Texto del fallo
Sintesis del caso
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y a una pronta respuesta, toda vez que por memoriales de 3, 19 y 26 de abril de 2019, habiendo sido reconocida judicialmente su unión libre o de hecho con su fallecido esposo Víctor Alberto Monasterio Martins, quien era militar jubilado, solicitó el pago de haberes y otros beneficios en su condición de viuda del citado, sin que hasta la fecha, haya obtenido una respuesta formal por parte de la autoridad demandada.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede la acción de amparo constitucional en relación al derecho a la petición, toda vez que el demandado no otorgó la respuesta solicitada de manera reiterada por la peticionante de tutela, en sentido positivo o negativo ni de forma pronta, incumpliendo con el contenido esencial del derecho a la petición.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.2 “…cuando la Constitución Política del Estado hace referencia a una respuesta formal y pronta, debe entenderse que la respuesta otorgada debe hacerse en forma escrita, dando una comunicación material a lo solicitado, además debe ser otorgada dentro de plazos previstos en las normas aplicables al caso, y ante la falta de estas, debe ser otorgada en términos breves y razonables. Cuando manifiesta que la respuesta sea otorgada materialmente resolviendo en sentido positivo o negativo y motivada, implica que la misma, debe ser por escrito, ya sea en sentido positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias de cada caso particular, y, además fundamentada, exponiendo las razones del por qué no se la acepta, o dando curso a la misma; empero, en cualquiera de estos casos, cuando se responda sin los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá por vulnerado el derecho. Cuando señala que la respuesta debe ser comunicada a la peticionante formalmente, implica que debe ser por escrito, necesariamente debe ser notificada a efectos de que la parte interesada, conozca los motivos de la negativa a su petición a efectos de que, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley. De los antecedentes descritos del caso, se establece que la hoy impetrante de tutela, realizó una solicitud ante el Gerente General de COSSMIL respecto al pago de haberes y otros beneficios que le correspondían en su condición de viuda de Víctor Alberto Monasterio Martins, petición realizada de forma escrita, que evidencia la existencia de la solicitud de 3 de abril de 2019, misma que ante la falta de respuesta fue reiterada el 19 y el 26 del mismo mes y año, solicitando se responda a su petitorio, cumpliendo de esa manera con el primer presupuesto previsto en la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional exigido, al haberse formulado reiterativamente una petición escrita. No obstante la afirmación de parte de la autoridad demandada, en sentido de que al haberse presentado un recurso de reclamación ante la emisión de la Resolución Administrativa 230/2018, se determinó negarle la afiliación impetrada, recurso que aún estaría pendiente de resolución ante la Junta Superior, que por dicha circunstancia, ya no tendrían competencia para atender lo impetrado; empero, esas afirmaciones correspondían haber sido puestas a conocimiento de la ahora accionante. Respecto a que la autoridad demandada haya presentado en audiencia tres oficios de respuesta a lo solicitado por la impetrante de tutela, debe tomarse en cuenta que las mismas datan del 27 de mayo de 2019, y la primera de las solicitudes, corresponde al 3 de abril del mismo año, además no debe soslayarse que la presente acción tutelar fue presentada el 17 de mayo de 2019; aspectos que implican que la otorgación de respuesta fue producto de la presentación de la acción de amparo constitucional, siendo además que la respuesta brindada en la audiencia del Tribunal de garantías, no lo exime de su responsabilidad, toda vez que el derecho a la petición se ve vulnerado con la simple solicitud y la falta de respuesta en un tiempo prudencial y razonable, tal como se desarrolló en la precitada jurisprudencia que deviene de lo preceptuado por el art. 24 de la Ley Fundamental; por lo tanto, de lo vertido se tiene que no se otorgó la respuesta dentro de un plazo considerado razonable, incumpliéndose con el primer supuesto de la jurisprudencia que es lo que se denunció. De todo lo indicado y desarrollado en el caso, se advierte que el Gerente General de COSSMIL, al no haber otorgado la respuesta solicitada de manera reiterada por la peticionante de tutela, en sentido positivo o negativo, y de forma pronta, incumplió con el contenido esencial del derecho a la petición, referido y establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; consiguientemente, resulta evidente la vulneración del derecho a la petición y a una pronta respuesta, razón por la cual corresponde conceder la tutela.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1024/2019-S1 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 29317-2019-59-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 40/2019 de 29 de mayo, cursante de fs. 66 a 70, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elfia Cuellar Pantoja contra Gherson Osvaldo Peñaloza Cordova, Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de mayo de 2019, cursante de fs. 22 a 25, la accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través de Sentencia 241/2017 de 3 de noviembre, la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Beni, declaró PROBADA su demanda de comprobación de unión libre o de hecho con Víctor Alberto Monasterio Martins y cesación de vida en común en el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2014 y 2 de mayo de 2017, fecha de fallecimiento de su cónyuge, con todos sus efectos personales y patrimoniales otorgado por la Ley.
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