1023/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1023/2019-S4 Sucre, 27 de noviembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26821-2018-54-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 812 a 819, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Adán Arteaga Mansilla contra Ramiro Guerrero Peñaranda y Fausto Juan Lanchipa Ponce, ex y actual Fiscal General del Estado respectivamente; María Ines Yáñez Cáceres, Autoridad Sumariante; y Amalia Arancibia Garrón, Autoridad Sumariante Suplente, ambas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentados el 19 de octubre de 2018, cursante de fs. 590 a 607 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Director de Gestión Fiscal de la Fiscalía General del Estado, mediante oficio CITE FGED/DGFSE 486/2016 de 6 de mayo, instó la apertura de proceso disciplinario en contra de su persona como Fiscal de Materia, por la supuesta comisión de las faltas previstas en los arts. 120 18), 121.18 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; razón por la que, la Autoridad Sumariante, en merito a sus atribuciones establecidas en el art. 127.I del mismo cuerpo normativo, mediante Resolución de Apertura 27/2016 de 11 de mayo, admitió la denuncia disciplinaria interpuesta de oficio en su contra, disponiendo además, rechazar respecto a la falta denunciada prevista en el art. 121.18 de la LOMP, aperturando un periodo de prueba y asignado una Fiscal Investigadora del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado; habiendo contestado a la Resolución de apertura de proceso disciplinario presentando sus pruebas de descargo y fundamentos que desvirtuaban la posibilidad de ser responsable, participe o autor de la falta disciplinaria por la que se le investigó adjuntando abundante carga procesal, que fue admitida por la Autoridad Sumariante mediante decreto de 30 de mayo de 2016, sin que sean observadas por el denunciante; posteriormente, se clausuró la etapa probatoria mediante el decreto de 31 de igual mes y año, señalándose audiencia sumaria para el 22 de junio del mismo año. El 7 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia sumaria dictándose después de un cuarto intermedio, la "Resolución Sumaria 21/2016 de 7 de julio" (sic), bajo el argumento de que no se tuvo la intención de perjudicar a alguna de las partes ni de beneficiarlas, elemento fundamental para la concurrencia de la falta disciplinaria prevista en el art. 121.20 de la LOMP, que no fue enervada en su totalidad por la Fiscal Investigadora del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado; declarándolo no responsable de la falta muy grave contemplada en el artículo antes referido; fallo que fue impugnado por el Fiscal Investigador Disciplinario mediante recurso jerárquico que fue resuelto por el Fiscal General del Estado mediante la "Resolución FGE/RJGP/RJ-PD 132/2016" de 15 de septiembre, que dispuso anular el fallo impugnado; bajo el argumento de que no se incorpore en la descomposición del tipo previsto en el referido articulo del mismo código, el elemento dolo porque se vulneran los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad que en todo proceso disciplinario debe regir, debiendo velar que éstos se observen en todo proceso disciplinario; es así que, mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2016, la Autoridad Sumariante dispuso la corrección del número de la Resolución de 10 de octubre del referido año, estableciéndose como la numeración correcta "Resolución Sumaria 39/2016 de 10 de octubre", aclarando que dicha corrección no modificó el fondo del fallo manteniéndose incólume, fallo éste último que fue impugnado a través de recurso jerárquico, que mereció la Resolución FGE/RJGP/DAJ-PD 001/2017 de 5 de enero, que anulo la "resolución 21/2016 de 10 de octubre" debiendo emitirse nuevo fallo, cometiéndose el gran error en la referida resolución, cuando lo que realmente debió anularse era la "Resolución Sumaria 39/2016 de 10 de octubre", que fue la que modificó la 21/2016 de igual fecha, lo que implicó que la que se dejó sin efecto era inexistente encontrándose incólume la Resolución 39/2016, por tanto vigente, por lo que, la destitución que se le hizo con la última resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 016/2018 de 30 de enero, ocasionó un vicio insubsanable.

Es así que aun contra los principios y valores que mostraba tener la Autoridad Sumariante, segura en sus decisiones, pronunció la Resolución Sumaria 3/2017 de 17 de marzo, que también salió absolutoria a su favor y que fue objeto de nuevo recurso jerárquico planteado por la Fiscal Investigadora del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado; emitiéndose ante dicha impugnación, la "Resolución FGE/RJGP/DAJ-PD 051/2017", que anuló el fallo impugnado, bajo el argumento de que no se dio cumplimiento a la anterior Resolución jerárquica FGE/RJGP/DAJ-PD 001/2017; por lo que, la Autoridad de primera instancia pronunció la Resolución Sumaria 17/2017 de 17 de noviembre, en la que en contra de todos los argumentos de sus anteriores resoluciones, principios y valores, sin reinstalar la audiencia sumaria, en vulneración del art. 64 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, resolvió declararlo responsable de la falta disciplinaria prevista en el art. 121.20 de la LOMP y no así respecto a la falta contemplada en el art. 120.18 del mismo cuerpo normativo, imponiendo la sanción de destitución definitiva de su cargo de Fiscal de Materia y el consiguiente retiro de la carrera fiscal; fallo ante el que interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por el Fiscal General del Estado, quien sin considerar los puntos impugnados y con una evidente falta de fundamentación y motivación dictó la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 016/2018, confirmó el fallo de primera instancia impugnado.

La Resolución Sumaria 17/2017, vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa por haber sobrepasado los límites impuestos por las propias Resoluciones jerárquicas, que anularon en todo los casos por una carencia de valoración probatoria y por infringir lo dispuesto en el art. 127.IV de la LOMP; empero, en la audiencia sumaria de 7 de julio de 2016, por todos los argumentos vertidos en ella y conforme a la sana crítica se le declaró no responsable de las faltas denunciadas, existiendo una incongruencia procesal provocada por el sumariante, siendo dicho fallo absolutamente gravoso a sus intereses, pues fue en la mencionada audiencia donde realizó su defensa material y técnica, disfunción procesal que vulneró el debido proceso; por otra parte, en relación a la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 016/2018, ésta, no consideró los motivos expuestos en su recurso jerárquico, donde acusó que la Autoridad Sumariante cambió radicalmente los fundamentos y su decisión en el fondo de tres resoluciones por las que se le declaró no responsable de las faltas denunciadas, pues si la intención de la autoridad jerárquica era que se cambie el fondo hubiese anulado obrados hasta la audiencia sumaria y no lo hizo; asimismo, acuso que el fallo impugnado carecía de una fundamentación y valoración de la prueba, pues no se distinguió el valor que se asignó a cada medio probatorio para poder determinar su responsabilidad; por otra parte, reclamó la mala utilización de los métodos de interpretación, acudiendo el Fiscal General del Estado a fundamentos evasivos dado que, no resolvió el agravio en toda su magnitud y alcance.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso, en sus elementos del derecho a la defensa, el deber de congruencia y fundamentación de las resoluciones, a ser oído con todas las garantías y a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones, así como el derecho al trabajo; citando al efecto, los arts. 115.II, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).