Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1020/2026-S2 Sucre, 18 de junio de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 79485-2025-159-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 064/2026 de 9 de abril, cursante de fs. 339 a 343 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodocia Rosa Mundocorre Cruz de García contra Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sucre del departamento de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2025, cursante a fs. 1 y 217 a 226 vta., la accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde 1989 estuvo en unión libre o de hecho con Filomeno García Aguilar -tercero interesado- hasta el 21 de enero de 1999, fecha en la que contrajeron matrimonio; en tal contexto, en 1993, adquirieron un lote de terreno de 150 m², ubicado en el exfundo Ckatalla Baja, actual barrio Canadá, zona Buena Vista de la ciudad de Sucre; mismo que, se encuentra registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con Matrícula 1.01.99.0018678 vigente; por lo que, en el marco de los arts. 173.I, 176, 177.I, 187, 188, 189 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), dicha propiedad tiene calidad de bien ganancial de la sociedad conyugal, siendo copropietaria del mismo.
No obstante, el GAM de Sucre por Auto Inicial de Demolición 023/2024 de 30 de agosto -emitido por el Jefe de Control Municipal y Director de Planificación Territorial y Movilidad Urbana del citado ente municipal-, inició un proceso de demolición del referido bien inmueble solo contra el tercero interesado, sin haberla notificado de forma personal, mediante cédula o edictos; por lo que, no tuvo oportunidad de ser oída, presentar descargos, ofrecer o producir prueba dentro de los plazos legales, ni impugnar la Resolución Administrativa (RA) 069/2025 de 14 de abril; su similar de Recurso de Revocatoria 014/2025 de 27 de mayo, -emitidas por el Secretario Municipal de Gestión Territorial, Urbanismo y Vivienda del citado GAM-; y, la Resolución Jerárquica 47/2025 de 12 de septiembre (emitida por Enrique Leaño Palenque, Alcalde del referido GAM -ahora demandado-); pese a que, el ente municipal tuvo conocimiento de su existencia e interés, conforme se tiene de la Nota S.M.G.T.U.V.-G.A.M.S. CITE 194/2025 de 19 de febrero -aprobada por el mencionado Secretario; por la cual, funcionarios municipales solicitaron expresamente un informe técnico complementario que, entre otros puntos, pidió aclarar su legitimidad; es decir, reconoció implícitamente su posible interés en el caso-; y, la Nota J.C.D.M. CITE 122/2025 de 14 de marzo -aprobada por el Director de Planificación Territorial y Movilidad Urbanística del mismo ente municipal-; se limitó a señalar que el infractor era el tercero interesado, con base en datos de un certificado de propiedad a nombre de este, sin pronunciarse ni aclarar en absoluto sobre su legitimidad e interés como copropietaria.
Por memorial presentado el 13 de octubre de 2025, pidió la nulidad de la Resolución Jerárquica 47/2025; no obstante, el Alcalde demandado, la remitió al contenido de la Nota CITE: D.G.G.L. 2767/2025 de 17 de octubre, el cual se limitó a señalar que la vía administrativa estaba agotada, en lugar de analizar y resolver en el fondo la nulidad planteada -a través de la cual reclamó falta de notificación a su persona en el proceso administrativo de demolición de un bien ganancial-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la sanción de demolición, como atribución municipal, debe aplicarse previo cumplimiento del debido proceso; mismo que, dé la oportunidad al administrado de conocer la sindicación, de ser escuchado, de asumir defensa, de alegar y presentar pruebas.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a ser oída, a la impugnación, a la igualdad, a la propiedad privada; así como, de la garantía al debido proceso en su componente fundamentación; y, al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 14, 115.II, 119.II, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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