1031/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 3 de diciembre de 2020, emitido por la Vocal demandada, disponiendo:

1. a)El señalamiento de audiencia de apelación de medidas cautelares;
2. b)Se emita nueva resolución de acuerdo a los fundamentos y lineamientos de la presente acción de defensa, tomando en cuenta la vigencia del art. 234.1 y 235.1 -se asume, del Código de Procedimiento Penal (CPP)? valorando y considerando su derecho a la salud y a la vida; y,
3. c)Que de acuerdo al flagrante atentado contra su salud y vida, el Tribunal de alzada "disponga en la misma audiencia se le otorgue una medida menos gravosa a la detención preventiva" (sic).

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó la acción tutelar interpuesta, y ampliándola señaló que:

1. 1)El "4" de diciembre de 2020, la Vocal demandada conoció el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la parte civil, determinando revocar la Resolución apelada apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad, argumentando que la Resolución de la Jueza a quo carecía de fundamento sobre las razones por las que dispuso medidas sustitutivas; toda vez que, se conminó al Ministerio Público -no señala a qué fin? dando un plazo de "noventa días", que presentó memorial en enero, habiéndose fijado audiencia para junio; sin embargo, no se llevó a cabo la audiencia en la que debió debatirse esos elementos -no precisa cuáles?; por lo que, pese a que transcurrieron seis meses no podía el imputado hoy accionante gozar de una medida sustitutiva al tenor del vencimiento del tiempo, art. 239.2 del CPP; en cuyo efecto la Vocal demandada conminó al Ministerio Público que presente requerimiento conclusivo en un plazo de "cuarenta días", violentando de esa forma la temporalidad, no pudiendo actuar de esa forma, primero porque la ley no faculta ese plazo y porque el art. 398 del adjetivo penal delimita su actuación; máxime, cuando el representante fiscal hizo conocer en audiencia que ya había sido conminado por el "Juzgado" -no indica cuál? para presentar su requerimiento conclusivo "el día lunes", en cuyo efecto la autoridad demandada estaría generando dos plazos creando inseguridad jurídica, situándolo en un estado de desconocimiento de cuál es su situación procesal, dejando en incertidumbre sobre qué conminatoria es la que debe cumplirse, la emitida por el "Juzgado" de "cinco días" para que la autoridad fiscal presente requerimiento conclusivo o al plazo discrecional de cuarenta días ordenado;
2. 2)Desconoció la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ?Ley 1173 de 3 de mayo de 2019?, que constituyó fundamento básico de la audiencia de cesación a la detención preventiva en respuesta a la apelación interpuesta por la parte civil, ya que el Ministerio Público ya había sido conminado mediante Auto de 25 de noviembre de 2019, "se ha presentado ya la conminatoria el 2019, la S.C. 556/2016-S2, en el marco de la etapa preparatoria la duración la 1036/2002 y la aplicación de los plazos perentorios que tiene la norma procesal penal indica que no se puede duplicar plazos y no se puede generar incertidumbre jurídica al injustificable así como nos dan plazo a nosotros para justificar nuestra defensa y producir nuestros elementos de prueba también los tiene de la misma forma el ministerio público" (sic); y,
3. 3)Correspondía llamar la atención al Fiscal de la Materia de la causa y controlar los plazos, no generar un nuevo plazo que extralimite la acción penal fuera de la norma siendo obligatorio para las partes, debido a lo cual la Ley 1173 tiene como objetivo el descongestionamiento de los penales y la aceleración de las causas, señalando en la Disposición Transitoria Décima Segunda que en el plazo de quince días se efectúe la conminatoria a los Fiscales Departamentales, para que se pronuncien sobre la necesidad de la detención preventiva de los imputados, extremo que fue cumplido por el Tribunal de la causa; no obstante, el Tribunal de apelación genera otra normativa con base en una inaplicación de la ley, inobjetividad que habilita a la jurisdicción constitucional a observar esa falta de razonabilidad al encontrarse dicho extremo vinculado con su libertad, apartándose de la competencia establecida el art. 398 de la norma procesal penal, por lo que "si dijo que estaba mal fundamentada tenía que haber revocado porque estaba mal fundamentada argumentativamente descriptivamente falta de valoración intelectiva no existe ninguno de esos elementos más por el contrario existe una apreciación personal de esta vocal para poder diferir el marco de una conminatoria en adopción primero de detención preventiva y ampliar a 40 días una conminatoria para que cierre una etapa preparatoria atribuciones que no la tiene" (sic).

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en audiencia informó que:

1. i)De antecedentes se tiene que la apelación contra la Resolución de 12 de noviembre de 2020, que concedió la cesación a la detención preventiva del accionante, interpuesta por el Ministerio Público y la parte civil COTAS R.L. fue remitida a la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal; ni bien fue radicada empezó la primera obstaculización de la parte imputada, presentando un memorial solicitando la devolución del expediente porque habían apelado, envió un oficio al Juzgado haciendo notar que no se había apelado, en cuyo efecto interpusieron una acción de libertad en la que se denunció que no se hubiere diligenciado su pedido, misma que fue denegada "y nuevamente instalamos la audiencia por tercera vez pidieron la suspensión diciendo que no habían sido notificados con la resolución de la juez, oficiamos nuevamente a la señora juez le dio la libertad en base al numeral 5 del art. 239 por el tema de salud y por el numeral 2 del art. 239; es decir por el tiempo, primeramente, nos pusimos a analizar con relación al tiempo, el ministerio público decía que la juez no lo había conminado es más leímos la resolución de la juez y que está dentro la misma acción de libertad, la señora Jueza le dice al ministerio público que no ha pedido una ampliación del término de la ampliación de la detención preventiva a mí me extraña que por lealtad procesal que está señalando en el reglamento procesal de audiencia que es el art. 29 de la Ley 1173 que la parte accionante y que hoy me demanda a mi presente otra documentación que yo no la conozco porque, porque dentro de ese ir y venir que ese plazo esta vencido que si se conminó o no" (sic);
2. ii)Realizó un análisis pormenorizado de la primera audiencia en la que se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, al concurrir los arts. 234 numerales 1, 2, 4 y 10 del CPP y 235 numerales 1, 2, 3, 4 y 5, verificativo en el que la Jueza de la causa conminó al Fiscal de Materia que presente en tres meses su investigación y en seis meses el requerimiento conclusivo, así en la primera audiencia de cesación a la detención preventiva el imputado trató de "pedir" por el art. 239.1 y 2 del adjetivo penal, acto donde la Jueza nuevamente conminó al Ministerio Público para que en tres meses cumpla con presentar los informes mensuales; sin embargo, no se refirió a la conminatoria con relación a la detención preventiva; posteriormente, en el mes de mayo pretendió la parte imputada otra cesación alegando salud, que fue rechazada, después en octubre no refirieron nada acerca de la conminatoria, interponiendo recién en el mes de noviembre la cesación por dos elementos el vencimiento del plazo y la salud, "y la señora jueza le da la salud" (sic), extremo que no viene al caso explicar, ello considerando que la presente acción de libertad versa sobre el tiempo; la Jueza de la causa concedió la cesación con base al art. 239.2 del CPP, arguyendo que respecto al plazo el Ministerio Público presentó solicitud de ampliación de la detención preventiva el 20 de julio de 2020, en cuyo mérito se fijó audiencia para el "31 de 2020" (sic), que no se llevó a cabo; por lo que, señaló que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la solicitud realizada por el Ministerio Público hasta esa fecha, pasaron casi cuatro meses sin que el Ministerio Público conforme su memorial de solicitud de ampliación, haya explicado la complejidad del caso a objeto de mantener la detención preventiva del imputado;
3. iii)Se llevó a cabo la última audiencia el 15 de octubre de 2020, no habiendo el Ministerio Público impetrado la necesidad de mantener su detención conforme la Ley 1173;
4. iv)Del certificado de permanencia y conducta evidenció que lleva más de un año y dos meses detenido; por lo que, consideró que la Jueza de la causa dictó una Resolución contradictoria a la atribución señalada por ley, al reclamar al Ministerio Público el plazo, cuando correspondía a ésta conminar conforme la Disposición Décima Segunda de la Ley 1173, para que se pronuncien sobre la necesidad de la detención preventiva, lo que no sucedió evidenciando que la Jueza de primera instancia incumplió con su responsabilidad, ya que no existe ninguna conminatoria de acuerdo a la revisión de todos los expedientes, pues si bien son varios los imputados la conminatoria es individual no general, es por esa razón que revocó la Resolución apelada y conminó al Ministerio Público para que en "veinte días" presente el motivo, para que se resuelva la situación jurídica del accionante;
5. v)Con relación a la salud refirió que, la Jueza a quo basó su información en un Certificado Médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que al ser analizado, corroboró que no le hicieron ningún estudio al imputado debido a lo cual también fue revocado con base al art. 239.5 del CPP, además que dicha documentación también había sido presentada en la solicitud de cesación del mes de mayo, donde la Jueza determinó que era insuficiente; y,
6. vi)Por la basta jurisprudencia constitucional el Tribunal de alzada no puede anular las resoluciones emitidas en instancia inferior, teniendo la obligación de dar respuesta, razón por la que dio " 30 días al ministerio público para que de una vez concluya, pero dice aquí que la acusación ya está presentada, sin embargo ese día yo no escuche la que la acusación este presentada, eso sería todo" (sic).

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 34 a 39, denegó la tutela impetrada; basándose en los siguientes fundamentos:

1. a)La Resolución apelada, valoró en primera instancia el art. "239.1" del CPP, respecto a los riesgos procesales, posteriormente fundamentó con base en la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, manifestando que se conminó al Ministerio Público y transcurrieron cuatro meses sin que fundamente cuál el motivo para mantener la detención preventiva del accionante; finalmente, concedió la cesación basada en la salud y por el tiempo de la detención preventiva; sin embargo, "la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva ha sido planteada en cuanto a los riesgos procesales, señala la juez que existe una conminatoria" (sic);
2. b)Existen dos clases de conminatorias, la primera en cuanto al plazo de duración de la detención preventiva conforme a la Disposición Transitoria Décima Segunda de dicha Ley, "toda vez que el encausado viene cumpliendo esta medida cautelar desde antes de la vigencia de la referida ley, y por el principio de Retroactividad, este beneficio de plazo especifico de una detención preventiva, en virtud al principio de favorabilidad establecido en el art. 7 con relación al art. 221 de la norma adjetiva penal" (sic); y la segunda, conminatoria para la presentación de requerimiento fiscal conclusivo, teniéndose que la Vocal demandada, velando por los derechos y garantías del imputado conminó al Ministerio Público respecto a ambas situaciones; y,
3. c)La autoridad jurisdiccional demandada revocó el fallo apelado no por la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, sino que circunscribió su análisis en torno a los riesgos procesales, situación que no le restringe su libertad, pues no "está diciendo" que le amplíen el plazo de su detención, ya que la autoridad jurisdiccional resolverá oportunamente sobre dichos plazos, únicamente la demandada "ha conminado para un debido pronunciamiento de las partes" (sic); en consecuencia, no vulneró ningún derecho fundamental o garantía constitucional, ya que actuó en uso de las atribuciones que le son conferidas por imperio de los arts. 398 y 173 del CPP; y, 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato denunció como lesionado su derecho a la salud, vida, libertad, debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, congruencia y "falta de aplicación objetiva del sistema garantista a la luz de jurisprudencia aplicable en relación a las garantías pro homine, pro actione, favor debilis" (sic), alegando que la Vocal demandada revocó la Resolución que dispuso su cesación a la detención preventiva, incurriendo en:

1. 1)Carencia de fundamentación con relación al tema salud, pues si bien reconoció su condición de persona vulnerable y dio fe de la existencia del Certificado Médico; no obstante, le negó su pretensión; y,
2. 2)Se tomó atribuciones que no le corresponden, extralimitando la previsión del art. 398 del CPP, por cuanto conminó al Ministerio Público a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173; y, por otro lado, que presente "requerimiento conclusivo" en un plazo de "cuarenta días", sin considerar que ya existían conminatorias a dichos efectos por parte de la Jueza a quo, generando con ello inseguridad jurídica ante la existencia de diferentes plazos procesales.