1021/2022-S4

Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 27 de marzo de 2021, cursante a fs. 9 y vta., refirió lo siguiente:

1. a)El proceso penal instaurado contra el impetrante de tutela, se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta de dicho departamento y no en el despacho judicial a su cargo, conforme afirmó el propio accionante; por tanto, no existe legitimación pasiva respecto a su autoridad;
2. b)Si bien se encuentra en suplencia legal del referido Juzgado de Instrucción Penal Primero, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, interpuesta por el justiciable, no fue de su conocimiento; toda vez que, el Secretario del indicado Juzgado, no procedió con el ingreso a despacho del memorial, ni de forma física tampoco digital; motivo por el cual, no se procedió conforme a ley; en tal sentido, la presente demanda de esta acción tutelar debió ser dirigida contra el citado funcionario judicial; y,
3. c)La pretensión formulada por el solicitante de tutela de que, a través de la presente acción de defensa se declare la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y se libre mandamiento de libertad, no puede ser deferida; toda vez que, tales actos no se encuentran contemplados dentro de las facultades de la jurisdicción constitucional, correspondiéndole dichas atribuciones a la autoridad jurisdiccional que conoce la causa; en ese marco, los argumentos y peticiones del impetrante de tutela se encuentran fuera de todo asidero legal; así como, fuera de las competencias del área constitucional o extraordinaria, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada.

El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 2/2021 de 27 de marzo, cursante de fs. 12 a 14, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos:

1. 1)La acción de libertad traslativa o de pronto despacho se encuentra destinada a acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas vinculadas a la situación jurídica de una persona privada de libertad;
2. 2)Las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, a través de los medios y recursos que prevé la ley y solo agotados estos se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, a no ser que se constate que las lesiones alegadas al debido proceso, devengan de indefensión del procesado;
3. 3)Ante la presentación de la extinción de la acción penal por parte del impetrante de tutela, este puede hacer seguimiento de su memorial e incluso presentar nuevo escrito pidiendo pronunciamiento al Juez encargado del control jurisdiccional, sujetándose a lo previsto en los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y no solicitar que directamente la justicia constitucional se pronuncie al respecto y menos aún, emita mandamiento de libertad; toda vez que, esta es una atribución potestativa del Juez encargado del control jurisdiccional que, deberá realizar una valoración integral del proceso y no solo del vencimiento del plazo, sino también valorar los motivos de la demora y si estos son atribuibles al imputado o no, siendo además que, ante la eventualidad de que la pretensión fuera rechazada o declarada infundada, se halla expedita la vía de impugnación ante la instancia superior;
4. 4)Obrar en contrario, implicaría desconocer el control jurisdiccional establecido en el art. 54 del adjetivo penal; así como, la existencia de un mecanismo eficiente de impugnación, como lo es el señalado en el art. 251 de la norma procesal penal; y,
5. 5)La no atención de la solicitud de extinción de la acción penal, no constituye el origen, motivo o causa de la restricción del derecho a la libertad del accionante, misma que deviene de una resolución de medidas cautelares.