularización de posesión y derecho propietario, mediante saneamiento simple, que producto de la medición y trabajo de campo, en lugar de sanear 50 ha, se regularizaron a su favor 58 ha, aproximadamente.

Afirma que dentro del proceso de división y partición, su ex concubina nunca presentó ninguna documentación que acreditara que hubieren adquirido dicho predio rural de manera conjunta, sus argumentos solamente se centraron en que el Título Ejecutorial de saneamiento, se emitió dentro del periodo de tiempo en que duró su unión conyugal reconocida; aparte de ello, su ex cónyuge cuestionó su derecho sobre el referido predio, afirmando que el precitado documento de transferencia de 2009, acredita su derecho propietario, sobre un terreno de 50 ha, que no es el mismo que el saneado y adjudicado por el INRA a su nombre el 2013, cuya extensión es de 58 ha, sin que hubiese aportado elementos probatorios que sostengan tal afirmación.

El 19 de enero de 2017, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 51, en el que hizo conocer las ilegalidades lesivas a sus derechos fundamentales, pidiendo que se tomara en cuenta el documento de 22 de octubre de 2009, que dio lugar a que el proceso de saneamiento saliera a su nombre, reclamando que se trata de un bien propio y no ganancial; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 242 Bis, de 31 de julio de 2017, confirmó la Resolución apelada, con el argumento de que el Juez de primera instancia valoró el documento de 22 de octubre de 2009, pero que evidentemente se trata de otro inmueble distinto al del saneamiento; sin embargo, omitieron referirse al inmueble del contrato; es decir, en base a qué prueba concluyó en que este inmueble no es el mismo que el que determinó como un bien ganancial, ya que tal criterio pareciera basarse solamente por la diferencia en la superficie, y por la fecha de inscripción en DD.RR.

Al considerar sus derechos vulnerados, presentó recurso de casación el 27 de septiembre de 2017, mismo que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que emitió el Auto Supremo (AS) 937/2018 de 1 de octubre, que declaró infundado el recurso interpuesto, en la forma y en el fondo, validando el Auto de Vista 242 Bis emitido por la referida Sala, ratificando la división y partición como bien ganancial del precitado predio rural, sin tomar en cuenta que éste, es producto de un proceso de saneamiento agrario simple, adquirido en derecho y en posesión mucho tiempo antes de la unión libre declarada judicialmente, sin que se hubiera efectuado una fundamentación coherente, lo que convirtió a este Auto Supremo en una decisión judicial totalmente arbitraria.