1032/2022-S1

Mediante Nota presentada el 18 de noviembre de 2021, reiterada el 1 de diciembre de igual año, solicitó al GAM de San Lorenzo del departamento de Tarija documentación relativa al proyecto: Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo, consistente en:

1. a)Fotocopias simples y/o legalizadas del proceso de resolución de contrato;
2. b)Planilla de liquidación final;
3. c)Toda la documental generada desde mayo de 2017 a diciembre de 2020;
4. d)Certificación del estado en el que se encontraba el proyecto;
5. e)Fotocopias simples y/o legalizadas de los trabajos realizados por parte del GAM de San Lorenzo del referido departamento posterior a la resolución de contrato;
6. f)Certificación que acredite si posterior a la resolución de contrato se procedió a la contratación de alguna empresa para la continuidad o conclusión de los trabajos realizados; a tal efecto, se pidió se adjunte documental de respaldo; y,
7. g)Certificación respecto a si el proyecto: Construcción Unidad Educativa Rancho Norte, con Código Único de Contratación Estatal (CUCE) 18-1609-00-896072-1-1- fue licitado, emplazado y ejecutado en el mismo lugar donde se ejecutaba el proyecto Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo.

La empresa impetrante de tutela a través de su representante legal ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo el mismo en audiencia, añadió lo siguiente:

1. 1)La primera nota fue presentada el 18 de noviembre de 2021; no obstante, al no tener respuesta a la misma, reiteró su solicitud diez días después;
2. 2)"...evidentemente, hoy 09 de diciembre la parte accionada ha presentado documentación, 21 días posteriores a la primera petición, por eso, no puede argumentar de que el Municipio no tiene la documentación a mano como indicaba en la nota que han adjuntado, que no la tiene a mano, cuando ellos como Municipio cuentan con el personal suficiente, personal de archivos, porque es un proyecto concluido, data de teres o cuatro años, no pueden argumentar de que no hay la documentación y que ha sido imposible generárnosla a nuestra parte..." (sic)
3. 3)La parte demandada no puede indicar que se cumplió con la respuesta, siendo que transcurrió veintiún días, negándose a dar la información; y,
4. 4)Si bien el GAM de San Lorenzo del departamento de Tarija dio respuesta a la petición después de la interposición de la acción de amparo constitucional; empero, la misma no fue dentro de plazo.

Asunción Ramos, Alcalde del GAM de San Lorenzo del departamento de Tarija, mediante informe escrito presentado el 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 84 a 85 vta.; solicitó se declare improcedente la acción de amparo constitucional; a tal efecto, manifestó que:

1. i)La empresa accionante "...pretendía generar confusión, porque usan una Referencia genérica que no contribuye a la celeridad que pretenden al pedir documentación. Dice en ambas cartas: Ref. Hace presente lo que indica" (sic);
2. ii)La parte impetrante de tutela recibió la documentación y puede obtenerlo en cualquier momento porque se encuentra publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES);
3. iii)El derecho a la petición no implica "ordenar implícitamente y con celeridad" (sic), que se generó documentación al gusto, medida y agrado del peticionante de tutela;
4. iv)La empresa solicitante de tutela pretendió que se certifique actos administrativos realizados en el pasado cuya responsabilidad es atribuible a ex servidores públicos; y,
5. v)"En la respuesta cuya recepción se adjunta como prueba, de detalla los documentos habidos que se le ha proporcionado a la Empresa Unipersonal B%Z Proyectos y Construcciones" (sic). I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 90/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 89 a 93, concedió la tutela solicitada, disponiendo si bien existe respuesta, la autoridad demandada deberá confirmarla, ratificarla o en su caso ampliarla conforme considere pertinente en el plazo de tres días hábiles a partir de su legal notificación; en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Tal como lo refirió la referida autoridad la petición trata de una serie de certificaciones, documentos, informes, que por la naturaleza de la solicitud, no pueden realizarse de un día para el otro;
2. b)El derecho a la petición no tiene un contenido específico; en tal sentido, la mencionada autoridad no se encuentra obligada a responder de acuerdo a lo requerido; empero, si debe responder en tiempo prudente y de manera fundamentada, el motivo por el que se concede lo peticionado o las razones por las que no se puede atender lo impetrado;
3. c)La respuesta a la solicitud no necesariamente debe ser positiva o negativa, pues tal como ocurrió en el caso concreto, la autoridad demandada presentó una respuesta exponiendo que no es posible atender todo lo solicitado por el solicitante de tutela;
4. d)"...es que esta respuesta que hizo llegar el día de hoy, después de diez días no es un tiempo muy largo, pero tampoco es el tiempo en el que se debería emitir la respuesta" (sic); y,
5. e)Para que se considere cumplido el derecho de petición fijado en el art. 24 de la CPE "...la respuesta debió ser entregada antes de la citación con la Acción de Amparo Constitucional. La complejidad, la necesidad de respaldo de los documentos, que tenía que revisar o buscar en los archivos; o los documentos solicitados eran de conocimiento del accionante, no justifican una demora en la respuesta, pues como lo ha hecho en su respuesta de la fecha, tendría que habernos manifestado en el tiempo oportuno, es decir de la forma como está respondidas y así se tenía cumplido el derecho de petición..." (sic).

II.1. Mediante Nota presentada el 18 de noviembre de 2021, dirigida a Asunción Ramos, Alcalde del GAM de San Lorenzo del departamento de Tarija -ahora demandado-; Edwin Barrios Laime, representante legal de la Empresa Unipersonal "B&Z" Proyectos y Construcciones -ahora accionante-, al amparo del art. 24 de la CPE solicitó que por la sección correspondiente se franquee documentación relativa al proyecto: Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo, consistente en:

1. 1)Fotocopias simples y/o legalizadas del proceso de resolución de contrato;
2. 2)Planilla de liquidación final;
3. 3)Toda la documental generada desde mayo de 2017 a diciembre de 2020;
4. 4)Certificación del estado actual del proyecto;
5. 5)Fotocopias simples y/o legalizadas de los trabajos realizados por parte de la entidad posterior a la resolución de contrato;
6. 6)Certificación que acredite si posterior a la resolución de contrato se procedió a la contratación de alguna empresa para la continuidad o conclusión de los trabajos realizados, a tal efecto se pidió se adjunte documental de respaldo; y,
7. 7)Certificación respecto a si el proyecto: Construcción Unidad Educativa Rancho Norte, con CUCE 18-1609-00-896072-1-1 fue licitado, emplazado y ejecutado en el mismo lugar donde se ejecutaba el proyecto: Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo. (fs. 25 a 27).

1. 2.-Se adjunta copia simple de la Planilla de cierre y liquidación final del proyecto Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo.

1. 3.-Al realizarse la resolución de contrato en la gestión 2016, se presume que no se generó ninguna documentación de mayo de 2017 hasta la gestión 2020.

1. 4.-De acuerdo a nota adjunta a la presente con CITE CITE GAM.S.L/DESP./N° 794/2016, el proyecto se encuentra con recisión de contrato.

1. 5.-No existe documentación de respaldo respecto a la ejecución de trabajos realizados unilateralmente por el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.

La empresa accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición debido a que la autoridad demandada no dio una respuesta pronta y oportuna a sus notas presentadas el 18 de noviembre y 1 de diciembre, ambos de 2021; mediante las cuales, solicitó documentación referente al proyecto: Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo, consistentes en:

1. i)Fotocopias simples y/o legalizadas del proceso de resolución de contrato;
2. ii)Planilla de liquidación final;
3. iii)Toda la documental generada desde mayo de 2017 a diciembre de 2020;
4. iv)Certificación del estado actual del proyecto;
5. v)Fotocopias simples y/o legalizadas de los trabajos realizados por parte del GAM de San Lorenzo del departamento de Tarija posterior a la resolución de contrato;
6. vi)Certificación que acredite si posterior a la resolución de contrato se procedió a la contratación de alguna empresa para la continuidad o conclusión de los trabajos realizados, a tal efecto se pidió se adjunte documental de respaldo; y,
7. vii)Certificación respecto a si el proyecto: Construcción Unidad Educativa Rancho Norte, con CUCE 18-1609-00-896072-1-1 fue licitado, emplazado y ejecutado en el mismo lugar donde se ejecutaba el proyecto: Construcción Hospital de Segundo Nivel San Lorenzo.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. b)Análisis del caso concreto.

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. 1)Contenido esencial;
2. 2)Requisitos de procedencia;
3. 3)Legitimación activa;
4. 4)Legitimación pasiva; y,
5. 5)Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:
6. i)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por ley o dentro de un plazo razonable;
7. ii)Formal4; es decir que, la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
8. iii)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
9. iv)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y,
3. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. 1)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. 2)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. 3)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. 4)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...i) La existencia de una petición oral o escrita;

1. ii)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. iii)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una:
3. b.1)Ausencia de respuesta formal;
4. b.2)Falta de respuesta material;
5. b.3)Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
6. c)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito".