Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2019- S2 Sucre, 22 de noviembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 29559-2019-60-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 76/2019 de 10 de junio, cursante de fs. 92 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Hugo Salazar Ramos contra Mónica Guzmán Morales, Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de mayo de 2019, cursante de fs. 29 a 37, el accionante expuso los siguientes fundamentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 21 de febrero de 2019, la Fiscal de Materia informó a la Jueza ahora demandada, sobre el inicio de investigación en su contra por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes. Posteriormente el 13 de marzo del citado año, sin que se le notifique sobre la investigación, el Ministerio Público comunicó a la mencionada autoridad judicial, respecto a la complementación de diligencias -por un plazo de sesenta días-, que fue admitida por providencia de 14 del mismo mes y año.
Una vez que asumió conocimiento de la causa, el 24 de abril de 2019, mediante memorial dirigido a la Jueza demandada, solicitó la corrección procesal por retardación de justicia e incumplimiento de plazos -de conformidad con el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-; observando que la Fiscal de Materia solicitó la ampliación del plazo antes de su vencimiento, de forma infundada (al no ser evidente la necesidad de admitir la complementación, sin que exista diligencia complementaria alguna, ni razonabilidad en el tiempo solicitado y el dispuesto); e incongruente (por solicitar la ampliación de sesenta días y a la vez pretender que los requerimientos a emitirse sean recogidos por el investigador en el plazo de ochenta días excediendo su propia petición). Sin embargo, la autoridad demandada, en lugar de cumplir con su rol de control jurisdiccional de la investigación, se restringió a rechazar in limine su petición, mediante Auto de 25 de abril de 2019, limitándose a señalar que la admisión se produjo en el marco de los arts. 300 y 301 del CPP, sin mayor fundamento; además, generando incertidumbre sobre los plazos; toda vez que, a la fecha de presentación de su acción tutelar, aún no se presentó ningún requerimiento conclusivo, no obstante a que transcurrieron ochenta y nueve días desde el inicio de la investigación preliminar.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de suficiente fundamentación de las resoluciones, a ser juzgado en un plazo razonable; y, el principio de celeridad citando para el efecto los arts. 115.II, 178.I; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela declarando la nulidad del Auto de 25 de abril de 2019 y disponiendo la emisión de uno nuevo conforme a derecho, en el plazo de cuarenta y ocho horas.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 10 de junio de 2019, según consta en acta cursante de fs. 83 a 91 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado ratificó en su integridad la acción presentada y ampliándola señaló que:
- a)El rechazo in limine debió originarse en la falta de fundamento de la petición, en el derecho procesal o el normativo; empero, no ocurrió así en su caso pues su solicitud se amparaba en el art. 168 del CPP;
- b)Tenía derecho de plantear excepciones e incidentes a partir de la comunicación del inicio de la investigación; sin embargo, al no habérsele notificado con dicho inicio, no pudo ejercer su derecho;
- c)Al haberse solicitado la ampliación de plazo para realizar diligencias complementarias, debió considerarse que aún quedaban diez días hábiles para que el Ministerio Público cumpla sus tareas; por lo que, correspondía al menos que se explique la razón por la cual dichas diligencias no podían realizarse en los días restantes;
- d)Al no concluir el plazo se generó incertidumbre sobre el cómputo de la ampliación, de forma que no se conocía desde cuando debía realizarse -desde la aceptación de la complementación o a partir del agotamiento del plazo-;
- e)Los plazos se manejan discrecional e irracionalmente, ante la falta de control jurisdiccional; aspecto evidenciable pues no obstante a la ampliación dispuesta por la Jueza, el 7 de junio de 2019, venció el plazo legal sin que exista requerimiento conclusivo, providencia o Auto que declare dicho incumplimiento y disponga la emisión de la resolución conclusiva; y,
- f)La Jueza demandada no presentó su informe incumpliendo su obligación.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
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