Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1032/2026-S3 Sucre, 22 de julio de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular
Expediente: 84054-2026-169-AP Departamento: Pando
En revisión la Resolución 03/2026 de 4 de mayo, cursante de fs. 161 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Jackeline Suárez Reboso, Directora a.i. del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Pando contra Kifer Vinique Chávez, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD); Carlos Jesús Cardenas Rosendo, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública; y, José Antonio Yoamona Ibaguari, Jefe Departamental de Trabajo, todos del departamento de Pando.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de abril de 2026, cursante a fs. 9 a 14 vta., y 18 a 19 vta., la parte accionante expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante la Resolución Administrativa (RA) 32/2025 de 11 de julio, emitida por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Pando, se declaró a nivel departamental alerta sanitaria roja, a raíz de la confirmación del primer caso positivo de sarampión en el municipio de San Lorenzo de dicho departamento, por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa y con alta morbilidad; en dicha resolución se instruyó a los gobiernos autónomos municipales y a los establecimientos de salud el ejecutar, de manera inmediata, sus planes de contingencia, conforme a la Ley de Gestión de Riesgos -Ley 602 de 14 de noviembre de 2014-, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y el Decreto Supremo (DS) 4404 de 28 de noviembre de 2020.
Posteriormente, la referida emergencia sanitaria fue ratificada, declarando además la campaña de vacunación contra el sarampión como prioridad nacional, mediante la Resolución Ministerial 0251 de 24 de junio de 2024 -vigente-, lo que motivó la emisión del Instructivo MSYD/DPCH/IN/46/2026 de 7 de abril, por el cual el Ministerio de Salud y Deportes recordó a todo el personal de los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, así como a los de SEDES y al Seguro a Corto Plazo, la prohibición de suspender o interrumpir los servicios de salud, disponiendo en consecuencia la atención permanente; es decir, las veinticuatro horas del día durante toda la semana, ello con el objeto de poder proteger la salud de la población en su conjunto y defender la certificación de eliminación del sarampión.
Posteriormente, la Federación Sindical Única de Trabajadores en Salud Pública de Pando, conjuntamente la COD del mismo departamento, cuyos dirigentes se encuentran ahora demandados, emitieron la Instructiva 04/2026 de 6 de abril, por la cual se declaró paro indefinido a partir del 7 de igual mes y año, ejecutado por personas afines a dichas organizaciones, quienes tomaron de manera física y violenta las oficinas centrales del SEDES de Pando, provocando la paralización total y absoluta de los servicios públicos de salud; y, como consecuencia de esa ocupación ilegal se suspendieron los servicios de consulta externa, los programas preventivos de vacunación, la atención prenatal, el control del niño sano, la entrega de medicamentos a pacientes crónicos, la vigilancia epidemiológica y la atención de urgencias y emergencias; impidiendo incluso la prestación de los servicios esenciales y de emergencia, que la propia Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública advertía no descuidar, pero la toma física de las oficinas y la referida infraestructura impidió su cometido.
En ese contexto, la paralización indefinida de los servicios de salud vulnera el derecho a la salud, cuya prestación tiene carácter esencial y debe garantizarse de manera continua; al respecto, la SCP "0326/2019-S2", establece que las huelgas en el ámbito de la salud no pueden ser indefinidas, debiendo garantizarse la atención mínima e indispensable, situación que fue incumplida por los ahora demandados, quienes optaron por la paralización absoluta e indefinida, contraviniendo la jurisprudencia y la doctrina constitucional.
Asimismo, la medida de la suspensión de los servicios de salud resulta expresamente prohibida, en especial durante la vigencia de una emergencia sanitaria, conforme lo establecido por el art. 17 del DS 4542 de 14 de julio de 2021, el cual prevé que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA's) adopten medidas sancionatorias y administrativas, poniendo en conocimiento del Ministerio Público la eventual responsabilidad penal por su incumplimiento; aclaró que la emergencia sanitaria fue declarada en el departamento de Pando mediante la RA 32/2025; y, a pesar de ello, permanecía vigente al momento de interposición de la presente acción de defensa.
En consecuencia, debido a la paralización del sistema de salud y el consecuente riesgo para la población por la interrupción de vacunaciones, controles médicos y atenciones de emergencia, se advierte la vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con la salubridad pública, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y saludable, debido a la paralización de las actividades de prevención y vigilancia epidemiológica necesarias para proteger la salud colectiva.
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