Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1025/2019-S4 Sucre, 4 de diciembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad
Expediente: 30361-2019-61-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 8 de agosto de 2019, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mijhail Yerson Camacho Cáceres y Andrés Pablo Fernández Cáceres, en representación sin mandato de Carlos Francisco Ramos Villarroel, contra María Eugenia Saavedra Salazar, Jueza Pública de Familia Décima del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de agosto de 2019, cursante de fs. 13 a 15, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, interpuesto en su contra; fue notificado con memorial presentado por la demandante, el 3 de julio de 2019, solicitando la devolución de Bs23 354.- (veintitrés mil trescientos cincuenta y cuatro bolivianos), por concepto de pago de pensiones escolares de sus dos hijas menores de edad a favor de quienes se comprometió brindar asistencia familiar, mediante documento privado que fue homologado ante la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, interpretando de manera errónea, la previsión contenida en el art. 109.I del Código de las Familias y el Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, la Jueza Pública de Familia Décima del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, emitió Auto de aprobación de liquidación, así como la conminatoria de pago del monto adeudado, sin ser notificado en su domicilio real, poniéndole en un estado absoluto de indefensión; y que dio lugar a la emisión de un Mandamiento de apremio, provocando así su persecución ilegal e indebida.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión del debido proceso y derecho a la defensa; citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.
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