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TCP

1035/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de junio de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1035/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1035/2026-S2 Sucre, 19 de junio de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 76891-2025-154-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 106/2025 de 29 de mayo, cursante de fs. 89 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bertha Quispe Figueredo de Herrera contra María Cristina Díaz Sosa, Carlos Alberto Egüez Añez, entonces Magistrados; y, Germán Saúl Pardo Uribe, Magistrado; todos de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2025, cursante a fs. 1 y 29 a 37 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó funciones como "Peón" en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 31 de marzo de 2023, de manera continua e ininterrumpida; más adelante, tras la conclusión de la relación laboral con dicha entidad edil, promovió un proceso laboral de cobro de beneficios sociales, dentro del cual se emitió la Sentencia "547/2024 de 21 de octubre" -lo correcto y en adelante es 017/2024 de 26 de abril-, que declaró improbada la demanda.

Contra dicha determinación interpuso recurso de apelación, dando lugar al Auto de Vista 100/2024 de 19 de julio; mediante el cual, el Tribunal de alzada confirmó la referida Sentencia; posteriormente, formuló recurso de casación, que fue resuelto mediante el , por María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, quienes declararon infundado dicho recurso, bajo el argumento de que su ingreso a la fuente laboral fue en la gestión 2001; es decir, con posterioridad a la vigencia de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y de la Ley de Municipalidades; por lo cual, se determinó que no le correspondían los derechos y beneficios sociales.

Sin embargo, los indicados Magistrados no consideraron que su ingreso al GAM de Oruro sí se produjo con anterioridad a la normativa señalada precedentemente; razón por la cual, su relación laboral se encontraba regida por la Ley General del Trabajo, conforme establece la Resolución Ministerial (RM) 249/07 de 5 de junio de 2007; además, al ejercer un cargo de servicios manuales, también estaba amparada por la ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo.

Asimismo, los Magistrados demandados soslayaron los diversos Autos Supremos emitidos por el propio Tribunal Supremo de Justicia, en los que se reconoció que los trabajadores contratados bajo la modalidad de "Avance de Obras", como en su caso, se encontraban sujetos al régimen de la Ley General del Trabajo; incurriendo, de ese modo, en una incongruencia con su propia línea jurisprudencial; máxime, cuando por mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), están obligados a interpretar y aplicar la normativa laboral conforme a los principios de protección a los trabajadores.

I.1.2. Garantía y principios supuestamente vulnerados

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