1036/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1036/2019-S1 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29280-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 07/2019 de 3 de abril, cursante de fs. 141 a 144 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adrián Erlin Pedraza Méndez contra Jessica Paola Saravia Atristain, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de febrero y 18 de marzo, ambos de 2019, cursantes de fs. 56 a 61 y 104 a 105 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de junio de 2017, la AJ intervino un lugar de juegos ilegal, ubicado en la calle Ichilo 270, esquina Buenos Aires de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emergente de ello, la aludida institución emitió el Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00067-17 de 24 de agosto de 2017, por el cual, se le inició un proceso administrativo, por instalar, utilizar y desarrollar actividades de juego de azar, sin la autorización y licencia respectiva; empero, no se le dio noticia del mismo, toda vez que, el domicilio donde se realizaron las notificaciones, se encontraba inhabitable por estar precintado debido a la indicada intervención efectuada.

Posteriormente, dentro del aludido proceso administrativo, en respuesta a la Nota CITE: AJ/DE/DNJ/DGJ/NOT/382/2017 -no refiere fecha- emitida por la AJ, el Servicio de Registro Cívico (SERECI) Nacional mediante certificación signada como SERECI-DN-CERT- 114096-20-14061/2017 de 22 de agosto, informó que su domicilio registrado se encuentra "en la localidad de San Miguel, calle Juan Manuel Dorado s/n esquina José C. Dorado" (sic).

El 10 de noviembre de 2017, la AJ pronunció Resolución Sancionatoria 10-00085-17, por la cual se estableció "la existencia de una infracción grave en la conducta (...) del señor Adrián Erlin Pedraza Méndez..." (sic), sancionándolo con la imposición de una multa de UFV's 275.000.- (doscientas setenta y cinco mil unidades de fomento a la vivienda); en ese sentido, el 17 de similar mes y año, se le notificó con la citada Resolución Sancionatoria en el inmueble intervenido ubicado en calle Ichilo 270, esquina Buenos Aires de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra -mismo que a esa fecha se encontraba inhabitable y precintado-, pese a que la AJ conocía un domicilio diferente de acuerdo al certificado del SERECI Nacional; por ello, el 1 de diciembre del referido año, el representante legal del propietario del inmueble intervenido, al ver que cada vez se pegaba en el inmueble precintado cédulas dirigidas a su persona, devolvió la notificación con la Resolución Sancionatoria 10-00085-17 a la mencionada institución, poniendo en conocimiento que su persona, ya no vivía en ese domicilio.

El 8 de diciembre de 2017, la AJ emitió el proveído 12-00500-17, por el que confirmaron que se siguiera notificando en ese domicilio, con todas las actuaciones correspondientes; a tal efecto, habiendo pronunciado el Auto de Firmeza Administrativa 27-00019-18 de 28 de febrero de 2018 en su contra, se le notificó en el domicilio intervenido que se encontraba inhabitable y precintado por dicha entidad.

A través de memorial de 4 de septiembre de 2018, creyendo aun que el proceso era fruto de error, recurrió ante la aludida institución, solicitando nulidad de obrados y planteando recurso de revocatoria, en consecuencia, el 11 del mismo mes y año, la AJ emitió proveído 12-00490-18 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto; y, el 18 de ese mes y año, se le notificó con dicho proveído en el mismo inmueble ubicado en la calle Ichilo 270, esquina Buenos Aires de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que continuaba inhabitable y precintado; ante ello, el 2 de octubre del citado año, presentó recurso jerárquico, que mereció proveído 12-00547-18 de 9 de igual mes y año, rechazando su recurso, el cual le fue notificado el 16 del mismo mes y año, fecha en que comienza a correr el término constitucional de seis meses, para la interposición de la acción tutelar.