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TCP

1017/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1017/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 53618-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 04/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 64 vta. a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fátima Alejandra Jordán Bravo contra Rubén Darío Lobatón Ortiz, Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); Julio Alfonso Larrea Moscoso, Director Departamental; Yeghel Carmen Echave Lima, Jenny López Flores, Yoselin Mendoza Quispe; y, Gimena Chui Huanca, funcionarias policiales de Plataforma de atención y recepción de denuncias; y, Wilson Pérez Choque, funcionario policial todos de la FELCV del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 16 a 21, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante la jornada del 26 de enero de 2023, Luis Fernando Camacho Vaca, entonces Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, quien es su cónyuge, encontró un dispositivo de espionaje oculto dentro de su celda en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, donde el nombrado permanecía bajo detención preventiva. Dicho equipo electrónico registró de manera ininterrumpida la totalidad de las visitas conyugales que realizó a su cónyuge, exponiendo ante terceras personas los momentos en que su persona se cambiaba de ropa, compartía la intimidad o utilizaba el servicio sanitario. Esa acción, atribuida directamente a los funcionarios policiales responsables de la seguridad del citado Centro Penitenciario, configura los delitos de acoso sexual y violencia psicológica.

Como consecuencia de esos hechos, manifestó sentirse profundamente ultrajada y violentada; porque, quienes controlaban el acceso a las filmaciones observaron su cuerpo y su vida privada sin su consentimiento, vulnerando gravemente su dignidad humana y su condición de mujer.

Posteriormente, el 27 de enero de 2023, solicitó a sus abogados denunciar verbalmente el hecho ante la FELCV más cercana; puesto que, desde el 26 de ese mes y año, no la dejaban salir del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz; sin embargo, cuando sus abogados se apersonaron a la División Especializada en Delitos contra la Mujer de la FELCV para sentar la denuncia según disponen los arts. 284 y 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP), bajo el principio de informalidad que rige la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el relato de los hechos fue pausado por -Yeghel Carmen Echave Lima, Jenny López Flores, Yoselin Mendoza Quispe; y, Gimena Chui Huanca- funcionarias policiales hoy coaccionadas, solicitando unos minutos para realizar llamadas desde sus celulares indicando que verificarían si esa denuncia correspondía a la FELCV o a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Asimismo, las funcionarias policiales hoy coaccionadas refirieron que se requería una evaluación psicológica previa, a pesar de que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, establece las directrices y el procedimiento especial para el Ministerio Público y para la Policía Boliviana en hechos que impliquen a una mujer en situación de violencia. Posteriormente, se apersonó el funcionario policial ahora coaccionado, dilatando por más de una hora la recepción de la denuncia "...con un sinfin de improperios y pretextos..." (sic), indicándole que tenía que llegar la Fiscal de Materia, asimismo realizó una llamada por celular, saliendo sin retorno.

Ante esa situación, sus abogados observaron que las funcionarias policiales hoy coaccionadas se encerraron en otra oficina para nunca regresar a sus puestos de trabajo, saliendo vestidas de civil, escapándose para no recibir la denuncia; por lo que, sus abogados intentaron reclamar ante el Director Departamental ahora coaccionado; empero no se encontraba; entonces, ningún funcionario policial recibió su denuncia, transcurriendo tres horas, ante lo cual sus abogados se retiraron.

Por otra parte, el 30 de enero de 2023, el Director Nacional hoy accionado, salió a los medios de prensa y comunicación refiriendo que su caso no era una situación de violencia y que no correspondía atender su denuncia, negándole el acceso oportuno a la justicia, hecho que resulta inadmisible en una autoridad que tiene la obligación de investigar los hechos que se pretende denunciar y precautelar sus derechos como mujer víctima de violencia; más aun, cuando se supone que es especialista en víctimas de violencia y atención prioritaria como determina la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; sin embargo, el nombrado ahora accionado asumió atribuciones de Fiscal de Materia "analista", al indicar que su denuncia no puede ser recibida; a pesar de estar su vida en peligro inminente, por enfrentarse a autoridades del Régimen Penitenciario o la Policía Boliviana, a las cuales se encuentra sometida cada vez que su persona ingresa de visita al Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz; y, "...si me han grabado de forma tan siniestra y morbosa en cualquier momento pueden atentar contra mi integridad física o psicológica" (sic).

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida libre de violencia -se entiende a la libertad de locomoción-, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta y oportuna, a la seguridad jurídica, a la dignidad, a la intimidad; y, a la privacidad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga:

  1. a)Ordenar la recepción inmediata de su denuncia verbal en la FELCV del departamento de La Paz, bajo las directrices de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; así también, reciban todos los medios de prueba que adjunta a su denuncia; y,
  2. b)Evitar su revictimización "...bajo ninguna declaración de autoridades de la FELCV que refieran arbitrariamente que mi persona no es víctima de violencia" (sic); por lo cual, se inicie las investigaciones y se emitan medidas de protección en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

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