1028/2022-S1

1. a)"DEJAR SIN EFECTO EL DESEMBOLSO DE APORTES SINDICALES de los trabajadores del Distrito Comercial Potosí YPFB que son miembros del Sindicato que represento:
2. b)DISPONER EL DESEMBOLSO DE APORTES SINDICALES de nuestros afiliados en favor del Sindicato que represento, con costas" (sic).

La parte accionante por intermedio de su abogado solicito se les conceda la tutela peticionada y ratificando íntegramente los términos de su memorial de acción de amparo constitucional, añadió que:

1. a)YPFB vulneró los derechos de los trabajadores al devolver los aportes al Sindicato de Redes de Gas Potosí, sin tomar en cuenta que los aportes son de los trabajadores del Distrito Comercial que tienen como objetivo la comercialización de gasolina, diésel y gas licuado;
2. b)Al proceder con el desembolso de Bs. 95.716,37 se vulnero el auto sostenimiento de los trabajadores del Sindicato de Distrito Comercial al desviarse los aportes a otro sindicato ajeno;
3. c)La Jefatura de Trabajo pese a conocer la existencia de un pronunciamiento pendiente por parte del Ministerio de Trabajo ante la interposición del Recurso Jerárquico y que aún no fue resuelto dentro el plazo de 20 días conforme prevé el inc. g) del art. 71 del Reglamento de la Ley 2341, solicitó a YPFB proceder con el desembolso en favor de otro sindicato, vulnerándose el derecho al debido proceso y a la defensa; y,
4. d)Al estar pendiente el pronunciamiento del Recurso Jerárquico por parte del Ministerio de Trabajo, el 3 de noviembre de 2021, se solicitó a YPFB se rechace el desembolso, empero no se obtuvo respuesta alguna, vulnerándose el derecho a la petición.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), mediante de sus apoderados, por escrito cursante de fs. 89 vta., a 90 vta., solicitaron se deniegue la tutela solicitada, señalando lo siguiente:

1. 1)La acción de amparo formulada carece de elementos propios para su admisibilidad, entre ellos descripción correcta de la relación de hechos, identificación de los derechos y garantías consideradas vulneradas, y petición, siendo la misma totalmente incongruente por no establecer la normativa que hubiera sido incumplida por parte del MTEPS;
2. 2)Se demostró la emisión de informes signados JDTP-N° 136/2021 de 9 de diciembre y MTEPS-JDT-PT-EORB-38-INF/21 de 9 de diciembre, por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, que demuestran que se dio respuesta a la solicitud de reconocimiento del Directorio del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Distrito Comercial de Potosí, con observaciones ante el incumplimiento de los requisitos establecidos por Resolución Ministerial 832/16 de 14 de septiembre, habiendo devuelto el trámite;
3. 3)El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que el trámite no fue de conocimiento de la MAE del Ministerio de Trabajo; y;
4. 4)La solicitud respecto del desembolso solicitado, carece de fundamento legal y no establece normativa legal que ampare su petitorio.

Así mismo, Herbert Ruíz abogado dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, interviniendo en la presente audiencia en calidad de tercero interesado, señaló lo siguiente:

1. i)La Resolución Ministerial 832/16 de 14 de septiembre, estableció el procedimiento para reconocimientos del foro sindical; dicha solicitud por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Distrito Comercial de Potosí, mereció observación no rechazo;
2. ii)El trámite viene arrastrándose desde la gestión 2020, en virtud de no se ha podido acreditar los requisitos solicitados; y,
3. iii)El desembolso de aportes sindicales deviene de un acuerdo realizado el 11 de noviembre de 2021, donde ambas partes aceptaron los términos planteados; fruto de ello es que el Gerente de YPFB procedió con el pago.

Sandro Fuertes abogado representante de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, interviniendo en la presente audiencia en calidad de tercero interesado, manifestó lo siguiente:

1. a)El art. 51 de la CPE, señala que para el reconocimiento de una agrupación, establece el reconocimiento por sus entes matrices y el respetivo aval, empero no solo señala a nivel departamental, sino nacional recayendo el mismo en la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, demostrándose así que el único sindicato que existe y que está legalmente constituido es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Potosí;
2. b)El aval otorgado en favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Distrito Comercial Potosí, no se encuentra firmado por el Ejecutivo de la COD, sino por otros miembros del directorio, comprendiendo que los mismos no cuentan con legitimación activa para interponer la presente acción, toda vez omitieron direccionarla contra la autoridad que emitió el instructivo de devolución; y,
3. c)Conforme señala el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el acto reclamado como vulnerado, ha cesado a momento de devolverse los aportes, siendo ya cuestiones internas el coordinar respecto a los dineros que corresponde a cada uno.

María Jenny Medinaceli, representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en audiencia señaló lo siguiente:

1. 1)Yacimientos recibió notificación de denuncia por parte del Sindicato de Trabajadores de Potosí, solicitando el desembolso de su cuota sindical, el cual quedo pendiente en razón de que existía una otra nota presentada por parte del otro sindicato a la cabeza del hoy accionante; analizando la documentación, se estableció que ninguno de los 2 sindicatos cumplía con los requisitos para hacer efectivo el desembolso; extremo que motivo que el Sindicato de Trabajadores de Potosí, denuncie tal situación a la Jefatura de Trabajo. Llevándose audiencia en conjunto, se explicó sobre el conflicto interno que atraviesan ambos sindicatos, por el cual la autoridad de Trabajo determinó que la institución no debía hacer injerencia en dicho problema y simplemente proceder al desembolso de la cuota sindical, fijando un plazo para ello. Por cuestiones administrativas no se desembolsó la cuota en tiempo oportuno, además la Gerencia Nacional determinó que el mismo debe ser cancelado en una sola cuota y sin fraccionamiento;
2. 2)Por conminatoria efectuada por parte de la Jefatura de Trabajo, se instruyó realizar el desembolso de la cuota sindical en favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros Potosí;
3. 3)Internamente, en reunión se acordó que el Sindicato de Trabajadores de Potosí, debía coordinar con el otro sindicato la entrega de la cuota que les correspondía;
4. 4)Por nota de 19 de noviembre de 2021, se ha comunicado al Sr. Eduardo Estrada Puma -ahora accionante-, sobre el acuerdo arribado en reunión con el Sindicato de Trabajadores Petroleros Potosí, así también se puso a conocimiento de su abogado sobre el desembolso que se realizó; y,
5. 5)En fecha 9 de diciembre de 2021, el Sindicato de Trabajadores Petroleros Potosí, presentó una nota haciendo conocer a YPFB, la devolución de los aportes correspondientes al Sindicato de Trabajadores Petroleros del Distrito Comercial de Potosí, para que así la institución se encargue de realizar la entrega de los aportes respectivos; al cual se respondió indicando que el deposito sería arbitrario por cuanto existía un compromiso de por medio de entrega directa al Sindicato que representa el hoy accionante. Yacimientos no tiene responsabilidad ni competencia para realizar la devolución de esas cuotas de manera directa a los trabajadores.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 70/2021 de 10 de diciembre, cursante de fs. 220 a 224 vta., denegó la tutela impetrada, bajo siguientes fundamentos:

1. i)Existe incongruencia respecto a lo peticionado en la presente acción de amparo, toda vez que en una primera instancia solicitó considerar el derecho a la petición conforme el art. 24 de la CPE, y en la parte final pidió dejar sin efecto el desembolso de aportes sindicales, además disponer el desembolso a favor de los trabajadores de su sindicato; y,
2. ii)No puede considerarse al Tribunal de garantías como instancia de casación, ni de apelación, siendo su única misión establecer si existen vulneraciones de derechos y garantías, es decir no puede pronunciarse respecto a si corresponde o no la devolución de los aportes o porque se realizó el mismo por parte del YPFB ante la conminatoria por parte de la Jefatura de Departamental de Trabajo de Potosí. Respecto al derecho a la petición denunciado como vulnerado, el demandante a momento de fundamentar su pedido no ha sido concreto haciendo referencia a otros aspectos alejados de los denunciados considerados como incongruentes para la causa.

El accionante representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Distrito Comercial de YPFB Potosí, señala que el Presidente Ejecutivo de YPFB y la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandados-, vulneraron sus derechos a la petición, a la defensa, al debido proceso, a la personalidad jurídica, a organizarse en sindicatos y la inviolabilidad del patrimonio tangible; toda vez que,

1. a)Al no haber recibido contestación dentro el término legal por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí en cuanto al reconocimiento de su Directiva Sindical, el 5 de octubre de 2021, considerando desestimado su petitorio por haber operado el silencio administrativo negativo, interpusieron Recurso de Revocatoria, mismo que fue rechazado a través de la Resolución de 7 de octubre de igual año; por lo que, el 21 de similar mes y gestión plantearon Recurso Jerárquico, el cual a la fecha -compréndase entiéndase día de interposición de acción tutelar-, no fue resuelto por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y,
2. b)Pese a estar pendiente de resolución el Recurso Jerárquico, la Jefatura Departamental de Trabajo, por "instructiva de cumplimiento" exhorto al Presidente Ejecutivo de YPFB y Distrital Comercial Potosí, que en el plazo de 72 horas cumplan con el desembolso de las cuotas sindicales en favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Potosí, ante lo cual, el 3 de noviembre de 2021, el accionante y otros presentaron una carta rechazando el desembolso de sus aportes al otro sindicato; sin embargo, el 17 de noviembre el Distrital Comercial Potosí puso a conocimiento del Jefe Departamental de Trabajo, la efectivización del desembolso mediante el cheque 1516, por la suma de Bs. 95.716,37, entregado al Secretario de Hacienda del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Potosí, desconociendo así la personería jurídica del Sindicato de Trabajadores del Distrito Comercial Potosí.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. 1)Contenido esencial;
2. 2)Requisitos de procedencia;
3. 3)Legitimación activa;
4. 4)Legitimación pasiva; y,
5. 5)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. i)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. ii)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. iii)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. iv)Argumentada6, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
3. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó: "Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. i)La existencia de una petición oral o escrita;
2. ii)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. iii)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito." (sic).

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, para posteriormente referenciar las 0SSCC 0310/2004-R8, 00560/2010-R9, 1995/2010-R10; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril11, 2051/2013 de 18 de noviembre12; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición:

1. 1)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. 2)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento:

1. i)En el término establecido por ley14; y,
2. ii)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.