1013/2022-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1013/2022-S2 Sucre, 9 de agosto de 2022

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 41564-2021-84-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 03/2021 de 14 de julio, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renato Mendoza Llovio en representación sin mandato de José Luis Paticu Vaca contra Judith Marcela Reynolds Espinoza, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero; y, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2021, cursante de fs. 16 a 21 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero de Santa Cruz, desde el 21 de julio de 2020 por la presunta comisión del delito de robo agravado, en mérito al mandamiento de detención preventiva emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del citado departamento; de allí que habiéndose cumplido el plazo de la etapa preparatoria, el 25 de mayo de 2021 solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva en previsión del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con el objeto que se modifique su situación jurídica, programándose a tal efecto audiencia para el 3 de junio de igual año a horas 10:00; sin embargo, al constituirse en feriado nacional por Corpus Christi la misma fue suspendida para el 4 de igual mes y año, empero al no haberse logrado notificar a las partes procesales debido a problemas en el Sistema Integrado del Registro Judicial (SIREJ) se volvió a suspender.

Ante esa situación nuevamente solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, fijándose para el 16 de junio de 2021; no obstante, dicho verificativo fue suspendido por problemas en el SIREJ; por ese motivo y no habiendo requerido el Fiscal de Materia asignado al caso la ampliación de la etapa preparatoria ni presentado requerimiento conclusivo alguno reiteró su pedido de cesación de la medida extrema, programándose audiencia para el 25 de igual mes y año a horas 10:30; empero, dicho actuado procesal no se llevó a cabo debido a que el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, estaba en otra audiencia de medidas cautelares en Warnes, situación por la cual formuló otra solicitud de cesación de la detención preventiva.

Refirió que desconocía que mediante providencia de 25 de junio de 2021, el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del mencionado departamento, remitió el cuaderno procesal al Juez de Sentencia Penal de turno; es decir, el mismo día en que se debía llevar a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, sin darle la oportunidad de impugnar dicho decreto mediante recurso de reposición, habida cuenta que en la misma data se efectuó el oficio y se envió el cuaderno procesal a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero, debido a que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra el 24 del referido mes y año a horas 16:00.

Es así que habiéndose apersonado al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el 28 de igual mes y año, a fin de hacer seguimiento al último escrito presentado, asumió conocimiento que el cuaderno procesal ya había sido enviado a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera del mismo Municipio y departamento; sin pronunciarse respecto a su situación jurídica, por lo que denuncia el actuar ilegal del Juez de Instrucción Penal Primero de Montero; toda vez que, incurrió en una dilación indebida dado que suspendió su competencia para conocer y resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, inobservando lo establecido en la SCP 0283/2017-S3 de 10 de abril, que prevé que el juez de instrucción penal puede resolver dicha solicitud a pesar de presentarse la acusación formal siempre y cuando no hubiera radicado la causa en el tribunal de sentencia penal.

Finalmente, adujo que el 29 de junio de 2021 interpuso escrito ante el Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero, solicitando devuelva el expediente al Juzgado de Instrucción Penal Primero del citado asiento judicial, haciendo conocer que se habría remitido el expediente estando pendiente de resolución la solicitud de cesación de la detención preventiva programada para el 25 de igual mes y año; sin embargo, la Jueza precitada lejos de ejercer el control jurisdiccional y garantizar que la causa continúe sin lesionarse sus derechos pronunció el Auto Interlocutorio 82/2021 de 30 de junio, por el cual rechazó la solicitud de devolución por encontrarse la causa con radicatoria y en consecuencia dispuso la continuación de la tramitación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y a la igualdad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de los demandados

Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia a pesar de su legal citación cursante a fs. 47.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial presentado por José Luis Paticu Vaca -ahora accionante- el 25 de junio de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, por el que señaló que en mérito a que la audiencia programada para el indicado día no se pudo desarrollar, solicitó se programe nuevo día y hora, a fin que se resuelva su petitorio de cesación de la detención preventiva en virtud al art. 239.2 del CPP (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

Sobre esta tipología de acción de libertad, la SCP 0182/2020-S2 de 24 de julio, refiere: "Con relación a este acápite la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: '...entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'.

Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: 'Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos.

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido'.

Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que puede ser presentada inclusive cuando el acto cuya vulneración se denuncia haya cesado, habida cuenta que la misma tiene por objeto evitar que los servidores públicos o personas particulares cometan similares actos u omisiones que contravienen el orden constitucional, permisión que se encuentra sustentada en el art. 49.6 del CPCo, que dispone 'Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan'" (énfasis añadido).

III.2. Con relación la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los procesos judiciales o administrativos cuando se denuncian dilaciones indebidas, en los trámites donde se debe resolver la situación jurídica de una persona. Esta tipología de acción de libertad, tiene su sustento jurídico en el art. 180.I de la CPE, que establece los principios sobre los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, encontrándose entre ellos la celeridad, asimismo, en relación con la citada norma constitucional, el art. 178.I de la CPE, prevé que: "La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos" (el resaltado nos pertenece).

En concordancia con los preceptos constitucionales citados, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que: "Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (énfasis añadidos).

Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: "...se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

(...)

'...todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado'" (negrillas añadidas).

En consecuencia, de los preceptos y jurisprudencia constitucional desarrollada se establece que toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud de una persona que se encuentra privado de libertad esta impelida de actuar con la mayor diligencia o dentro de los plazos establecidos, dado que de no hacerlo ocasionaría una lesión indebida al derecho a la libertad.

III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

La jurisdicción constitucional se ha pronunciado sobre este tópico, a través de la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, que sistematizando entendimientos jurisprudenciales, estableció subreglas al señalar: "La 0SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 20041 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.

Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo2 estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre3 y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.

Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre4, entre otras.

Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.