1018/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1018/2019-S1 Sucre, 9 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28178-2019-57-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 76/2019 de 18 de septiembre, cursante de fs. 261 a 269 vta.; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lidor Eleido Vergara Vega contra Manuel Eudal Tejerina del Castillo, Director Departamental de Educación de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 15 de marzo de 2019, cursantes de fs. 92 a 115 y 126 a 135 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó funciones como profesor de la Unidad Educativa Narciso Campero de la ciudad de Tarija y el 22 de noviembre de 2016 de manera sorpresiva Teresa Díaz Narváez -ahora tercera interesada- presentó denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual contra su hija menor de edad, quien entonces tenía 14 años.

Señala que, durante la tramitación de proceso penal seguido en su contra, el Director Distrital de Educación de Cercado, Ángel Ugarte Sossa, le comunicó que fue suspendido de sus funciones sin goce de haberes dando cumplimiento al Instructivo DDE/DIR/METC/CCT/12/2017 emitido por la Dirección Departamental de Educación de Tarija, mientras se desarrollaba el proceso penal, mismo que concluyó con la Resolución de sobreseimiento de 30 de octubre de 2017, que fue ratificada por el Fiscal Departamental mediante Resolución de 13 de diciembre de 2017.

Agrega que, por Auto de inicio de proceso de 26 de marzo de 2018, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cercado, dispuso la admisión de una denuncia de oficio por la presunta comisión de la falta muy grave de acoso sexual, por lo que, presentó prueba de descargo haciendo conocer que el proceso penal que se le instauró concluyó con resolución de sobreseimiento, teniéndose como resultado el Auto final del proceso de 8 de mayo de 2018, que resolvió no establecer responsabilidad disciplinaria en su contra. Manifiesta que, el 14 de mayo de 2018, de oficio se remitió el expediente a la Dirección Departamental de Educación de Tarija a fin de que en grado de revisión se emita criterio, mereciendo Resolución METC/DDET/Nº 006/2018 de 4 de junio, por la que, el Director Departamental de Educación, Manuel Eudal Tejerina del Castillo -ahora demandado- dispuso anular obrados hasta el Auto inicial del proceso disciplinario ordenando que el Tribunal Disciplinario tomara en cuenta sus observaciones y recomendaciones; por lo que, siguiendo esos lineamientos se emitió un nuevo Auto de inicio de proceso el 2 de julio de 2018, y concluido el proceso disciplinario en primera instancia se determinó nuevamente no establecer responsabilidad administrativa en su contra mediante Auto final del proceso de 14 de agosto de 2018, Resolución que fue apelada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) que mereció Auto de revisión METC/DDET/Nº 012/2018 de 17 de septiembre, que revocó el Auto final del proceso y estableció responsabilidad disciplinaria en su contra declarando probada la comisión de la falta contenida en el art. 11 inc. m) de la Resolución Suprema (RS) 212414 -Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo-, relativa a la "invitación al uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales", sancionándolo con el retiro definitivo del ejercicio del magisterio, sin que exista prueba alguna, contraviniendo el estado de inocencia, el debido proceso, mellando su dignidad y dejándolo sin trabajo con afectación directa a su familia, pues el ahora demandado asumió el rol de denunciante y coadyuvante del proceso penal y en el proceso disciplinario fungió como acusador y juez de apelación.

Refiere que, a consecuencia de los hechos descritos precedentemente se lesionó su derecho y garantía al debido proceso en su elemento de contar con el tipo disciplinario y específico, pues, el Tribunal Disciplinario debió identificar con precisión la falta endilgada, subsumiendo con absoluta precisión la conducta del procesado a un tipo normativo sancionador específico, lo que determina el tipo de procedimiento y la sanción a aplicarse, debiendo contrastar las pruebas presentadas con relación a la falta o contravención calificada.

Señala que, también se vulneró su derecho al debido proceso, pues, la autoridad ahora demandada incurrió en valoración arbitraria y omisiva de la prueba pues el Informe psicológico "066/2016" fue realizado por una psicóloga sin especialidad "AGT" de la DNA carente de datos y con un análisis sesgado e incompleto que fue instrumentalizado para justificar la decisión arbitraria asumida por el ahora demandado quien lo uso para revocar la decisión del Tribunal Disciplinario, mismo que además debió reservarse únicamente para ser utilizado en la investigación del proceso penal siendo ventilado en el proceso disciplinario sin consentimiento de los padres de la menor y de las autoridades judiciales o del Ministerio Público en observancia a la reserva que rige en caso sobre menores y delitos sexuales, además que, para constituirse en una prueba fiable debió haberse recurrido a realizar un peritaje psicológico con un profesional especialista en éste tipo de casos, ya que no cumplió el protocolo ni se realizaron los pasos para un diagnóstico confiable y certero, tampoco consta en la entrevista a la menor ni una palabra que denote conducta inapropiada de su parte.

Manifiesta que, se lesionó su derecho a la presunción de inocencia, pues tampoco existe prueba que demuestre que dijo alguna palabra, efectuó alguna proposición de índole sexual o económica o un acercamiento indebido que implique siquiera una sospecha de la comisión de la falta disciplinaria endilgada, tampoco existe ningún elemento probatorio que cause convicción sobre una conducta inapropiada, pues existe duda razonable sobre su inocencia, misma que fue defendida en todo el proceso debido a que en dos oportunidades el Tribunal Disciplinario lo libró de culpa y responsabilidad y en ambas ocasiones la autoridad demandada demostrando su afán de perjudicarlo revocó las resoluciones que lo favorecían forzando una sanción injusta que no merecía.

Refiere que, se vulnero su derecho al debido proceso en su componente de Juez imparcial -Juez natural-, ya que, pese a que la norma solo contempla la excusa y recusación debido al parentesco consanguíneo o vinculo espiritual, no es aceptable que la autoridad disciplinaria que ya había emitido su criterio en el proceso penal asuma ilegalmente el caso hasta consumar su indigno cometido pues el ahora demandado vició el proceso con su dolosa intervención, así también, porque en el memorial de respuesta a la apelación se expuso con detalle los hechos, las pruebas testificales y documentales que fueron valoradas correctamente por los miembros del Tribunal disciplinario; sin embargo, el hoy demandado demostrando completa parcialidad en todas sus actuaciones impuso su capricho y se apartó totalmente de la razonabilidad jurídica y hasta de la simple lógica dejando sin efecto y revocando tres resoluciones uniformes que lo eximen de cualquier responsabilidad; consiguientemente, se demuestra que fue procesado disciplinariamente en segunda instancia por una autoridad que no cumple con la garantía de imparcialidad.

Manifiesta que, se transgredieron sus derechos al trabajo y al proyecto de vida; por cuanto, la autoridad demandada cayó en un exceso al establecer que una conducta no demostrada debe ameritar el retiro definitivo del ejercicio del magisterio, pese a existir la verdad jurídica objetiva en los hechos, pues por simples caprichos se le privó de su derecho de ejercer el trabajo para el cual estudió durante muchos años echándose por la borda la vocación y experiencia acumulada en distintas unidades educativas donde impartió clases sin haber tenido jamás problemas de ésta índole; por lo que, ésta afectación a su derecho al trabajo y a su proyecto de vida no debe consentirse pues la sanción impuesta no es consecuencia de un debido proceso, pues al contrario desde el principio desconoció los hechos y las normas atribuyéndole una falta de inexistente en segunda instancia que forzó una sanción sin que exista la conducta demostrada con prueba plena e idónea, debiendo además considerarse que su profesión de profesor es su única fuente de ingreso y es un trabajo honesto que provee para su familia el sustento diario y que beneficia de igual modo a la sociedad.

Señala que, se lesionó su derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones, por cuanto, de la revisión de la Resolución ahora cuestionada se advierte que no se adecúa a las exigencias del debido proceso en su componente de motivación de las resoluciones, pues el ahora demandado omitió argumentar de manera suficiente y reforzada los motivos para revocar la Resolución de primera instancia pues en ningún momento valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos asignándoles un valor específico a cada uno de forma motivada, ya que se limitó a relatar y copiar lo expuesto por las partes y luego redactó una breve conclusión de la cual se puede advertir que su caso no fue analizado conforme a las mínimas pautas de interpretación que acepta la teoría jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de contar con el tipo disciplinario específico y previo, valoración "arbitraria y omisiva" de la prueba, a la presunción de inocencia, juez imparcial, al trabajo, contar con un proyecto de vida, a una Resolución motivada y al incumplimiento de plazos, citando al efecto los arts. 46.I, 109, 115, 116, 117, 119, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1 incs. f), g) y h); 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2.1 y 3 incs. a) y b), 14 numerales 1,2,3,5 y 7, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Revisión METC/DDET/Nº 012/2018 de 17 de septiembre, debiendo en su mérito emitirse nueva Resolución debidamente motivada.