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TCP

1029/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1029/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1029/2026-S3 Sucre, 22 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 83179-2026-167-AP Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 66/2026 de 6 de abril, cursante de fs. 66 a 70, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Alejandro Nicasio Delgado, Carol Nohemi Mamani Palomino, Cristian Dietrich López Soto, Dayana Nicol Zambrana Buitrago, Diana Laura Muñoz Castro, Elva Jessica Nicasio Álvarez, Hernán López López, Jhoel Marcus Mamani, José María Piccolomini Bellott, Jorge Luis Oquendo Pacara, Juan David Ibarra Ballesteros, Laura Virginia Mamani Ckacka, Lorena Fabiana Moreira Puma, Luiduy Oros Gutiérrez, Marisol Ibarra Catari, Roberto Manrique Avalos, Soraya Vanessa Llanos Choque y Varinia López Echalar contra Paola Alejandra Sivila Fuentes, Alcaldesa a.i. del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2026, cursante a fs. 1, 2 y 39 a 51 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Acta Notarial 107/2026, de 28 de febrero, emitida por Eunice Karen Cruz Saavedra, Notaria de Fe Pública 6 del Distrito Judicial de Potosí, así como por lo manifestado por los vecinos de la zona, se verificó que el parque Municipal "Tomás Frías", ubicado en la calle 14 de Infantería, zona San Gerardo de la ciudad de Potosí, se encontraba abierto al público, con la presencia de personas adultas, niños y niñas en su interior, a pesar de encontrarse en proceso de remodelación y mejoramiento, presentando múltiples deficiencias, entre ellas, falta de limpieza, mantenimiento deficiente, inseguridad por la presencia de personas en estado de ebriedad, escasa iluminación y césped en mal estado, evidenciándose su deterioro y abandono progresivo; en una constatación reciente, mediante Acta Notarial 108/2026, de 6 de marzo, se verificó que el referido parque se hallaba cerrado al público, con la puerta de ingreso asegurada con candado, impidiendo el acceso de la ciudadanía, cuando estos espacios son vitales para el desarrollo infantil; consiguientemente, el parque no cumple su función de constituirse en un punto de encuentro comunitario, afectando la interacción social y los hábitos saludables de los niños. Por su parte, mediante Acta Notarial 111/2026 de 28 de febrero, se evidenció que el parque municipal "Esperanza", ubicado sobre la Avenida Bolivia, zona Villa Esperanza del municipio de la misma ciudad, se encontraba cerrado al ingreso del público y en su interior se encontraban realizando trabajos de campo, impidiendo el libre acceso de niñas, niños, adolescentes, familias y ciudadanía en general; situación que, fue informada por los vecinos de la zona y el Presidente de la Junta Vecinal, de modo que la población no puede hacer uso efectivo del espacio público, pues el parque recreacional carece de un encargado responsable de su apertura y mantenimiento; en una segunda verificación, conforme al Acta Notarial 112/2026 de 6 de marzo, se constató que el parque continuaba cerrado, advirtiendo problemas estructurales visibles como hundimientos y fallas en el sistema de agua.

Ahora bien, el parque municipal "Villa Santiago", ubicado en la Avenida Canadá, Distrito 8 de la misma ciudad, según el Acta Notarial 113/2026 de 28 de febrero, si bien se encontraba abierto al público, con presencia de personas adultas y menores de edad en el interior, a pesar de realizarse un trabajo de campo, según los vecinos del lugar, este solo se abre ocasionalmente los fines de semana y a veces permanece cerrado por largos períodos; en la segunda visita al lugar, conforme el Acta Notarial 114/2026 de 6 de marzo, se constató que el parque estaba cerrado al público, lo que generó molestias en los vecinos, quienes pidieron una apertura al menos dos veces por semana, invocando el derecho que tienen sus hijos al acceso constante a espacios recreativos, solicitando que se destinen recursos para contratar a un portero que facilite la apertura regular del parque, señalando además que desconocen las causas que motivan dichos cierres, lo cual genera incertidumbre y debilita la confianza en las autoridades municipales, quienes no cumplirían adecuadamente sus funciones en la administración y mantenimiento de estos espacios.

El cierre de los parques generó una percepción negativa en la convivencia social, la seguridad y el acceso a espacios recreativos, afectando principalmente a niñas y niños; la comunidad rechaza el cierre continuo, exigiendo intervenciones responsables y sostenibles en lugar de soluciones improvisadas; existe disposición ciudadana para participar en procesos de organización vecinal y cogestión con autoridades municipales; se considera que el cierre de parques vulnera el derecho colectivo a la recreación y el uso de espacios públicos, causando impactos negativos en lo social, urbano y comunitario.

Por los hechos descritos, se evidenció la falta de aplicación de políticas de protección y mantenimiento ambiental, vulnerando la Constitución Política del Estado, el Código la Niña, Niño y Adolescente, el Código de las Familias y el Proceso Familiar, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia indicativa respecto a los derechos e intereses colectivos o derechos e intereses difusos, normativa que obliga a los gobiernos autónomos municipales a garantizar la conservación de estos espacios, pues su clausura, abandono o cierre prolongado, configura una privación ilegítima del uso colectivo de bienes públicos, que afecta directamente al grupo vulnerable conformado por niñas, niños y adolescentes, quienes gozan de una protección constitucional reforzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de los derechos a la recreación, deporte, salud, medio ambiente y al interés superior de las niñas, niños y adolescentes; citando al efecto los arts. 58, 59, 60, 104 y 302 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 17, 18, 33, 121 y 123 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).

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