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TCP

1029/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de junio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1029/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1029/2026-S2 Sucre, 19 de junio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 83563-2026-168-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 84/2026 de 9 de abril, cursante de fs. 108 a 112 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Irma Medina Cruz en representación de AA contra Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de marzo de 2026, cursante a fs. 1 y 62 a 66, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Pablo Pinedo Sánchez y Juan Bautista Díaz Beltrán, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en grado de tentativa, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de los nombrados por el plazo de un mes, con la finalidad de garantizar la realización del anticipo de prueba mediante cámara Gesell de la menor de edad AA; sin embargo, dicho acto investigativo nunca llegó a materializarse por causas exclusivamente atribuibles al Ministerio Público. En efecto, la audiencia fue inicialmente señalada para el 3 de julio de 2025; no obstante, el representante fiscal no compareció, motivo por el cual fue reprogramada para el 29 del mismo mes y año. Llegada esta última fecha, el Fiscal de Materia solicitó nuevamente su suspensión alegando que la psicóloga asignada se encontraba interviniendo en otro actuado procesal. Posteriormente, dicha audiencia fue fijada para el 21 de agosto de 2025; sin embargo, el representante del Ministerio Público volvió a incomparecer, ocasionando una nueva suspensión e impidiendo, por tercera vez, la recepción de la declaración de AA mediante cámara Gesell.

Posteriormente, mediante Resolución Fundamentada de Sobreseimiento de 28 de agosto de 2025, el Ministerio Público concluyó que los elementos de juicio reunidos durante la investigación resultaban insuficientes para sustentar una acusación formal; empero -a su criterio-, dicha determinación fue emitida sin efectuar una valoración integral, objetiva y razonada de los elementos de juicio incorporados al cuaderno de investigaciones. En particular, omitió analizar adecuadamente el Informe Psicoterapéutico elaborado por la psicóloga del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), que evidenciaba la existencia de graves afectaciones emocionales y pensamientos suicidas en la adolescente, así como el Dictamen Pericial Psicológico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que concluyó que AA presentaba daño psicológico derivado de los hechos investigados. Pese a la relevancia científica y probatoria de dichos informes técnicos, el Ministerio Público dispuso el sobreseimiento sin realizar una compulsa suficiente, integral y objetiva de tales elementos probatorios.

Contra esa determinación, formuló la correspondiente impugnación; sin embargo, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 541/2025, de 21 de octubre, el Fiscal Departamental de Oruro -hoy demandado- ratificó íntegramente el sobreseimiento, limitándose a confirmar la decisión del Fiscal de Materia sin efectuar un examen objetivo, completo y razonado de los antecedentes investigativos, particularmente de los informes psicológicos antes referidos, incumpliendo el deber de ejercer un efectivo control de legalidad sobre la resolución impugnada y vulnerando, de ese modo, los derechos y garantías de AA.

Asimismo, la decisión de sobreseimiento impidió que los hechos denunciados fueran sometidos al conocimiento y valoración de la autoridad jurisdiccional competente mediante la etapa de juicio, restringiendo indebidamente el derecho de acceso a la justicia de la víctima, especialmente por tratarse de una adolescente que goza de protección reforzada. De igual manera, la vulneración del derecho de dicha menor de edad a ser oída; toda vez que, nunca pudo prestar su declaración mediante cámara Gesell, no por falta de voluntad o desinterés de su parte, sino debido a las reiteradas incomparecencias del representante del Ministerio Público a las tres audiencias programadas para la recepción del anticipo de prueba. En ese contexto, el Fiscal Departamental demandado, en ejercicio de sus atribuciones de control jerárquico, tenía el deber de verificar las deficiencias advertidas en la investigación, revocar la resolución de sobreseimiento y disponer la realización de la declaración de la víctima en cámara Gesell antes de adoptar una decisión definitiva sobre la procedencia de la acción penal.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; y, de los principios de verdad material e interés superior de la niña, niño y adolescente, citando al efecto los arts. 15.I, 60, 115.II, 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 541/2025, y se emita una nueva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

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