Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de noviembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29967-2019-60-AL Departamento: La Paz Partes: Rommer Rodríguez Gonzales en representación sin mandato de Lorena Barba Almeida contra Raúl Zárate Condori, Juez Público Mixto de Partido e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque; y, José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín, ambos del departamento de Beni; Gisele Aguilera Carranza, Fiscal de Materia; y, Adener Salvatierra Melgar, funcionario policial.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la , que revocó en parte la Resolución 006/2019 de 11 de julio, cursante de fs. 66 a 71, pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Primero; Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; constituido en Tribunal de garantías; en consecuencia concedió la tutela solicitada respecto a la no admisión de la acción de libertad, y denegó con relación a José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; Gisele Aguilera Carranza, Fiscal de Materia; y, Adener Salvatierra Melgar, funcionario policial.
En todo caso, considera que debió revocar dicha Resolución Constitucional; y, en consecuencia: conceder la tutela solicitada, en su modalidad innovativa. Sobre la base de los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud y debido proceso porque :
- a)El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni, no admitió la acción de libertad por los mismos actos lesivos que ahora denuncia, quien ilegalmente declinó competencia a la jurisdicción de Santa Ana de Yacuma que se encuentra a más de veinte horas de viaje, cuando Guayaramerín o Caranavi están más cerca; y,
- b)Dentro del proceso penal seguido en su contra, por los delitos de atentados contra la libertad de trabajo, coacción, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín, sin resolución fundamentada ni cumplir el art. 180 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitió dos Mandamientos de allanamiento el 028/19 y 029/19, registro, requisa y secuestro de su inmueble ubicado en Cachuela Esperanza con la finalidad de secuestrar una chancadora, que fue ejecutada por la Fiscal de Materia de Guayaramerín y el Policía de Cachuela Esperanza, pese a que presentó ante el Juez demandado excepción de incompetencia y falta de acción y, un memorial solicitando que deje sin efecto la orden de allanamiento, solicitudes que no fueron resueltos; y, al enterarse de estas actuaciones ilegales, encontrándose recibiendo tratamiento médico en la clínica UNIFRANZ en la ciudad de La Paz, se agravo su estado de salud y por ende su vida; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, se deje sin efecto los Mandamientos de allanamiento, cese la persecución ilegal, se restituyan a su lugar las cosas sustraídas y se tramite de inmediato las excepciones y el memorial presentados.
En consecuencia, correspondía determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, la debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)La acción de libertad innovativa;
- 2)Las condiciones para la ejecución del mandamiento de allanamiento de domicilio;
- 3)La acción de libertad y su tramitación; y,
- 4)Análisis del caso concreto.
II.1. La acción de libertad innovativa
La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la 1, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación "...no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos...", de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la 2 estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la 3, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la 4, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la , estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la .
Luego, la 5, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma.
La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la ; en la que, sobre la base de la , dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
En efecto, la referida , consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las y , entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
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