1034/2022-S1

La Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021, lesiona el derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación al concluir que:

1. a)El INRA adecuó sus actos conforme a la normativa legal agraria vigente; sin mencionar, cuál sería esa normativa; y,
2. b)Que no sería evidente que se valoró el expediente agrario 42736 del predio "El Yeso", indicando al respecto que de acuerdo al Informe emitido por la Unidad de Titulación cursante a fs. 60 de la carpeta de saneamiento, no habría sido titulado, encontrándose los casilleros de ese expediente en blanco; y en cuanto al predio "El Pajonal", el Informe Técnico Legal de control de calidad interno DDSC-CO I-INF 300/2014 de 5 de marzo, estableció que el mencionado predio, no contaba con el mosaicado referencial del expediente agrario.

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)Dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021 de 15 de enero; y,
2. 2)Que se emita otra resolución correctamente fundamentada.

Gregorio Aro Rasguido y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, presentaron informe escrito de 23 de septiembre de 2021, cursante de fs. 77 a 82 vta., y en el desarrollo de la audiencia a través de sus abogados y apoderados, manifestaron lo siguiente:

1. i)Durante la verificación en campo, se advirtió que el predio "El Pajonal", a nombre de Juan Carlos Cochamanidis Mayser no cuenta con actividad; se encuentra abandonado, también se puede evidenciar la inexistencia de mejoras, el muestrario fotográfico refleja el estado de abandono del predio, asimismo, inexistencia de la Función Económico Social (FES); todo ello respaldado por el Informe Técnico DD-SC-CO-I INF 2177/2014, sobre análisis multitemporal del predio "El Pajonal" de 1996 a 2010, con base a imágenes satelitales LANSAT, donde no se observa actividad antrópica de ninguna naturaleza;
2. ii)De acuerdo a los informes técnicos legales de diagnóstico DDSC-CO-I-INF 1872/2014 de 10 de septiembre; DDSC-CO-I 2176/2014 de 12 de noviembre; y, del Informe Técnico Legal de Control de Calidad Interno DDSC-CO I-INF 300/2014 de 5 de marzo, se acredita que el expediente 42763, relativo al predio denominado "Yeso" no fue titulado, siendo el mismo inexistente, por lo que no puede constituirse en antecedente agrario dentro del presente caso, como afirma la parte accionante;
3. iii)El argumento del demandante de tutela tiene relación con la presunta omisión de consideración del referido expediente 42736, del cual aduce tener derecho propietario; sin embargo, un antecedente agrario por sí solo no otorga derecho propietario, al menos en lo que respecta de una propiedad agraria;
4. iv)Como se puede advertir, el ahora solicitante de tutela no cumplió con ninguno de los presupuestos para adquirir la posesión, toda vez que hace referencia a un expediente agrario inexistente, que no puede generar ningún efecto jurídico; además, el predio sobre el que se ejecutó el saneamiento pertenece a otra persona, quien tampoco demostró el cumplimiento de la FES; asimismo en el presente caso precluyeron todas las etapas administrativas en las que pudo el antes nombrado, hacer prevalecer sus pretensiones;
5. v)El fallo emitido -ahora objeto de impugnación- no lesionó de ninguna manera el derecho del accionante al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, los fundamentos expuestos son suficientes, al contener una explicación clara y concreta de la adecuación de los actos ejercidos por la entidad administrativa y las normas agrarias, por lo que son acordes a la Constitución Política del Estado y a las normas que conforman el bloque de constitucionalidad;
6. vi)Con relación a la omisión valorativa, el peticionante de tutela no cumplió con los presupuestos exigibles a objeto de que un juez o tribunal de garantías constitucionales ingrese a la revisión de la valoración de la prueba; no obstante, el Informe Legal aludido por el accionante fue emitido el 31 de enero de 2018, y conforme se tiene de antecedentes fue elaborado tres años después de la conclusión del proceso de saneamiento ejecutado al interior del predio "Pajonal", consecuentemente, no puede ser valorado, toda vez que no formó parte del proceso de saneamiento del indicado predio, el otorgarle valor probatorio, implicaría desvirtuar la naturaleza del proceso contencioso administrativo, toda vez que en esa instancia no es posible valorar documentación que no haya sido presentada durante el proceso de saneamiento; y,
7. vii)Finalmente, el impetrante de tutela no demostró de ninguna manera que las presuntas lesiones de sus derechos modificarían el resultado emergente de la sustanciación del proceso contencioso administrativo, toda vez que ellas se encontrarían sustentadas en la falta de motivación y fundamentación relacionadas con la omisión de consideración de un Informe Legal emitido con posterioridad a la conclusión del proceso de saneamiento desarrollado al interior del predio "El Pajonal", así como la consideración de un expediente agrario, que conforme a antecedentes es inexistente, por lo que carece de valor probatorio; en tal circunstancia, el argumento central resulta irrelevante.

Elvira Lucía Achu Quispe, Directora General de Asuntos Jurídicos, Luz Marina Ortiz Villarroel, Pablo David Llusco Condori, Wilson Arancibia Barrientos, Lucy Daysi Vargas Loza, Carla Massiel Ríos Barrón, Oscar Wildeer Ríos Ríos y María Roxana Encinas Castedo, profesionales jurídicos, todos en representación del INRA, como terceros interesados, presentaron informe escrito de 7 de octubre de 2021, cursante de fs. 296 a 300, señalaron lo siguiente:

1. a)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021, pronunciada por los Magistrados demandados, cumple con la motivación y fundamentación como elemento del debido proceso con relación al expediente 4236 relativo al predio "El Yeso", la cual contiene una explicación clara y concreta de los hechos relevados durante el proceso de saneamiento, donde se aplicó de manera correcta la normativa legal en materia agraria;
2. b)En cuanto a la denuncia de valoración objetiva de la prueba, el accionante afirma que no se valoró el Informe Legal JRLL-SCE-INF SAN 52/2018 de 31 de enero, que hace referencia a la documentación de posesión; al respecto, de la revisión del proceso de saneamiento del predio PAJONAL, en el informe en conclusiones se estableció que no existe cumplimiento de la función social o económico social, como se evidencia de la ficha catastral; asimismo, cursa acta de abandono del indicado predio, en la que se consigna que no existe ningún tipo de actividad ganadera ni agrícola, situación que puede ser corroborada por el Informe Técnico DDSC-CO-I-INF 2177/2014 de 12 de noviembre, referente al análisis multitemporal. Asimismo, el informe aludido por la parte demandante de tutela, fue emitido el 31 de enero de 2018, después de tres años del proceso de saneamiento; por lo que no puede ser valorado por los Magistrados demandados ya que no formó parte del indicado proceso; y,
3. c)En el desarrollo de la audiencia, además manifestaron que el solicitante de tutela no participó durante el proceso de saneamiento; pese a que el INRA notificó y dio publicidad a ese proceso.

Maria Dely Atiare Salazar, Directora Departamental de Santa Cruz de la Procuraduría General del Estado, como tercer interesado, presento informe de 17 de noviembre de 2021, cursante a fs. 634 y vta., y en el desarrollo de la audiencia por medio de la Asesora Legal de dicha entidad pública, manifestó lo siguiente;

1. 1)Sobre la acción de amparo constitucional con la que fue notificada, no corresponde a esa entidad su intervención dentro de la presente acción tutelar, debido a que la misma emerge de un proceso contencioso administrativo, en el que no se cuenta con una cuantía establecida que afecte al Estado; y,
2. 2)En audiencia indicó que en el proceso de saneamiento fueron valoradas todas las pruebas, se cumplió con todas las normativas agrarias, se demostró que el predio objeto de la acción de amparo constitucional no cumplió la FES, por lo que las autoridades demandadas no vulneraron el derecho al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación del peticionante de tutela.

El Juez Público Mixto de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 4/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 672 vta. a 674 vta., denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Se concluye que el INRA cumplió con todas las etapas de saneamiento del referido predio, así como también se concluye que se cumplieron con los requisitos que exige la ley para tal efecto; y,
2. ii)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021 de 15 de enero, al confirmar la referida resolución administrativa emitida por el INRA, se advierte que dicha resolución jurisdiccional fue dictada dentro del marco del debido proceso, además de constatarse que en el referido predio no existe alambrado, ni ganado, noria, corral, tanque de agua, o algo que permita establecer que en este se cumplía la FES; extremo ratificado por la Procuraduría General del Estado; por tal motivo se concluye que lo alegado por el impetrante de tutela resulta ser falso, correspondiendo mantener firme la sentencia impugnada.

El peticionante de tutela, considera lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de motivación, fundamentación, de ausencia de valoración probatoria y de objetividad de la misma; toda vez que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados- pronunciaron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021 de 15 de enero, declarando improbada su demanda contenciosa administrativa, interpuesta contra la Resolución Administrativa RA-SS 2405/2015 de 21 de octubre;

1. a)Afirmando que el INRA adecuó sus actos conforme a la normativa legal vigente; sin indicar cuál sería la norma vigente;
2. b)Manifestaron falsamente que se hubiese valorado el expediente agrario 42736 correspondiente al predio "EL YESO";
3. c)Omitieron valorar la prueba presentada en la demanda en el marco del art. 309 del DS 29215 consistente en el Informe legal JRLL SCE-INF SAN 52/2018 de 31 de enero el cual refiere a su posesión; y,
4. d)Sustentaron su fallo en las actas de conformidad de linderos cuando ellas, en su mayoría se encuentran firmadas solo por el "Control Social", cuando su competencia se limitaría a lo dispuesto por el art. 5 núm. 1 de la Ley de Participación y Control Social -Ley 341 de 5 de febrero de 2013-; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:
5. 1)Dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2º 002/2021 de 15 de enero; y,
6. 2)Que se emita otra resolución correctamente fundamentada.

En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollaran los siguientes temas:

1. i)De la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso;
2. ii)Sobre las funciones del Control Social dentro del proceso de saneamiento de tierras; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
6. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
7. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
8. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
9. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.
10. a)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.