1021/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)A los Vocales de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí resuelvan el conflicto de competencias disponiendo la realización de la audiencia de cumplimiento del plazo de la detención preventiva, y posterior a ello, se prosiga con su juicio ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento mencionado; y,
2. b)El estricto cumplimiento a los principios de celeridad procesal, y cumplimiento pleno a lo establecido en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)Hasta la fecha son cuarenta y cuatro días sin que el conflicto de competencias haya sido resuelto;
2. 2)La audiencia de cesación a la detención preventiva no fue solicitada, ya que fue programado el verificativo del cumplimiento de plazo de esa medida extrema conforme a procedimiento y a la Ley 1173; y,
3. 3)No puede dejarse latente, y sin ninguna respuesta este tipo de actuado procesal, es por esa razón que se interpuso esta acción de libertad, puesto que el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí tendría que haber resuelto la indicada audiencia, y no haber emitido un simple decreto sin ningún tipo de fundamentación ni base legal constitucional alguna.

Raúl Arnold Barriga Villegas, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante de fs. 20 a 21 vta., solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)La autoridad del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de igual Capital y departamento, por proveído de 10 de junio de 2021, realizó la devolución del expediente del ahora accionante, observando que existía una petición de resolución de consideración a la detención preventiva de la parte imputada que su autoridad no habría resuelto;
2. ii)Su persona cumplió con lo establecido en el art. 325.I del CPP, al haber remitido los antecedentes en el plazo de veinticuatro horas ante el Juzgado de Sentencia Penal antes citado, en el entendido que no tenía competencia para conocer ningún tipo de solicitud por no encontrarse el documento físico ni el digital de dicho expediente en su Juzgado, y considerando además que dentro de la tramitación de dicho proceso no existía ningún tipo de solicitud de cesación a la detención preventiva;
3. iii)Al no haber estado de acuerdo con la devolución del expediente, es que se vio obligado a plantear conflicto de competencias, y declararse sin competencia para conocer dicho proceso;
4. iv)Pese a que existió un error por parte del Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí al haber interpretado el art. 235 ter del CPP, su persona cumplió estrictamente el procedimiento penal, por lo que al haber presentado el Ministerio Público acusación el 8 de junio de similar año, su persona perdió competencia para conocer posteriores actuados, razón por la cual remitió los actuados ante el mencionado Juez para que sea este el que sustancie el juicio, las incidencias, como la audiencia del cumplimiento al plazo de la detención que estaba señalada y notificada en audiencia a las partes con tres meses de anticipación;
5. v)No podía esperar previamente a que se realizara la audiencia de cumplimiento del plazo a la detención, porque recién debía realizarse el 11 de junio de igual año, y la acusación fue presentada el 7 de mismo mes y año, por lo que aplicando el principio de celeridad procesal, y considerando que el imputado -hoy accionante- se encontraba privado de libertad, es que tomó la determinación de remitir el expediente en físico y en el sistema, que posteriormente radicó y estaba en poder del señalado Juez y le fue devuelto con un simple proveído;
6. vi)Si bien la SCP 0694/2018-S1 de 26 de octubre estableció las reglas respecto a la consideración de la detención preventiva cuando ya existe una acusación, no obstante esta no es aplicable porque su persona se declaró incompetente;
7. vii)Según la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, una vez que el juzgado o tribunal que haya recibido una causa por la remisión de la misma debido a la presentación de una acusación formal y haya procedido a su radicatoria, será competentes para resolver las solicitudes de cesación o modificación de las medidas cautelares;
8. viii)Si bien la jurisprudencia constitucional determinó que los jueces de instrucción penal en efecto tienen la obligación de conocer la petición de solicitudes de cesaciones, pese a la existencia de la acusación, no obstante, eso no ocurrió en el presente caso en el que se declaró incompetente, ya que las sentencias constitucionales emergen con anterioridad a la vigencia de la Ley 1173 y en su "art. 235 ter" modificado que establece: "audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada" circunstancia que es diferente a la petición de consideración de solicitud a la cesación de la detención preventiva instaurada por el imputado;
9. ix)Al no existir solicitud de cesación a la privación de libertad que no haya sido atendido con anterioridad y posterioridad a la presentación de la acusación formal, es que hizo la remisión ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, no existiendo jurisprudencia ni norma que le obligue a realizar la audiencia para resolver la situación jurídica de la persona cautelada;
10. x)Actuó con celeridad procesal, no siendo evidente que su persona o los funcionarios a su cargo hayan tomado más de cuatro días para la remisión ante la Sala Plena, ya que conforme a la nota de remisión realizada por el Secretario de Despacho Nota Cite 407/2021 de 10 de junio, fue recepcionada el 11 de ese mes y año, a hora 8:30, es decir, al día siguiente hábil; y,
11. xi)Al no haberse acreditado una privación de libertad indebida por parte de su persona, debe denegarse la tutela solicitada.

Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, remitió informe escrito de 27 julio de 2021, cursante a fs. 23 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)Con la finalidad de no causar indefensión o perjuicio a las partes se dispuso devolver el proceso al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la misma Capital y departamento el 10 de junio de similar año, toda vez que conforme la SCP 0325/2018-S1 de 16 de julio y otras es posible que el juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, y posterior a ello recién remitir los actuados, para evitar crear conflicto de competencias y perjuicio a las partes;
2. b)En ningún momento aludió no tener competencia en el proceso en cuestión, sino al contrario, se le indicó al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento citado que una vez llevada a cabo la audiencia, pueda devolverle los antecedentes del proceso para sustanciar el juicio oral; y,
3. c)En ese entendido no correspondía haberse presentado la actual acción tutelar contra su persona, por las incongruencias que se tienen en el memorial presentado por la parte accionante, y más aún cuando existe una resolución pendiente en Sala Plena.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 028/2021 de 27 de julio, cursante de fs. 29 vta. a 33 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que los Vocales demandados que conforman la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resuelvan dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, el conflicto de competencias suscitado por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento referido; con los siguientes fundamentos:

1. 1)Con relación a los jueces demandados, en el caso concreto no es pertinente analizar el actuar del Juez de Sentencia Penal Segundo ni del Juez de Instrucción Penal Primero, ambos de la Capital del departamento de Potosí, toda vez que estos a través de sus informes escritos justificaron su actuar, por un lado al haberse suscitado conflicto de competencias, y por el otro al haberse excusado de llevar adelante el trámite del proceso penal de referencia, y si bien pueden tener la razón o no, menos corresponde entrar al tema de fondo que debe ser resuelto por los Vocales ahora demandados;
2. 2)Lo que sí se puede rescatar de los informes presentados por los jueces ahora demandados, es la convicción de los hechos sucedidos, es decir, de la existencia de un conflicto de competencias, la excusa de uno de los jueces, y la remisión del legajo para que este sea resuelto por Sala Plena;
3. 3)Sobre los Vocales ordinarios que integran la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados- el accionante señaló que estos aún no habrían resuelto su conflicto de competencias, al respecto, el art. 50 de la LOJ estableció que dentro de las atribuciones de la sala plena de los tribunales departamentales de justicia está el de dirimir conflictos de competencias entre juezas y jueces del departamento;
4. 4)Debe aclararse que si bien no existe propiamente un procedimiento que deba de seguir la Sala Plena para resolver este tipo de conflictos; no obstante, en un sentido teleológico debe entenderse que respecto al debido proceso, la propia Constitución Política del Estado señala que debe juzgarse dentro de un plazo razonable y con celeridad, por lo que cualquier tipo de actuado debe resolverse bajo esos parámetros;
5. 5)El grado de importancia está en que es una causa penal, y la resolución pronta permitiría una posible libertad inmediata del impetrante de tutela, que se encuentra detenido cerca de cuarenta y cuatro días sin una respuesta, pese a que ya se habría señalado que la detención del ahora peticionante de tutela era por tres meses, lo que significa que debe llevarse a cabo un audiencia de consideración de la situación jurídica del mismo para examinar la aplicación de medidas sustitutivas, o la libertad irrestricta; empero, el actuar de los Vocales ahora demandados no permite analizar tal causa;
6. 6)La presente situación hay que relacionarla con un plazo razonable, toda vez que la Ley del Órgano Judicial no prevé un plazo y sus incidencias para la resolución de este tipo de trámites competenciales de un juzgador; y,
7. 7)Por lo señalado se vulneró el derecho al debido proceso relacionado a la libertad, vinculado a resolver las causas dentro de plazo y sin dilaciones conforme a la doctrina y jurisprudencia constitucional, por lo que debe concederse la tutela de manera parcial, porque no correspondió analizar respecto a la actuación de los jueces.