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TCP

1012/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1012/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1012/2026-S3 Sucre, 15 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 75472-2025-151-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 110/2025 de 21 de noviembre, cursante de fs. 98 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Ramiro Ugarte Calizaya en representación de Walter Hernán Montero López contra Jaime Antonio Chuquimia Bacotich, Eloida Hilda Bacotich Tarifa de Chuquimia y Daysi Chuquimia Bacotich.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 14 de julio de 2025, cursantes de fs. 35 a 43 vta.; y, 53 a 55, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El folio real registrado en Derechos Reales (DD.RR.) con matrícula computarizada 6.01.1.01.0003540 y Testimonio 887/2017 de 30 de junio, que corresponde a la escritura pública de transferencia de un inmueble por adjudicación judicial, otorgada ante Notario de Fe Pública 6 del distrito judicial de Tarija, se advierte una transferencia de propiedad dentro de un proceso coactivo civil, seguido contra Jaime Chuquimia Bacotich, en calidad de ejecutado, José Chuquimia Braun y Eloida Hilda Bacotich Tarifa de Chuquimia, en condición de cedentes hipotecarios; y como resultado de dicho proceso, el inmueble fue adjudicado judicialmente, propiedad que incluye de manera expresa un pasillo de ingreso, el cual constituye parte integral de la misma, quedando con ello plenamente acreditado el señalado derecho, siendo el impetrante de tutela único y legítimo propietario.

Ya en esa calidad, fue objeto de acciones de hecho por parte de los ahora demandados; toda vez que, al ingresar a su inmueble el 21 de mayo de 2025, constató que la chapa del portón fue cambiada, lo que no le permitió ingresar, ante esa situación y tras insistir al día siguiente infructuosamente, el 23 de ese mes y año, se apersonó a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), con la finalidad de poner en conocimiento este hecho y solicitar que se adopten las acciones correspondientes.

Conforme a ello, el 24 de igual mes y año, volvió esta vez en compañía de un efectivo policial, quien advirtió la alteración del mecanismo de ingreso, por lo que, tocó reiteradamente el timbre y el portón, no recibió respuesta directa, solo desde el interior del inmueble, preguntaron sin abrir la puerta y pidiendo identificación, recibiendo el funcionario policial graves amenazas, insultos e improperios; ante dicha conducta intimidante, el funcionario policial recomendó se retiren del lugar para resguardar su seguridad, hechos que pueden ser verificados en el informe del funcionario policial de la FELCC, evidenciándose que los demandados se encuentran ocupando ilegalmente el inmueble, realizando actos de disposición y permanencia sin derecho ni autorización; por lo que, los demandados utilizaron la vía de hecho o acto de justicia por mano propia, desconociendo los canales institucionales para la resolución de conflictos, lo que atenta con los derechos reclamados.

Alega que, se determinó por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en casos de afectación al derecho de propiedad mediante acciones violentas por parte de avasalladores, debe prescindirse del principio de subsidiariedad, permitiendo acudir directamente a la acción de amparo constitucional, citando al efecto la , cumpliendo con todos los presupuestos señalados en la misma.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso y al acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda tutela y, en consecuencia se disponga:

  1. a)El cese de manera inmediata de toda vulneración a los derechos fundamentales, debiendo desocupar el inmueble descrito anteriormente, liberar el pasillo de acceso y retirar las cerraduras que fueron cambiadas de manera arbitraria, en un plazo de veinticuatro horas;
  2. b)Abstenerse de realizar nuevamente actos similares, a fin de que el hoy accionante pueda colocar nuevas cerraduras y acceder libremente al inmueble;
  3. c)En caso de incumplimiento, disponer el mandamiento de desapoderamiento, con facultad de allanamiento y autorización para la ruptura de la cerradura, el cual deberá ejecutarse con el auxilio de la fuerza pública y de las instituciones competentes para garantizar el respeto de los derechos constitucionales;
  4. d)Con costas y costos; y,
  5. e)La remisión de antecedentes al Ministerio Público para que investiguen a los demandados por la comisión del delito de avasallamiento.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

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Tribunal Constitucional Plurinacional15 de julio de 20261012/2026-S3Fuente oficial